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La cuenta regresiva ya empezó para el Congreso y esta vez no gira alrededor de una reforma política o una tributaria.
Siete gremios del comercio exterior y la logística le pidieron al Legislativo acelerar el trámite del nuevo régimen sancionatorio aduanero antes del 20 de junio. Ese día vence el plazo que fijó la Corte Constitucional para que Colombia tenga una nueva ley que regule sanciones, decomisos y procedimientos aduaneros.
Si no ocurre, el país podría entrar en un vacío jurídico que congelaría buena parte de las herramientas de control de la DIAN, y dejaría cerca de COP 7 billones en vilo.
“Estamos ante una verdadera carrera contra el tiempo. Si el Congreso no acelera este trámite, las consecuencias jurídicas y fiscales para el país serían muy graves”, afirmó Javier Díaz Molina, presidente de Analdex.
La advertencia fue enviada por Analdex, Alaico, Asonav, Cladec, Fenalco, Fitac e ICDT a las presidencias del Senado y la Cámara. Los gremios pidieron que el proyecto sea priorizado en plenaria desde los primeros días de junio para alcanzar a completar conciliación y sanción presidencial.
El problema nació en la Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional. Allí el alto tribunal concluyó que el régimen sancionatorio aduanero no podía seguir regulándose mediante decretos de Presidencia porque esa materia está sometida a reserva de ley que solo el Congreso puede definir.
La Corte dejó vigente temporalmente el esquema actual y dio plazo hasta el 20 de junio para aprobar una nueva ley.
Según la exposición de motivos, cerca de 8.250 procesos de fiscalización por COP 3,25 billones quedarían comprometidos. A eso se suman 148 procesos en discusión administrativa por COP 1,07 billones y 2.453 litigios judiciales por otros COP 2,74 billones.
En total, unos COP 7 billones podrían perder sustento jurídico.
“El país no puede entrar en un vacío sancionatorio mientras el contrabando mueve cerca de COP 31 billones al año en Colombia”, agregó Díaz.
La preocupación no es únicamente tributaria. El control aduanero también toca lavado de activos, tráfico de armas, comercio ilegal de precursores químicos y mercancía falsificada.
El riesgo de quedar sin herramientas aduaneras
La Procuraduría ya había advertido el riesgo en abril. El organismo recordó que, a partir del 21 de junio, podría abrirse un vacío normativo inmediato sobre decomisos y sanciones si el Congreso no aprueba la ley a tiempo. Desde entonces, el ente de control mantiene seguimiento preventivo al trámite legislativo.
El proyecto alcanzó a superar su primer debate conjunto en las comisiones segundas de Senado y Cámara el pasado 19 de mayo. La aprobación fue unánime. Pero incluso esa etapa terminó atravesada por tensión política y dudas procedimentales.
Contexto: Controversia en el Congreso por freno a proyecto clave para regular sanciones aduaneras
Durante la discusión, el representante Álvaro Mauricio Londoño, presidente de la Comisión Segunda de la Cámara, frenó momentáneamente el trámite al advertir posibles vicios por la participación virtual de algunos congresistas. La discusión se extendió durante más de 40 minutos y mezcló jurisprudencia constitucional, reclamos políticos y acusaciones cruzadas dentro del Capitolio.
Desde el Gobierno, la reacción fue inmediata.
“Le entregamos al Congreso un articulado con el mayor nivel de coincidencias posibles, lo que nos permite reducir los riesgos de fragmentación y agilizar la discusión para avanzar con una sola voz en el Legislativo”, dijo entonces el director de la entidad, Carlos Emilio Betancourt.
La discusión ocurre mientras Colombia intenta estabilizar una reforma aduanera que lleva varios años moviéndose entre decretos, ajustes parciales y cambios de cronograma. El sector privado todavía recuerda el ambiente de incertidumbre que dejó el Decreto 659 de 2024 y la implementación gradual del nuevo estatuto aduanero.
Durante 2024 y 2025, buena parte de las conversaciones entre la DIAN, los operadores logísticos y juristas giraron alrededor de declaraciones anticipadas obligatorias, sistemas informáticos y sanciones por retrasos mínimos en trámites de importación. Algunas multas incluso podían activarse por diferencias de minutos en los tiempos de presentación documental. La burocracia logró convertir el reloj en un arma tributaria de precisión.
Analdex venía advirtiendo desde el año pasado que la transición normativa estaba incompleta. También señalaba que la sentencia de la Corte había congelado parcialmente nuevas regulaciones mientras se resolvía quién tenía realmente competencia para definir el régimen sancionatorio.
El trasfondo fiscal ayuda a entender por qué Hacienda y la DIAN siguen tan pendientes del proyecto. A abril de 2026, la DIAN había recaudado COP 103,9 billones en impuestos. De esa cifra, COP 15,7 billones provinieron de aduanas, equivalentes al 15,1 % del recaudo total.
Cuatro años atrás, en abril de 2022, las aduanas representaban cerca del 19 % del recaudo. Aunque la participación cayó, el monto sigue siendo clave para las finanzas públicas y para el control del comercio exterior.
Los gremios insisten en que la reforma no busca endurecer sanciones indiscriminadamente, sino ordenar un sistema que lleva años acumulando parches regulatorios. También piden reglas más claras y proporcionales para importadores, exportadores, agencias de aduanas y operadores logísticos.
Desde 2024 distintos actores del sector venían alertando sobre los riesgos de implementar controles más complejos sin plataformas informáticas plenamente estables.
En comercio exterior, una norma puede sonar impecable en el papel y convertirse en un atasco multimillonario apenas entra al sistema.
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