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Los departamentos y municipios tendrán COP 27,5 billones del Sistema General de Regalías para financiar proyectos durante 2027 y 2028.
El monto, aprobado este miércoles en primer debate por las Comisiones Económicas Terceras y Cuartas del Senado y la Cámara de Representantes, representa una disminución del 11 % frente al presupuesto del bienio actual, unos COP 3,42 billones menos, según el Ministerio de Hacienda. Esto aprieta aún más el bolsillo de las regiones tras el ya disminuido presupuesto general de 2027, que asigna recursos a los departamentos para infraestructura, salud o educación.
La variación responde a las estimaciones de ingresos del sistema, cuyos recursos dependen principalmente de la explotación de recursos naturales no renovables. En otras palabras, el monto disponible para financiar proyectos en las regiones está sujeto a las proyecciones de producción y precios de esos recursos.
El proyecto de ley 422 de 2026 Cámara y 290 de 2026 Senado establece un presupuesto de COP 27,54 billones. De ese total, COP 25,9 billones se destinarán a proyectos de inversión; COP 643.000 millones cubrirán gastos de administración, seguimiento, evaluación y control, y otros COP 964.000 millones irán a los mecanismos de ahorro del sistema.
La discusión que sigue en el Congreso definirá cómo se distribuirán esos recursos y qué margen tendrán los territorios para convertirlos en beneficios, obras y programas.
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¿En qué se invertirán los recursos de las regalías?
Dentro de las principales asignaciones para inversión, el proyecto contempla COP 7,28 billones para inversión regional; COP 5,77 billones para la implementación de los acuerdos de paz; COP 5,37 billones en asignaciones directas y COP 3,21 billones para inversión local.
A esto se suman COP 2,14 billones destinados a ciencia, tecnología e innovación, además de recursos para incentivos a la producción, inversión ambiental y otros componentes del sistema.
La distribución territorial anunciada por el Gobierno contempla COP 16,25 billones para seis regiones. El Caribe recibirá la mayor asignación, con COP 5,18 billones, seguido por los Llanos, con COP 3,72 billones. Centro-Oriente tendrá COP 2,35 billones; el Pacífico, COP 1,92 billones; el Eje Cafetero, COP 1,60 billones, y Centro-Sur-Amazonía, COP 1,48 billones.
La distribución busca financiar proyectos de impacto regional y reducir brechas entre territorios. El Gobierno también plantea articular distintas fuentes de financiación, fortalecer la autonomía de las entidades territoriales y promover inversiones relacionadas con productividad, seguridad energética y protección ambiental.
Entre los objetivos del presupuesto está, además, apoyar a territorios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) afectados por el terremoto del 10 de octubre de 2026.
El proyecto incorpora también medidas para fortalecer la participación de las comunidades en las decisiones de inversión, así como la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos.
Sin embargo, la aprobación de este miércoles no significa que los recursos estén ya disponibles para ejecutar proyectos. El presupuesto debe completar su trámite legislativo en las plenarias del Senado y la Cámara. Después, su ejecución dependerá de la formulación, aprobación y puesta en marcha de las iniciativas financiadas por el sistema.
También avanzó una adición al presupuesto de 2026
En la misma jornada, las Comisiones Económicas Conjuntas aprobaron en primer debate otro proyecto: la modificación al Presupuesto General de la Nación de 2026.
La iniciativa busca adicionar cerca de COP 3,8 billones y contempla recursos para atender a las personas afectadas por el terremoto, fortalecer programas sociales y realizar traslados presupuestales.
De ese monto, COP 2,7 billones se dirigirían al denominado Fondo Milagro, creado para atender a los damnificados por el sismo, y COP 1,15 billones a Colombia Mayor, programa de apoyo económico para adultos mayores.
La suma de esos dos componentes asciende a COP 3,85 billones, una diferencia menor frente al monto de COP 3,8 billones anunciado para la adición, que deberá aclararse en el texto presupuestal.
La propuesta incluye, por separado, el traslado de COP 1,47 billones para atender necesidades de seguridad energética y financiar la atención de veteranos de la Fuerza Pública. Este movimiento no debe confundirse con los recursos adicionales: se trata de una redistribución de partidas dentro del presupuesto.
De manera que los dos proyectos avanzaron en una misma jornada legislativa, aunque, como se explicó, con alcances distintos. El presupuesto regalías define los recursos que tendrán los recursos durante 2027-2028; la modificación del presupuesto busca ajustar las cuentas para atender necesidades de 2026.
Ambos deberán continuar su trámite en el Congreso antes de convertirse en ley.
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