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Por diversas razones, entre ellas el llamado a la necesidad de que el Gobierno se mida en sus gastos, el Congreso no aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) propuesto para 2025; el cual, según lo explicado por el Ministerio de Hacienda, se encontraba desfinanciado en $12 billones.
El plan del Gobierno era que le aprobaran ese presupuesto, mientras que el restante se recaudaría mediante una reforma tributaria (a la que denominó como ‘ley de financiamiento’). Finalmente ni lo uno ni lo otro fue aprobado por el legislativo, razón por la que el ejecutivo tuvo que decretar el presupuesto, por $511 billones (que fue lo que presentó al Congreso).
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Ante el mencionado déficit, el Gobierno se vio en la obligación de hacer ajustes en su plan de gasto, y es aquí cuando hablamos del decreto de aplazamiento, que no es otra cosa dejar algunas cosas para después.
Un análisis realizado por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana revela que la inversión es el rubro que más se vio castigado por esta medida.
Con base en lo descrito en el Decreto 0069 del 25 de enero del presente año, el aplazamiento en gastos de funcionamiento se cuenta en $7,6 billones, mientras que esta maniobra en inversión implicó $4,4 billones. La participación de cada una fue del 63 % y el 37 %, respectivamente.
Aunque pareciera que el grueso de los esfuerzos se fue en los gastos de funcionamiento, si se comparan las cifras de cada una con las consolidadas en 2024, se evidencia que estos aplazamientos implicaron una reducción del 2 % en funcionamiento y del 5 % en gasto.
Por sectores, el aplazamiento significó los siguientes recursos:
Hacienda: $3,8 billones (32 %)
Trabajo: $2,8 billones (24 %)
Transporte: $1,5 billones (13 %)
Defensa y Policía: $0,9 billones (8 %)
Igualdad y equidad: $0,7 billones (6 %)
Otros sectores: $2,1 billones (18 %)
“El top 10 de las entidades con mayores recursos aplazados fueron la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte se aplaza en 100%, seguido el Consejo Nacional Electoral (CNE) con 56%, el Ministerio de Igualdad y Equidad con 52%, el Ministerio del Interior con 21%, la Dirección Nacional del Derecho de Autor con 21%, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia con 20%, la Unidad de Información y Análisis Financiero con 20%, el Instituto Caro y Cuervo con 17%, el Ministerio de Transporte con 16% y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con 13%”, explicó el observatorio.
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A diferencia de los gastos de funcionamiento, los de inversión se caracterizan porque sus retornos se dan en el futuro, una vez concluyan los proyectos para los que fueron destinados, los cuales suelen ser para la productividad económica o la creación de la infraestructura social.
“Los aplazamientos en el rubro de inversión ponen en riesgo la ejecución de proyectos para la creación, mejora y mantenimiento de infraestructuras y servicios públicos esenciales como colegios, hospitales, carreteras, sistemas de transporte, etc. En específico, el decreto de aplazamiento afecta a entidades como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte que tienen a su cargo la cofinanciación de proyectos de infraestructura claves en distintas regiones del país como el de la construcción del Metro ligero de la 80 en Medellín, la construcción de la troncal de Transmilenio de la Calle 13 y la Primera Línea del Metro en Bogotá, implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) en Armenia, Neiva e Ibagué, el mejoramiento y mantenimiento de varias carreteras en todo el territorio nacional, entre otros proyectos con el potencial de generar un impacto socioeconómico positivo en el mediano y largo plazo creando empleos, aumentando la competitividad de la economía, fomentando el desarrollo económico y redistribuyendo el ingreso”, puntualizó el observatorio.
Todo este panorama es clave para entender los desafíos fiscales que enfrentará este año Colombia. Según el observatorio, al déficit de los $12 billones se le pueden sumar otros $19 billones, por lo que también se pone en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal, la cual dependerá altamente de la reducción del gasto y la realización de los ajustes fiscales adicionales que sean necesarios.
“En este escenario, el presupuesto de inversión se podría seguir viendo afectado dado que, por las inflexibilidades del gasto de funcionamiento y deuda, el Ejecutivo sólo tiene margen de discrecionalidad para hacer recortes en este rubro. Desde el Observatorio Fiscal consideramos que en el corto plazo se debería racionalizar el incremento en los gastos de funcionamiento y en el mediano plazo es necesaria una reforma a la estructura del gasto público en el país que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas”, concluyó.
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