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Este lunes, el Gobierno Nacional se opuso al proyecto de ley que buscaba eliminar el 4 x 1000, un impuesto que cobra $4 por cada $1.000 que pasen por una transacción bancaria en Colombia.
La propuesta de la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, no quita este gravamen de inmediato, sino que lo va reduciendo de forma proporcional en un periodo de 4 años. Esto quiere decir: 3x1.000, 2x1.000, 1x1.000 y hasta que no se tenga más este tributo en 2026.
En un documento dirigido al Congreso de la República y firmado por el viceministro técnico de Hacienda, Jesús Bejarano, el Gobierno indicó que dicho desmonte tendría un impacto fiscal negativo que se iría materializando gradualmente en el transcurso del tiempo, pues no hay fuentes suficientes que compensen la pérdida estimada de recaudo asociada a la eliminación de este impuesto.
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La cartera de Hacienda estima que la eliminación gradual del gravamen desde el 2023 tiene un impacto fiscal anual cercano a $7,4 billones (0,7% del PIB). “También se presentaría un leve incremento en el recaudo del impuesto de renta, en la medida en la que los contribuyentes dejarían de tener deducciones correspondientes al 50 % del pago de este impuesto”, dice el documento.
El Gobierno también destacó que el escenario fiscal del país derivado de la Ley de Inversión Social no contempla reformas tributarias adicionales en esta legislatura y agregó que el 4x1000 se ha mantenido desde 1998 “debido a las dificultades existentes para sustituirlo por otra fuente de ingresos permanente”.
Este ha sido un impuesto que desde su origen ha sido bastante polémico, debido a que en un principio fue destinado para el rescate de las instituciones financieras, que en el gobierno Pastrana vivieron una de sus crisis más graves.
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Aunque ya no se destina este dinero para salvar a los bancos y otras instituciones, el impuesto sigue siendo muy criticado, debido a que comenzó como un gravamen temporal, pero se sigue cobrando a pesar de que fue instaurado hace más de 20 años. Además, comenzó como 2x1000 y paulatinamente ha aumentado hasta llegar a hoy, 4x1000.
En su momento, la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios recomendó eliminar el impuesto a los movimientos financieros, al considerarlo “altamente distorsionante”. Vale la pena recordar que este grupo fue creado para generar recomendaciones de cara a una reforma del panorama tributario en Colombia. Muchas de sus recomendaciones no fueron acogidas.
El grupo de expertos consideró que, de no eliminarse este impuesto, debería convertirse en un tributo que afectara sólo a los retiros en efectivo.
Impuesto a los altos salarios
La cartera de Hacienda también se refirió a los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la iniciativa, que buscan la creación de un impuesto a los salarios altos. Señaló que imponer un gravamen a las personas naturales con ingresos mensuales superiores a $25 millones, con tarifas escalonadas entre 1 y 5%, generaría un recaudo promedio de $1,4 billones por año.
Según el Gobierno, otras propuestas similares (como el Impuesto Solidario) fueron descartadas porque desconocían la prohibición de desmejorar o alterar las condiciones salariales y pensionales de los obligados a pagar este tributo.
“La propuesta de impuesto a los altos salarios enfrenta el riesgo de inconstitucionalidad por no superar el juicio de no contradicción específica, el juicio de no discriminación y el presupuesto de motivación suficiente, lo que profundizaría aún más la sostenibilidad fiscal de la finanzas nacionales, pues el país se enfrentaría a un escenario sin el gravamen a los movimientos financieros y el impuesto propuesto”, dice la misiva.
Una de las consignas de la Ley de Inversión Social en las que se logró el consenso fue la expansión del gasto social sin elevar la carga tributaria de las personas naturales del país.