Lo que el 4x1.000 nos dice sobre los impuestos en Colombia

El origen del impuesto del 4x1.000 se remonta al año de 1998 cuando, en medio de la crisis de finales del siglo XX que sacudió a la economía colombiana, el gobierno sacó un decreto con el objetivo concreto de mantener la estabilidad y la solvencia del sistema financiero.

En palabras sencillas, se trataba de un decreto que le dio oxígeno a un sistema financiero en crisis, que había crecido de manera desordenada ante las medidas de desregulación financiera y escenarios de liberalización de cuenta de capital que se dieron en el marco de la apertura económica de los años 90 en Colombia. Como en otros casos recientes alrededor del planeta, en los buenos tiempos se privatizan las ganancias, pero ante una crisis financiera se socializan las pérdidas. Y en principio el espíritu de este impuesto era salvar a todos los bancos, tanto públicos como privados.

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Sin embargo, la Corte Constitucional en 1999 trató de limitar los recursos de los impuestos decretados en el marco de la emergencia económica a la banca pública, las cooperativas y los usuarios del sistema UPAC. Pero años después muchos de los bancos públicos serían privatizados y los jugadores financieros más poderosos al final terminarían absorbiendo en las compras parte de las ayudas públicas.

No es un secreto que muchas de las políticas públicas en las últimas dos décadas han sido muy favorables para el sector financiero, pero no tanto para sus usuarios, y en un principio el 4x1.000 materializó esta constante en la economía colombiana: un país trabajando para los bancos en los buenos y malos tiempos.

En la llegada del nuevo siglo ese impuesto, que había sido decretado de manera temporal, tomó una naturaleza permanente y en el año 2000 se convirtió en un impuesto de 2x1.000, que en los años siguientes se incrementaría a 3x1.000 para volver a ser nuevamente el 4x1.000.

Con el tiempo, el impuesto que debía darles estabilidad a los bancos pasó a tener otros objetivos dentro de la chequera de las finanzas públicas. Si bien es cierto existe la posibilidad de tener una cuenta exenta de este tributo, muchos colombianos, por diferentes razones ajenas a su nivel de ingreso o riqueza, tienen más de una cuenta y es allí donde muchas veces se paga el 4x1.000.

Curiosamente lo que fue bueno para los bancos en un momento hoy no lo es tanto, pues en la perspectiva estándar de la inclusión financiera este tipo de tributos son un obstáculo para aumentar este indicador. Aquí también habría que preguntarse en qué medida los altos márgenes de intermediación en el país respecto a la región le ponen piedras a una inclusión financiera mucho mas justa.

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Con este contexto en mente, la reciente propuesta de la representante Katherine Miranda puede ser tanto buena para los usuarios, como incluso para los bancos en su perspectiva estándar de inclusión. Sin embargo, lo que para muchos ciudadanos de a pie es un alivio, para muchas empresas y personas de altos ingresos puede ser un beneficio significativo.

Es en este punto entonces en el que los impuestos no deben perder su función distributiva y por lo tanto si el desmonte se da sin que se apruebe la propuesta complementaria de la representante de crear un impuesto a ingresos de más de $10 millones, lo que puede crearse al final es una iniciativa que es regresiva y mucho mejor para los de más ingresos (incluyendo los bancos) que para los de menos.

También hay que decir que algunas propuestas complementarias podrían ir de la mano de un impuesto del 4x1.000 para transacciones por encima de los montos que un ciudadano promedio maneja en sus finanzas.

Ya sabemos que el Gobierno ofreció un concepto negativo a este proyecto de ley, a pesar de que ya pasó la primera ronda de debates en la Cámara de Representantes. Y corre el riesgo casi seguro de ser hundido por la bancada del Gobierno ante las preocupaciones por el déficit fiscal en el Ejecutivo.

A pesar de esto es importante insistir en propuestas que repiensen la naturaleza progresiva de los impuestos y el Gobierno no se puede quedar eternamente en que la prioridad de los impuestos es tapar huecos fiscales, olvidando su naturaleza distributiva.

Este cambio en la aproximación a las finanzas públicas se hace urgente aún más en tiempos en los que se piensa en tasas globales a las ganancias corporativas y en que los millonarios del mundo entienden que altos niveles de desigualdad son perjudiciales para el mismo capitalismo.

La propuesta de la representante está en la línea correcta, pero, si sobrevive, habrá que tener cuidado para que en una posible conciliación el proyecto no termine perdiendo su parte progresiva y, una vez más, favorezca a las élites.

* Profesor asociado, Universidad Nacional de Colombia.

El origen del impuesto del 4x1.000 se remonta al año de 1998 cuando, en medio de la crisis de finales del siglo XX que sacudió a la economía colombiana, el gobierno sacó un decreto con el objetivo concreto de mantener la estabilidad y la solvencia del sistema financiero.

En palabras sencillas, se trataba de un decreto que le dio oxígeno a un sistema financiero en crisis, que había crecido de manera desordenada ante las medidas de desregulación financiera y escenarios de liberalización de cuenta de capital que se dieron en el marco de la apertura económica de los años 90 en Colombia. Como en otros casos recientes alrededor del planeta, en los buenos tiempos se privatizan las ganancias, pero ante una crisis financiera se socializan las pérdidas. Y en principio el espíritu de este impuesto era salvar a todos los bancos, tanto públicos como privados.

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Sin embargo, la Corte Constitucional en 1999 trató de limitar los recursos de los impuestos decretados en el marco de la emergencia económica a la banca pública, las cooperativas y los usuarios del sistema UPAC. Pero años después muchos de los bancos públicos serían privatizados y los jugadores financieros más poderosos al final terminarían absorbiendo en las compras parte de las ayudas públicas.

No es un secreto que muchas de las políticas públicas en las últimas dos décadas han sido muy favorables para el sector financiero, pero no tanto para sus usuarios, y en un principio el 4x1.000 materializó esta constante en la economía colombiana: un país trabajando para los bancos en los buenos y malos tiempos.

En la llegada del nuevo siglo ese impuesto, que había sido decretado de manera temporal, tomó una naturaleza permanente y en el año 2000 se convirtió en un impuesto de 2x1.000, que en los años siguientes se incrementaría a 3x1.000 para volver a ser nuevamente el 4x1.000.

Con el tiempo, el impuesto que debía darles estabilidad a los bancos pasó a tener otros objetivos dentro de la chequera de las finanzas públicas. Si bien es cierto existe la posibilidad de tener una cuenta exenta de este tributo, muchos colombianos, por diferentes razones ajenas a su nivel de ingreso o riqueza, tienen más de una cuenta y es allí donde muchas veces se paga el 4x1.000.

Curiosamente lo que fue bueno para los bancos en un momento hoy no lo es tanto, pues en la perspectiva estándar de la inclusión financiera este tipo de tributos son un obstáculo para aumentar este indicador. Aquí también habría que preguntarse en qué medida los altos márgenes de intermediación en el país respecto a la región le ponen piedras a una inclusión financiera mucho mas justa.

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Con este contexto en mente, la reciente propuesta de la representante Katherine Miranda puede ser tanto buena para los usuarios, como incluso para los bancos en su perspectiva estándar de inclusión. Sin embargo, lo que para muchos ciudadanos de a pie es un alivio, para muchas empresas y personas de altos ingresos puede ser un beneficio significativo.

Es en este punto entonces en el que los impuestos no deben perder su función distributiva y por lo tanto si el desmonte se da sin que se apruebe la propuesta complementaria de la representante de crear un impuesto a ingresos de más de $10 millones, lo que puede crearse al final es una iniciativa que es regresiva y mucho mejor para los de más ingresos (incluyendo los bancos) que para los de menos.

También hay que decir que algunas propuestas complementarias podrían ir de la mano de un impuesto del 4x1.000 para transacciones por encima de los montos que un ciudadano promedio maneja en sus finanzas.

Ya sabemos que el Gobierno ofreció un concepto negativo a este proyecto de ley, a pesar de que ya pasó la primera ronda de debates en la Cámara de Representantes. Y corre el riesgo casi seguro de ser hundido por la bancada del Gobierno ante las preocupaciones por el déficit fiscal en el Ejecutivo.

A pesar de esto es importante insistir en propuestas que repiensen la naturaleza progresiva de los impuestos y el Gobierno no se puede quedar eternamente en que la prioridad de los impuestos es tapar huecos fiscales, olvidando su naturaleza distributiva.

Este cambio en la aproximación a las finanzas públicas se hace urgente aún más en tiempos en los que se piensa en tasas globales a las ganancias corporativas y en que los millonarios del mundo entienden que altos niveles de desigualdad son perjudiciales para el mismo capitalismo.

La propuesta de la representante está en la línea correcta, pero, si sobrevive, habrá que tener cuidado para que en una posible conciliación el proyecto no termine perdiendo su parte progresiva y, una vez más, favorezca a las élites.

* Profesor asociado, Universidad Nacional de Colombia.