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En la tarde de este miércoles, la Corte Constitucional aprobó la emergencia económica que decretó el gobierno de Abelardo de la Espriella después del terremoto del pasado 10 de agosto.
Con la sentencia C-366 de 2026 queda avalado el estado de emergencia con algunas condiciones, entre esas: el alcance territorial se restringe a los departamentos afectados, la imposibilidad de tratar problemas previos a la fecha del sismo a través de la figura de emergencia, la exigencia de que las medidas que se implementen sean aptas para los contextos y necesidades de las poblaciones.
También determinó la Corte que se debe recalcular el costo total de la emergencia y los gastos que se refieran a esta figura estatal de emergencia no pueden, por ejemplo, financiar el déficit fiscal. Todo debe ir a la reconstrucción tras el sismo.
Lea más: Corte Constitucional avala emergencia económica del gobierno tras el terremoto | EL ESPECTADOR
El Espectador realizó un breve barrido histórico sobre las emergencias económicas declaradas por los gobiernos colombianos a lo largo de los años: desde el expresidente César Gaviria Trujillo hasta el presidente Abelardo de la Espriella.
De Gaviria a Pastrana
El 23 de abril de 1992, el entonces presidente César Gaviria Trujillo declaró, a través del decreto 680 de 1992, una emergencia económica y social en todo el territorio nacional para resolver la crisis en el servicio público de energía eléctrica.
Por ese entonces, el país enfrentó una serie de racionamientos eléctricos que imposibilitaron hasta el 15 % del consumo diario y esto afectó enormemente la economía y la calidad de vida en todo el país.
Según le contó en su momento a El Espectador el ahora exministro de Minas y Energía, Juan Camilo Restrepo “el apagón, como lo ratificó la comisión independiente que se nombró al respecto, se debió a la mala hidrología de 1992, el más severo verano vivido por el país en muchas décadas, problemas técnicos en el modelo de despachos que heredó el gobierno Gaviria”.
Dicha emergencia fue avalada por la Corte Constitucional bajo la sentencia C-447 del 92.
Dos años después, el expresidente Gaviria solicitó nuevamente esta figura estatal a través del decreto 1178 de 1994 debido al sismo ocurrido el 6 de junio de ese mismo año. El epicentro fue en el municipio de Páez, Cauca y el temblor tuvo una magnitud de 6.4 en la escala de Richter.
Este temblor generó desbordamientos de varios ríos y avalanchas en varios municipios de los departamentos del Cauca y Huila. “Se produjeron graves daños en las vías de comunicación, se interrumpió la prestación de servicios públicos esenciales y se afectó gravemente el desarrollo de la actividad económica y social en dicha zona del país”, afirma el decreto.
La emergencia fue aprobada por la Corte con la sentencia C-366/94 donde se especifica que, según la Cruz Roja, hubo 34 poblaciones afectadas. Los reportes de entonces, tanto de la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres como de las autoridades de los dos departamentos afectados, determinaron que hubo 148 personas fallecidas, 508 desaparecidas y 207 heridas.
Durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano también se decretó la emergencia a través del Decreto 80/1997. Una de las razones que se planteó desde dicho gobierno fue la siguiente: “Durante los últimos meses de 1996 sobrevino una persistente revaluación del peso frente al dólar, como consecuencia de un desmedido y acelerado endeudamiento externo de los sectores público y privado, que de continuar perpetuaría y acentuaría la inconveniente sobrevaluación del peso”, se lee en el documento.
Esta solicitud de emergencia económica se declaró como inexequible, es decir, se rechazó por parte de la Corte Constitucional a través de la sentencia C-122/97.
Luego, durante el gobierno de Andrés Pastrana se declararon dos estados de emergencia, uno con el decreto 2330/1998 y otro con el decreto 195/1999. El primero estuvo relacionado a una crisis financiera internacional que produjo disminuciones en el flujo de capitales externos.
El segundo se decretó debido al terremoto del Eje Cafetero que tuvo epicentro en el municipio de Córdoba, Quindío. Este sismo, de magnitud 6,2 en escala Ritcher, afectó a poblaciones de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.
Ambas solicitudes de emergencia económica fueron declaradas como exequibles por la Corte bajo las sentencias C-122/99 y C-216-99 respectivamente.
De Santos a Duque
En este periodo se realizaron seis decretos de emergencia económica y solo uno de ellos fue considerado inexequible por la Corte Constitucional.
El presidente Juan Manuel Santos impulsó el decreto 4580/2010 considerando un estado de emergencia debido a las consecuencias del fenómeno de La Niña: precipitaciones imprevisibles según el Ideam en ese entonces, lluvias más recurrentes que imposibilitaron la temporada seca, saturación de humedad en los suelos, deslizamientos, inundaciones, desplazamientos poblacionales, entre otras.
Según el decreto, la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia informó que el fenómeno había producido el fallecimiento de más de 200 personas. Además, se vieron perjudicadas 337.513 familias, hubo 2.049 viviendas destruidas y 275.569 viviendas averiadas en 654 municipios de Colombia.
El expresidente Santos volvió a declarar la emergencia económica con el decreto 020/2011 por las mismas razones, pero este fue rechazado por la Corte a través de la sentencia C-216/11 , a diferencia del primer estado de excepción que sí fue aprobado bajo la sentencia C-156/11.
Este mismo gobierno decretó un tercer estado de emergencia (aprobado por la Corte) debido a la crisis en la frontera con Venezuela. El decreto 1770/2015 determinaba que la medida cobijaba municipios de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía, ante la crisis humanitaria y económica provocada por el cierre fronterizo y las deportaciones, expulsiones y retornos de colombianos desde Venezuela.
El último estado de emergencia de dicho gobierno fue dos años después bajo el decreto 601/2017 que cubría las zonas urbanas y rurales de Mocoa, Putumayo por 30 días debido a la creciente en varias quebradas y una avalancha que acabó con la vida de 290 personas y dejó afectadas a más de 1.500 familias. La Corte la declaró exequible (C-386-17).
Después vinieron dos emergencias económicas durante el gobierno de Iván Duque en todo el territorio nacional mediante el decreto 417 de 2020 y el decreto 637.
La decisión se produjo después de que Colombia confirmara su primer caso de COVID-19, el 6 de marzo, y de que la Organización Mundial de la Salud calificara el brote como una pandemia, el 11 de marzo.
Para el segundo estado de emergencia, el gobierno sostuvo la prolongación del aislamiento y las consecuencias del deterioro de la actividad productiva. El documento citó una encuesta de Confecámaras, con corte al 17 de abril, según la cual el 85 % de las empresas consultadas no tenía recursos para cubrir sus obligaciones más allá de dos meses y cerca del 54 % esperaba reducir su personal en los tres meses siguientes.
Ambas declaraciones fueron aprobadas por la Corte Constitucional bajo las sentencias C-145/20 y C-307/20, respectivamente.
De Petro a De La Espriella
A mediados de 2023, el gobierno de Gustavo Petro declaró el estado de emergencia en La Guajira bajo el decreto 1085/2023. El Gobierno argumentó que el departamento enfrentaba una grave crisis humanitaria por la falta de acceso al agua potable, la alimentación, la salud, la educación y la energía, que podía agravarse con el fenómeno de El Niño y las condiciones climáticas previstas para los meses siguientes.
Esta emergencia se declaró como inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-383/2023. Sin embargo, difirió los efectos de la decisión por un año, contado desde la expedición del decreto, exclusivamente respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua para evitar que el retiro inmediato de las medidas profundizara la situación de la población.
La segunda emergencia económica del pasado gobierno también fue declarada inexequible (C-075/2026). Con el decreto 1390 de 2025, el gobierno Petro argumentó que la emergencia se debía una combinación de presiones fiscales que perjudicaban la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales.
Recalcó en las necesidades de financiación del sistema de salud, los subsidios pendientes de energía y gas, las sentencias judiciales sin pagar, las restricciones de endeudamiento y las dificultades de caja de la Nación.
Su último estado de emergencia económica fue en febrero de este año con el decreto 150 de 2026 respondiendo a las inundaciones, crecientes súbitas y otros daños asociados a un frente frío que afectó al Caribe y al noroccidente del país, en un periodo en el que las lluvias superaron los registros habituales para esa época del año.
Según el balance de la UNGRD, citado en el decreto, entre el 27 de enero y el 6 de febrero se reportaron 65 emergencias en 61 municipios de ocho departamentos. Ese corte registraba 252.233 personas afectadas, diez fallecidas, 11.955 viviendas averiadas y 4.158 destruidas, además de daños en vías, puentes, acueductos, centros educativos y áreas productivas.
Este sí fue aprobado por la Corte, de manera parcial, bajo la sentencia C-191 de 2026.
De la Espriella, por último, declaró bajo el decreto 1261/2026 el estado de emergencia económica por las consecuencias derivadas del terremoto del pasado 10 de agosto, de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.
El decreto recogió un balance preliminar de la UNGRD, con corte al 19 de agosto, que registraba 314 personas fallecidas, 4.437 heridas y 262 desaparecidas. También reportaba 30.664 viviendas destruidas y 136.946 averiadas. Después de esa fecha, las cifras siguieron aumentando.
Este miércoles, 11 de noviembre, la Corte Constitucional avaló la declaratoria mediante la sentencia C-366 de 2026, con las condiciones mencionadas anteriormente.
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