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La administración De la Espriella presentó este jueves el Presupuesto General de la Nación para 2027.
Si le suena a que ya había escuchado acerca de la radicación del Presupuesto para el próximo año, no se equivoca: el gobierno Petro presentó, como ordena la ley, este documento a finales de julio. Pero en el primer examen de las Comisiones Económicas del Congreso, fue devuelto al Ejecutivo para que le ajusten el monto. Esto se hizo por pedido de la administración De la Espriella.
Aunque se esperaba que el monto disminuyera, el nuevo Presupuesto de la administración De la Espriella crece frente a la propuesta del gobierno Petro. Esto en medio de la emergencia económica decretada para hacerle frente a la crisis por el terremoto del 10 de agosto.
El documento radicado en el Congreso este jueves por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, establece un monto total de COP 634,9 billones. En su primera versión, el Presupuesto venía por COP 575,6 billones.
Frente al monto del Presupuesto de 2026 (COP 555,8 billones), la nueva propuesta del Gobierno presenta un incremento de 14,2 %.
En la sesión en la que se devolvió el Presupuesto para hacerle cambios a las cifras propuestas por la administración Petro, el ministro Gómez aseguró que el documento “muestra la crisis que dejó el Gobierno Petro: “es altísimo en funcionamiento, en otras palabras en gasto, está lleno de burocracia; es altísimo en servicio de la deuda, el más alto de la historia producto de habernos endeudado de manera irresponsable; en cambio, es paupérrimo en inversión”.
¿Cómo está distribuido el Presupuesto 2027?
- Funcionamiento: COP 392,5 billones, un aumento de 7,3 % frente al presupuesto vigente a junio de 2026.
- Servicio de la deuda: COP 155 billones, un aumento de 54,7 % frente al de 2026. Los intereses de la deuda crecieron 37, %.
- Inversión: COP 86,9 billones, una contracción de 2,8 % frente al de 2026. La inversión también baja como porcentaje del PIB (pasa de 4,4 % a 4,1 %).
El agudo momento fiscal de Colombia
Colombia atraviesa desde hace un par de años los peores déficits fiscales de su historia reciente, con la excepción de los años de pandemia. Ese deterioro ha venido acompañado de caídas en el recaudo tributario, presupuestos desfinanciados y recortes presupuestales.
A ese panorama se suman rebajas en las calificaciones crediticias, alzas en las tasas de interés que rigen la deuda externa y una inflación que no logra alcanzar la meta del Banco de la República y que, actualmente, se está acelerando.
Al mismo tiempo, el país ha mantenido un mejor ritmo de crecimiento económico —particularmente en el PIB—, un desempleo en niveles históricamente bajos y disminuciones en pobreza monetaria y multidimensional.
Y a todo este escenario hay que sumarle, claramente, el terremoto. Este choque presiona aún más las finanzas del país, pues se estima que la atención de los afectados y la reconstrucción requerirán unos COP 30 billones, monto que sería financiado en 60 % por el Estado (según primeros cálculos y modelos que tienen en cuenta el escenario del terremoto del Eje Cafetero, en los años 90).
Las últimas estimaciones del gobierno Petro indicaban que 2026 acabaría con un déficit fiscal de 5,3 % del PIB. Sin embargo, la administración De la Espriella señala hacia 7,8 %. De cumplirse esta proyección, la cifra igualaría la de 2020, el momento más crítico de la pandemia. La comparación ayuda a entender el tamaño del abismo y del reto para las finanzas nacionales.
Justo esta semana, el viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, señaló que es momento de “sincerar las cuentas”, a la vez que anunció que se presentará una ley fiscal que, más que recursos tributarios, buscará cortar el gasto y adelgazar el Estado.
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