En el primer semestre de 2022, la Defensoría del Pueblo recibió información sobre 15 siniestros viales que involucraron rutas escolares. En estos hechos resultaron heridos 70 niños, niñas y adolescentes y 10 murieron.
Teniendo en cuenta lo anterior, el defensor, Carlos Camargo, alertó sobre el riesgo de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se movilizan en rutas escolares que no cumplen con los estándares de seguridad.
Camargo dijo que es necesario “adelantar controles más rigurosos para las empresas que prestan este tipo de servicios, con el fin de evitar que este tipo de tragedias se vuelvan a registrar”.
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La Defensoría también ha conocido quejas relacionadas con la movilización de niños, niñas y adolescentes en vehículos no autorizados. En el departamento de La Guajira, por ejemplo, según el Ministerio Público, algunos estudiantes son transportados en automotores de carga con carrocería. Situación que pone en riesgo la vida e integridad física de niños y niñas.
Además, la defensoría citó cifras de la Secretaría de Movilidad de Bogotá que indican que, en promedio, siete rutas escolares son sancionadas cada día por no cumplir con los requisitos estipulados en el Decreto 431 del 2017, que determina el tiempo de uso de los vehículos y la reglamentación en la suscripción de contratos para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor especial.
Al respecto, además de hacer un llamado a las empresas de transporte escolar “a no jugar con la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes”, Camargo exhortó al Ministerio de Transporte y a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional para que redoblen sus esfuerzos de control.
“La seguridad de los niños, niñas y adolescentes debe ser prioridad durante los trayectos hacia y desde los distintos centros educativos. La ocurrencia de estos hechos es completamente prevenible e implica el compromiso de todos los actores para la creación de estrategias de prevención”, agregó.
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Las lesiones no fatales por accidentes de tránsito son unas de las cifras más alta en accidentalidad de niños entre los 0 y 17 años de edad en Colombia. Según el Instituto de Medicina Legal, a julio de 2022 se registraron 1.228 lesiones no fatales por eventos de tránsito de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, mientras el año pasado fueron 655. Respecto a las muertes ocasionadas por eventos de transporte, hay 273 casos.
La Defensoría recordó que la prestación del servicio de transporte escolar solo debe prestarse por empresas habilitadas en la movilidad de transporte terrestre especial, según el Decreto 1079 de 2015. Además, las empresas tienen el deber de verificar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos, de la documentación requerida y los cupos reglamentados para cada automotor.
“El servicio de transporte escolar para el retorno a la presencialidad de niños, niñas y adolescentes a las instituciones educativas debe contribuir a la permanencia y acceso a la educación, así como el goce efectivo de los derechos que deben prevalecer y requieren del concurso y concurrencia del Estado, la sociedad y la familia”, indicó la Defensoría del Pueblo.
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