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Después del terremoto del pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), el sector inmobiliario ha tenido que ajustarse.
Según el último reporte brindado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) a través de la red social X, se registraron 36.478 viviendas destruidas y 207.889 viviendas averiadas. Las personas afectadas por esta situación tuvieron que encontrar otras alternativas, desde pedir acogida a familiares y amigos, hasta conseguir otro espacio en el cual vivir.
Según un informe de la inmobiliaria Ciencuadras, los cánones de arrendamiento han subido y la oferta de apartamentos ha disminuido en dos de las ciudades afectadas: Cali y Pereira.
En este estudio compararon el mes de junio y el de septiembre de 2026, teniendo en cuenta la venta y el arriendo de casas y apartamentos.
"El mercado no se movió de forma homogénea. La ciudad donde vemos la señal más fuerte de tensión en arriendos es Cali, pues cayó de manera considerable la oferta de apartamentos y casas, mientras aumentaron los cánones. En Pereira, el comportamiento es mixto y se consolida como el mercado con mayor estabilidad relativa, especialmente en casas, pues no muestra las tensiones extremas de Cali", dijo Mauricio Torres Romero, gerente de Ciencuadras.
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El mercado de vivienda en Cali y Pereira
El precio del arriendo en Cali (Valle del Cauca) en promedio, pasó de COP 2.320.000 mensuales a COP 2.520.000, lo que representa un aumento del 8,9 %.
Además, la oferta disponible en la ciudad disminuyó un 39 %, es decir, en junio había 1.488 apartamentos habilitados para el arriendo y en el mes de septiembre fueron tan solo 908 inmuebles.
Con respecto al alquiler de casas, el valor mensual aumentó de un 26,3 %, pasando de COP 7.150.000 mensuales aproximadamente, a COP 9.030.000.
Ahora bien, con respecto a la venta de vivienda, el precio de los apartamentos también aumentó de un 5,5 %, mientras que la oferta disminuyó un 8,3 %. Por el contrario, las casas disminuyeron levemente de precio y hubo un aumento en la oferta.
En Pereira (Risaralda), el mercado de vivienda fue de los más estables, con respecto a los apartamentos en arriendo, la oferta disminuyó de un 19,7 % pero el canon de arrendamiento también cayó un 7,9 %. Es decir que por mes, en promedio, se pagaba en junio COP 3.210.000 y en septiembre el precio aproximado fue de COP 2.960.000.
Ahora bien, respecto a los arriendos a casas, hubo una reducción de disponibilidad (de 36,2 %), pero también un incremento en el canon total de un 7,5 %. “Al ajustar la cifra por el tamaño de la propiedad, el alza real del precio por metro cuadrado fue de apenas 1,3 %, lo que confirma la estabilidad del sector en la ciudad”, sostiene la inmobiliaria.
En Pereira se fortaleció la venta de apartamentos, así como la oferta de los mismos, con un incremento de ventas del 6,7 %.
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Las dificultades en las viviendas
En Dosquebradas, municipio vecino de Pereira, la Alcaldía anunció el pasado 14 de noviembre una nueva jornada de pagos para apoyar el alojamiento temporal de los damnificados. Se habilitaron 2.630 pagos: 2.032 correspondientes al segundo desembolso y 598 para personas que no habían reclamado el primero. Los recursos superan los COP 2.700 millones, con un apoyo aproximado de COP 1.050.000 por beneficiario, disponible para cobro hasta el 28 de noviembre.
La administración municipal precisó que estar registrado como damnificado no garantiza automáticamente el acceso al beneficio. La asignación depende de la condición de la vivienda, del cumplimiento de los requisitos y de la validación de la UNGRD.
Sin embargo, el pasado 10 de noviembre, la Defensoría del Pueblo sostuvo lo siguiente: “el subsidio de arrendamiento, establecido en COP 1.050.000 mensuales durante tres meses, resulta insuficiente frente a los tiempos estimados de reconstrucción, que pueden extenderse entre 12 y 18 meses”.
La reducción de las alternativas de alojamiento no solo tiene consecuencias económicas. La Defensoría del Pueblo también advirtió que la escasez de viviendas disponibles ha llevado a algunas familias damnificadas a regresar a inmuebles que no ofrecen condiciones adecuadas de seguridad.
La entidad incluso identificó dificultades en cuanto a los alojamientos temporales, pues según la Defensoría hay una “falta de protocolos claros” para el cierre de albergues y de alternativas habitacionales para quienes tienen que salir de dichos espacios. El seguimiento de la Defensoría identificó 15 albergues en Buenaventura, Quindío y Risaralda, donde estaban más o menos 457 personas.
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