Multa de más de $200 mil millones a tres cementeras por acordar precios
Argos, Cemex, Holcim y seis de sus altos directivos fueron sancionados por haber acordado el precio del cemento durante casi tres años, lo que se conoce como una cartelización empresarial.
Redacción Economía.
Esta mañana la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) comunicó la sanción económica que reciben tres cementeras y seis altos directivos investigados por cartelización empresarial, o lo que es lo mismo, acordar el precio de sus productos y vulnerar la libre competencia económica.
La SIC determinó que los responsables de esta falta son las empresas Argos, Cemex y Holcim, las tres cementeras más grandes que tiene Colombia y que su participación en el mercado representa el 96%. A estas organizaciones se suman seis altos directivos vinculados a las mismas.
Por Cementos Argos S.A figura su presidente y representante legal, Jorge Mario Velásquez, quien fue sancionado por más de $340 millones, la gerente de negocio masivo, Ingrid Restrepo Libreros, con una sanción superior a $84 millones y la directora de información comercial, Adriana María Rodríguez, con más de $24 millones.
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Relacionada a Cemex se encuentra su presidente y representante legal, Carlos Jacks Chavarría, quien fue sancionado por más de $270 millones, por su parte las personas naturales vinculadas a Holcim son sus dos presidentes ejecutivos, Miguel Ángel Rubalcava y Jaime Antonio Hill. La SIC estimó que estos últimos deberán responder por una cifra cercana a $100 millones y $350 millones, respectivamente.
Conforme a lo revelado por la entidad, el acuerdo de los precios se evidenció en el cemento gris Pórtland Tipo 1 durante el periodo de enero de 2010 a diciembre de 2012.
La SIC además concluyó que durante dicho periodo las empresas mantuvieron una relación colaborativa y no competitiva. Lo anterior se evidenció en correos electrónicos, comunicaciones internas y documentación, que finalmente utilizó la entidad como material probatorio.
A lo anterior, se suma el comportamiento que tuvo el precio del cemento fuera de la fábrica, la SIC pudo ver cómo el aumento del mismo se consolidó en un 29.9%, mientras que la inflación se situó en cerca del 9%, es decir, un precio superior en un 20% al de la inflación por casi tres años, lo que se traduce en ventas superiores a $8 billones.
El cálculo que se hizo para relacionar el impacto que tuvo este acuerdo de precios en la capacidad de compra del producto dice que, mientras en 2010 un salario mínimo alcanzaba para adquirir 37 bultos, con el incremento se redujo a 31.
La entidad además estimó que los precios de venta superaron a los de producción en un 65%, lo que se interpreta como un amplio margen que les permitió a la cementeras recibir grandes ganancias por la comercialización de este producto.
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A esta noticia se suma el hecho de que la SIC archivó la investigación a favor de Tequendama y San Marcos, al no encontrar evidencia de su participación en la cartelización empresarial.
“La Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad de protección de la libre competencia económica, desde 1997 hasta la fecha, ha adelantado 5 investigaciones contra empresas del sector cementero en Colombia con cargos de cartelización empresarial”, afirmó la entidad.
Esta mañana la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) comunicó la sanción económica que reciben tres cementeras y seis altos directivos investigados por cartelización empresarial, o lo que es lo mismo, acordar el precio de sus productos y vulnerar la libre competencia económica.
La SIC determinó que los responsables de esta falta son las empresas Argos, Cemex y Holcim, las tres cementeras más grandes que tiene Colombia y que su participación en el mercado representa el 96%. A estas organizaciones se suman seis altos directivos vinculados a las mismas.
Por Cementos Argos S.A figura su presidente y representante legal, Jorge Mario Velásquez, quien fue sancionado por más de $340 millones, la gerente de negocio masivo, Ingrid Restrepo Libreros, con una sanción superior a $84 millones y la directora de información comercial, Adriana María Rodríguez, con más de $24 millones.
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Relacionada a Cemex se encuentra su presidente y representante legal, Carlos Jacks Chavarría, quien fue sancionado por más de $270 millones, por su parte las personas naturales vinculadas a Holcim son sus dos presidentes ejecutivos, Miguel Ángel Rubalcava y Jaime Antonio Hill. La SIC estimó que estos últimos deberán responder por una cifra cercana a $100 millones y $350 millones, respectivamente.
Conforme a lo revelado por la entidad, el acuerdo de los precios se evidenció en el cemento gris Pórtland Tipo 1 durante el periodo de enero de 2010 a diciembre de 2012.
La SIC además concluyó que durante dicho periodo las empresas mantuvieron una relación colaborativa y no competitiva. Lo anterior se evidenció en correos electrónicos, comunicaciones internas y documentación, que finalmente utilizó la entidad como material probatorio.
A lo anterior, se suma el comportamiento que tuvo el precio del cemento fuera de la fábrica, la SIC pudo ver cómo el aumento del mismo se consolidó en un 29.9%, mientras que la inflación se situó en cerca del 9%, es decir, un precio superior en un 20% al de la inflación por casi tres años, lo que se traduce en ventas superiores a $8 billones.
El cálculo que se hizo para relacionar el impacto que tuvo este acuerdo de precios en la capacidad de compra del producto dice que, mientras en 2010 un salario mínimo alcanzaba para adquirir 37 bultos, con el incremento se redujo a 31.
La entidad además estimó que los precios de venta superaron a los de producción en un 65%, lo que se interpreta como un amplio margen que les permitió a la cementeras recibir grandes ganancias por la comercialización de este producto.
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A esta noticia se suma el hecho de que la SIC archivó la investigación a favor de Tequendama y San Marcos, al no encontrar evidencia de su participación en la cartelización empresarial.
“La Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad de protección de la libre competencia económica, desde 1997 hasta la fecha, ha adelantado 5 investigaciones contra empresas del sector cementero en Colombia con cargos de cartelización empresarial”, afirmó la entidad.