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El Presupuesto General de la Nación para 2026 entró en septiembre en punto muerto. El monto quedó igual ($556,9 billones) porque el Congreso no logró debatirlo antes del 15 de septiembre (mañana), fecha límite para definir el tope de gasto.
La falta de quorum en la plenaria del Senado reflejó algo más que un trámite frustrado: un pulso político que puede condicionar no solo las cuentas del próximo año, sino también la estabilidad fiscal del Gobierno Petro en la recta final de su mandato.
Ahora la pelota pasa a las comisiones económicas conjuntas, que deberán aprobar el proyecto completo antes del 25 de septiembre. En esa misma instancia se hundió el presupuesto del año pasado, abriendo un vacío institucional que obligó al Ejecutivo a maniobrar por decreto. Esta vez, con el antecedente fresco, la pregunta es si el Congreso arriesgará nuevamente la gobernabilidad fiscal o si habrá un pacto de mínimos que permita darle trámite.
Más allá del trámite legislativo, el presupuesto de 2026 está íntimamente amarrado a la nueva reforma tributaria: de los $556,9 billones, $26,3 billones dependen de recaudos adicionales. Sin tributaria, el presupuesto queda desfinanciado (nuevamente), y dejaría en el aire la incertidumbre a futuros gravámenes en la mira, como llevar el IVA a tarifa plena (19 %) para los vehículos híbridos, licores, tabaco, gasolina y diésel, entre otras cosas.
La advertencia de los analistas es tajante: sin ingresos nuevos, el Gobierno tendría que endeudarse más o aplicar recortes en la inversión pública, parecido a lo que sucedió a principios de enero. Ambas opciones pesan en la confianza de los mercados y podrían presionar la calificación crediticia del país, que ya sufrió ajustes en la perspectiva por parte de Fitch Ratings y rebajas de Moody’s y S&P Global.
El cuadro fiscal de fondo tampoco ayuda. El déficit del Gobierno Central puede superar el 7 % del PIB en 2026, una cifra que inquieta incluso al propio Ministerio de Hacienda, que reconoce la urgencia de “ordenar la casa” mientras suben los costos de la deuda y se agotan los márgenes para el gasto. El riesgo no es solo macroeconómico: la presión sobre inversión regional y programas sociales podría erosionar la narrativa de cambio que sostiene el proyecto político de Petro.
Esto sin contar los titulares frente a la descertificación de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, que dejaría al país con las manos aún más apretadas. El nudo también se definirá mañana por parte del presidente Donald Trump.
La coyuntura es doblemente delicada por su contexto electoral. A un año de las elecciones de 2026, hay poco apetito en el Congreso para cargar con el costo de una tributaria impopular. La ausencia de quórum en el Senado fue leída por varios sectores como una jugada política más que como simple descuido. Y si la historia se repite y el presupuesto naufraga en comisiones, el presidente tendría un nuevo argumento para culpar al Legislativo de bloquear su agenda y de minar la estabilidad económica.
El reloj corre. Lo que en principio parece un trámite técnico puede convertirse en un factor de inestabilidad económica y política de alto calibre. El desenlace de estas semanas marcará si el presupuesto 2026 será un puente hacia una transición ordenada o un nuevo episodio de la parálisis institucional que ya dejó cicatrices en 2024.
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Por Alejandro Rodríguez Torres
