Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La economía popular sostiene buena parte del día a día del país, pero el crédito que debería impulsarla sigue encallado en el mismo problema de siempre: es demasiado costoso para los bancos y demasiado inaccesible para los negocios pequeños.
A poco de que la discusión del salario mínimo sea deliberado por el Gobierno, gremios y sindicatos, el ingreso adicional es apenas la punta del iceberg de unas finanzas del hogar ahogadas en la inflación y sin crédito a la mano.
Allí, justamente, uno de sus motores más visibles —las panaderías, los talleres, los salones de belleza, las microempresas que crean barrio— sigue dependiendo del rebusque porque el crédito formal no llega.
La cifra es casi simbólica del rezago: el microcrédito apenas representa el 2,9 % de toda la cartera del sistema financiero. Y lo poco que existe viene amarrado a tasas que asustan. En noviembre, la tasa efectiva anual para el microcrédito urbano productivo llegó a 59,18 %, un nivel que para cualquier negocio pequeño es prácticamente prohibitivo.
La Superintendencia Financiera explica que los “altos costos de generación del crédito” hacen que prestarles a los más pequeños, con esquemas tradicionales, sea casi imposible.
Para el gremio del sector, Asobancaria, originar un microcrédito tiene un costo fijo promedio de COP 1,1 millones, “con diferencias entre tipos de operador”. El variable, si es el caso, tiene un promedio de 14,2 % sobre el valor del crédito.
Es decir, para un crédito de un salario mínimo, ese costo equivale al 100 % del monto prestado. Literalmente, cuesta lo mismo estudiarlo que desembolsarlo.
Esa estructura es incompatible con un mercado donde el ticket promedio de la economía popular ronda los COP 5,6 millones.
Por eso los bancos no profundizan y el sector queda atrapado entre tasas altas y procesos lentos. Y mientras el Gobierno empuja desembolsos mediante el Pacto por el Crédito, que a septiembre mostraba un avance del 60,8 % en el segmento popular —el más rezagado, con una brecha de 25 puntos porcentuales frente a vivienda e infraestructura—, la realidad es que el volumen no alcanza y los costos siguen siendo una barrera.
Las fintech entran donde el sistema tradicional no puede
En este vacío surgió una alternativa tecnológica que intenta cambiar reglas: modelos como el BNPL (compra ahora, pague después) para negocios, impulsado por fintechs como Platam, en que su lógica es distinta. En vez de evaluar a cada microempresa una por una, construyen perfiles de riesgo con datos transaccionales: las compras del negocio, sus pagos, sus flujos reales.
Ese cambio permite algo que la banca tradicional no podía costear: automatizar el análisis.
Si el meollo está en el alto costo operativo, y de repente comienza a caer, entonces los montos pequeños dejan de ser un mal negocio.
La modernización del microcrédito no es un tema estético. Es una urgencia. Y más en un país en que la informalidad alcanza el 55 %, es decir, más de una de cada dos personas tiene ingresos variables, y probablemente no paga ni salud ni pensión. Según el DANE, en 2024 hubo más de 507.266 de micronegocios de vendedores ambulantes, ¿cuántos por fuera del crédito formal, pero moviendo la economía?
Así, el acceso a crédito no es un bonus, sino un camino para que los créditos pequeños existan sin quebrar a quien los presta, que fluya la economía en los microempresarios y hogares. Una inclusión financiera que sale del papel.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
