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Canacol Energy, empresa que produce cerca de 75 millones de pies cúbicos diarios de gas natural (equivalentes al 7,5 % de la demanda nacional), solicitó el pasado 28 de abril ante una corte en Alberta, Canadá, la terminación anticipada de sus contratos de transporte y suministro de gas en Colombia.
Se conoció que la audiencia que debía evaluar esa solicitud, inicialmente prevista para el 7 de mayo, fue aplazada al 15 de mayo luego de que la compañía pidiera más tiempo para explorar modificaciones de mutuo acuerdo con sus clientes. Mientras el proceso sigue su curso, el sector energético colombiano empieza a medir el tamaño del problema.
Actualmente, Canacol abastece parte de la demanda de gas de siete departamentos de la Costa Caribe y algunos municipios de Norte de Santander. Sus clientes incluyen hogares, comercios, industrias, transporte y una planta térmica en Sahagún, Córdoba. Entre los más expuestos está Cerro Matoso, la principal mina de níquel del país, que obtiene el 80 % de su gas de Canacol y que ya advirtió que, sin ese suministro, no tiene sustituto para mantener sus equipos en funcionamiento.
En contexto: Canacol quiere terminar sus contratos de gas en Colombia: estos serían los impactos
Los riesgos de la posible salida de Canacol Energy
La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) advirtió que una eventual terminación anticipada de los contratos de Canacol podría afectar cerca del 7,5 % del abastecimiento nacional de gas, con impactos directos en hogares, industria y generación térmica, así como en la competitividad del país.
Además, alertó que una reducción en la disponibilidad del energético obligaría a sectores productivos a migrar hacia alternativas más costosas o con mayores emisiones (como GLP, carbón, gasolina o diésel), lo que presionaría al alza el precio de bienes esenciales como alimentos, bebidas, papel, cartón y cerámica, según el gremio.
Para Naturgas, el problema de fondo no es la situación financiera de Canacol, sino la vía escogida. La asociación recordó que la producción de la empresa ha venido cayendo de forma progresiva en los últimos años (de 196 millones de pies cúbicos diarios en julio de 2023 a cerca de 75 en la actualidad), y que esa situación ha sido manejada hasta ahora mediante acuerdos entre las partes, sin necesidad de acudir a una corte extranjera.
“Existen caminos distintos a la terminación de contratos. Hay mecanismos empresariales, acuerdos entre las partes e incluso interés de inversionistas que permitirían mantener la operación y proteger el abastecimiento de gas sin sacrificar la prestación del servicio y la confianza del sistema”, dijo Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.
El gremio pidió al Estado colombiano que, si la corte canadiense autoriza la terminación de contratos, use las facultades previstas en el régimen de insolvencia empresarial transfronteriza (Ley 1116 de 2006), particularmente la excepción de orden público, para evitar que esa decisión comprometa la continuidad de los servicios públicos en Colombia.
“Permitir que decisiones adoptadas en el exterior suspendan obligaciones contractuales en Colombia, sin evaluar sus impactos sociales y económicos, vulnera principios de orden público y desconoce el carácter esencial del gas natural para millones de colombianos”, afirmó Murgas.
Entre tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) anunció este 8 de mayo una vigilancia especial sobre las filiales de Canacol Energy en Colombia: CNEOG Colombia y CNE Oil & Gas. La medida busca verificar la suficiencia operativa y el cumplimiento de las obligaciones de estas empresas en el mercado mayorista de gas.
Además, la entidad anunció visitas técnicas y una coordinación estrecha con el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para prevenir afectaciones en el servicio a los usuarios finales.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ya había advertido que la situación de Canacol Energy no puede afectar a los usuarios. “La terminación anticipada de los contratos no puede ser a costilla del bolsillo de la gente. Hay que mantener esa producción y proteger las condiciones de transporte y precios ya pactados a favor de los usuarios”, dijo.
Palma también anunció una reunión para el próximo martes entre el Gobierno y los actores involucrados en el proceso.
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