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La reforma pensional comenzó en forma su debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes este martes, con la aprobación del primer bloque de 37 artículos. Este es el tercero de cuatro debates que debe superar la iniciativa para ser ley.
En medio de la carrera contra el tiempo en la que está inmersa el Gobierno para lograr la aprobación del proyecto, este martes se conoció una carta del Banco de la República en la que expone una serie de consideraciones sobre su rol como administrador del fondo de ahorro pensional que fue incluido en el texto de la reforma a su paso por el Senado.
Primero, un contexto rápido sobre qué es el fondo de ahorro.
Este es un nuevo fondo que crea la iniciativa para ahorrar e invertir parte de las cotizaciones que entran a Colpensiones. Es importante para garantizar la sostenibilidad a largo plazo y, según lo aprobado en el Senado, estará en manos del Banco de la República.
El fondo contará con un comité directivo conformado por el ministro de Hacienda, el ministro de Trabajo, el director del Departamento Nacional de Planeación, cuatro expertos seleccionados por la junta directiva del Banco de la República (cada uno tendrá un periodo de cinco años y podrá ser reelegido una vez) y por el presidente de Colpensiones que tendrá voz, pero no voto. El comité se encargará de aprobar, entre otras cosas, la política de administración de los recursos.
Y por este lado llegamos a las dudas que la reforma le genera al Banco en lo que concierne al fondo y su papel en éste.
Por ejemplo, a la entidad no le convence que pueda elegir miembros que dirigirán el fondo: “Consideramos inadecuado, en ese contexto, que el nombramiento de algunos miembros del Consejo Directivo quede en cabeza de la Junta Directiva de Banco de la República”, se lee en la comunicación, que fue dirigida a representante ponente, Martha Alfonso Jurado, y está firmada por el gerente del emisor, Leonardo Villar.
El Banco también asegura que los mecanismos de operación del fondo de ahorro en términos de financiamiento, desacumulación y gasto deben quedar consignados en la ley y no estar sometidos al reglamento del fondo. “Es necesario que los principios generales a los que se sometan estas operaciones queden establecidos en la ley y que se aclare que los órganos de administración del Fondo deben buscar generar rendimientos basados solamente en consideraciones económicas y financieras”.
De fondo, a la entidad le preocupa que, más que un administrador de medio, termine siendo uno de resultado. A su vez, también pide que quede consignado en la ley que el mandato constitucional que tiene el Banco sobre el manejo de política monetaria es superior a sus funciones como administrador del fondo, toda vez que éstas pueden terminar por afectar al propio fondo de ahorro.
Una de las dudas más importantes que eleva el Banco en su carta gira alrededor de los criterios para desacumular el fondo para que, en pocas palabras, no termine siendo caja menor de los gobiernos. “Si bien el artículo 11 del PL (proyecto de ley) señala que los aportes y cotizaciones no pueden usarse para financiar planes del Gobierno, no existe una disposición que señale de manera clara que los recursos del Fondo (los cuales no son equivalentes a los recursos de las cotizaciones) no pueden usarse para financiar gastos de funcionamiento o inversión, para financiar planes de gobierno o para el servicio de la deuda. Así mismo, debe señalarse que con cargo a los recursos del Fondo no pueden hacerse préstamos directos o suscribir emisiones de mercado primario”, se lee en la comunicación del banco central.
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