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La decisión de esta entidad encargada de vigilar y controlar a las sociedades mercantiles del país, señala que tanto Emilio Tapia como Hugo Armando Cabanal sí hacían parte de la Unión Temporal de Centros Poblados, el contrato por $70.000 millones para llevar internet a las regiones más desconectadas y vulnerables del país que terminó en un escándalo de corrupción política.
De acuerdo con la Superintendencia, los dos contratistas no notificaron que eran agentes controladores y dueños de las empresas implicadas en ese contrato firmado con el Ministerio de las TIC, pese a que esa información debía incluirse en los estatutos corporativos.
Tapia era el actor controlante de la compañía ICM Ingenieros S.A.S., en proceso de liquidación judicial, y Canabal era el controlante de Intec de la Costa S.A.S., también en proceso de liquidación judicial.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, aseguró que “la declaratoria de control en este caso resulta importante para que los interesados puedan utilizar los mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria de los controlantes, de acuerdo con lo señalado en el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006″.
Los audios de Tapia
En diciembre de 2022, Emilio Tapia enlodó a la familia de la exministra de las TIC, Karen Abudinen, y al empresario barranquillero Cristian Daes. Así se escuchó en audios de conversaciones que tuvo Tapia con funcionarios públicos a quienes les contó del entramado de corrupción que se tejió en Centros Poblados para quedarse con el billonario contrato que pretendía llevar conectividad a escuelas rurales de Colombia.
“A nosotros. A mí me habían abordado. Yo no había accedido al tema. Nunca quise asistir a ninguna reunión, porque no me interesaba, no me interesaba. El socio me dijo ‘mira me está hablando la mamá de la ministra’, la mamá, aquí en Barranquilla. Y tal. Y me está llamando que para organizar el tema, que no sé qué'. Yo le dije “mira, si tú quieres escucha pero yo no asisto a eso”. Efectivamente, se reúne, habla ¿Y sabe cuánto le pidió? 7 por ciento”, se escuchó en los audios revelados por el periodista Daniel Coronell en W Radio.
Las conversaciones de Tapia habrían sucedido en el año 2020, y en estas buscaban supuestamente repartirse las coimas del contrato de un billón de pesos que fue entregado a Centros Poblados en una cuestionada licitación en la que esa unión temporal, al parecer, presentó documentos falsos.