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En el sur de Colombia se prepara un megaproyecto vial después de décadas pendientes. El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, dio luz verde financiera a uno de los proyectos de infraestructura más grandes de los últimos años: El Estanquillo-Popayán.
Con una inversión proyectada de $19,6 billones en vigencias futuras —una cifra que pesa perfectamente como una reforma tributaria—, este proyecto se perfila como la espina dorsal que conectará a Popayán con Timbío, Rosas, Patía, El Tambo, La Sierra y Sotará, para abrirle camino al Valle, Nariño, Putumayo y, finalmente, Ecuador.
La apuesta del Gobierno es cerrar la brecha histórica en la región suroccidental del país. Serán 101 kilómetros de vía nueva, 14 túneles, 116 puentes vehiculares, 12 peatonales y cinco intersecciones nuevas.
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Hoy, el Minhacienda emitió un concepto de no objeción a las condiciones financieras presentadas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), después de revisar que el modelo económico detrás del proyecto estuviera ajustado a la realidad del mercado.
Y es que están en juego los aportes del Estado, las obligaciones contingentes y el plan financiero que deberá sostener la operación por al menos 20 años.
En mayo, el proyecto ya había recibido el aval del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que lo registró en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional. Eso significa que superó todos los filtros técnicos, legales y financieros. Es decir, dejó de ser una promesa a volverse un compromiso fiscal.
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¿Qué sigue?
El próximo 14 de julio se abrirá formalmente el proceso de selección y se publicará el pliego de condiciones. Si todo marcha como está previsto, en diciembre de este año se realizará la adjudicación oficial.
La variante Estanquillo-Timbío y las dobles calzadas buscan darle seguridad a una carretera que hoy es sinónimo de derrumbes y tragedias, como en el caso de la Panamericana. Además, articulará a una de las regiones más castigadas por la desconexión logística con el resto del país, en especial para el comercio y el transporte de carga pesada.
De fondo, menos costos logísticos y más eficiencia y productividad.
El tramo tiene un impacto directo sobre más de un millón de personas, y se proyecta como un nuevo eje de desarrollo para el suroccidente. Pero también impone desafíos: en medio de una situación fiscal crítica, con el déficit disparado por encima de 7 % del PIB y el ajuste económico en marcha, el Estado se compromete a destinar recursos multimillonarios durante las próximas dos décadas.
El proyecto contempla 62,4 kilómetros de doble calzada nueva, 11,2 kilómetros de mejoramiento de vía existente y 89,9 kilómetros de rehabilitación de tramos en mal estado.
A cambio, Colombia recibe una red vial que, si cumple con los plazos, empezará a transformar la movilidad en 2031, cuando se culmine su construcción total.
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La importancia del corredor
Esta obra es un punto vital para desarrollar la economía regional. Más de un millón de personas viven en los municipios que dependen del corredor, donde se pierden horas y millones en rutas sin mantenimiento ni ajustes logísticos adecuados, y porque la Panamericana es aún una vía inconclusa, que sirve como eje rector a pesar de la inestabilidad de la zona.
Durante la fase de construcción se estima que se generarán 150.000 empleos entre directos e indirectos, priorizando la mano de obra local.
Según la ANI, la concesión incorporará pasos de fauna, obras geotécnicas para estabilización de taludes y un sistema inteligente de control y apoyo al tránsito.
También se pidió respeto por las costumbres culturales y la protección de la biodiversidad, aunque faltan estudios sobre el impacto real en terreno.
La promesa viene desde 2023, cuando el presidente Gustavo Petro anunció su compromiso con el corredor. En noviembre de 2024, la ANI publicó los prepliegos en la plataforma Secop I. Siete meses después, el proyecto avanza en papeleo, pero con esperanza de poner las manos en el concreto cuanto antes.
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