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La Corte Constitucional mantuvo el curso ya trazado por ella misma y tumbó definitivamente el estado de emergencia económica que había declarado el Gobierno en diciembre del año pasado.
El alto tribunal, en una determinación inédita, decidió a finales de enero de este año suspender el estado de excepción mientras estudiaba de fondo las razones invocadas por la administración del presidente Gustavo Petro para utilizar esta herramienta.
Vale recordar acá que los estados de excepción le permiten al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley sin tener que pasar por el Congreso. La idea de fondo es darle maniobrabilidad y velocidad a las acciones del Ejecutivo para superar las causas que lo llevaron a utilizar esta herramienta.
La palabra causa acá es importante, pues los estados de excepción tienen reglas claras para poder invocarlos y usarlos. Además, tanto su declaratoria como las medidas que se tomen bajo ese paraguas pasan a control automático de la Corte.
En líneas generales y palabras sencillas, el fallo de la Corte de este jueves no compra las razones del Gobierno para declarar la emergencia económica, algo que desde diciembre había advertido un nutrido grupo de analistas económicos y jurídicos.
Una de las grandes preguntas en este momento es qué pasará con el recaudo que se logró antes de la suspensión de la emergencia (que ahora se ratifica con la decisión de fondo). Se estima que se trata de unos COP 1,6 billones, de los cuales alrededor de COP 1,2 estarían atados a beneficios tributarios, que podrían considerarse como derechos adquiridos, según algunos analistas.
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¿Cómo llegamos a la emergencia económica?
La declaratoria de emergencia económica tenía como propósito, a través de nuevos tributos, recaudar cerca de COP 11 billones al año, destinados a cubrir el faltante de COP 16 billones con el que el Presupuesto General de 2026 salió del Congreso.
Ese faltante surgió de una doble decisión en el Congreso: por un lado, se aprobó un monto de presupuesto que asumía el paso de una ley de financiamiento (que aportaría COP 16 billones) y, meses después, dicha ley fue rechazada. De esta manera, las finanzas para este año quedaron sin respaldo suficiente.
El Gobierno sostiene que este giro político puso en riesgo la economía nacional y lo calificaba como un hecho sobreviniente. Sin embargo, bajo ese razonamiento, cualquier tropiezo de los gobiernos en el Congreso podría justificar la declaración de estados de excepción. Precisamente, el fallo de la Corte apunta en sentido contrario.
¿Qué pasa con la caída de la emergencia económica?
Para efectos prácticos, todo sigue un poco igual. El fallo es vital porque echa por tierra definitivamente este estado de excepción. Pero en el día a día no implica mayor cosa, por aquello de la suspensión del decreto original a finales de enero de este año.
Entre las medidas contempladas en la emergencia económica se encontraban modificaciones al impuesto al patrimonio, una sobretasa del 15 % para el sector financiero, la aplicación de un IVA del 19 % a los licores (excepto la cerveza) y a los juegos de azar en línea, así como ajustes en el impuesto al consumo para licores y tabaco.
De igual forma, se restableció la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta para el sector de petróleo y carbón.
También se creó una contribución parafiscal del 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos de las empresas de servicios públicos dedicadas a la generación de energía, con el objetivo de respaldar a Air-e, comercializadora que opera en Atlántico, La Guajira y Magdalena.
Finalmente, se establecieron diversos beneficios y medidas de normalización de patrimonio, con una tarifa del 19 %, que abarcan bienes y pasivos que no habían sido declarados previamente.
Para el momento de su suspensión, la DIAN reportó que por concepto de los beneficios tributarios ya habían entrado COP 1,2 billones a las arcas del Estado.
¿Hay otra emergencia económica vigente?
Sí, hay otro estado de excepción en marcha, pero este tiene una motivación y una aplicación distintas.
Este estado de excepción (que no ha sido suspendido ni examinado a fondo por la Corte) fue invocado como respuesta a los desastres que causaron las lluvias de principios de año, especialmente en departamentos de la Costa Caribe.
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De acuerdo con las cuentas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), para el momento de la declaratoria de la emergencia (febrero, 2026) se habían registrado más de 130 emergencias, con afectaciones sobre 69.000 familias, lo que se traduce en un impacto sobre unas 150.000 personas.
Bajo el amparo de este estado de excepción, el Gobierno publicó más de 15 medidas, que van desde impuestos hasta planes de atención para productores agrícolas y medidas para facilitar (o postergar) el pago de servicios públicos.
El Gobierno hace, bajo este estado de excepción, una adición presupuestal de COP 8,68 billones para invertir en los ocho departamentos afectados por la emergencia económica: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
La adición presupuestal se logrará con el recaudo que llegará por nuevos impuestos, en particular, el impuesto al patrimonio e IVA para juegos de suerte y azar operados por internet (de esta última medida todavía no se conoce decreto).
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