24 Aug 2018 - 3:01 a. m.

¿Nos compensará Coviandes por la caída de Chirajara?

El retraso en la entrega del tramo de la vía Bogotá-Villavicencio a su cargo implica unos sobrecostos que el Gobierno y los viajeros tendrán que asumir durante dos años, a menos de que el primero consiga una retribución económica.

Paula Delgado Gómez / @PaulaDelG

Demolición de la segunda pila del viaducto Chirajara. / Óscar Pérez - El Espectador
Demolición de la segunda pila del viaducto Chirajara. / Óscar Pérez - El Espectador

El Ministerio de Transporte cuantifica por estos días los perjuicios reales que se derivan del incumplimiento en la entrega del viaducto Chirajara, que debía habilitarse a mediados de este año, pero que debido a su desplome quedó reprogramado para julio de 2020.

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Los tiempos que entregó Coviandes (filial del Grupo Aval y Corficolombiana) prevén que, luego de la licitación que cursa en este momento para la selección del contratista a cargo de la nueva estructura, se necesitarán cuatro meses para la definición de su diseño y otros 18 para su construcción.

El Gobierno intentará llegar a un acuerdo directo con la Concesionaria Vial de los Andes S.A.S., para que, una vez se determine el valor exacto del daño causado, ese dinero se retribuya a la nación. Sin embargo, de no llegarse a un arreglo, el Ministerio de Transporte contemplaría la posibilidad de presentar una demanda para recuperar las pérdidas.

Así lo aseguró el viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, en entrevista con El Espectador. Si bien esto no significa que el Estado tiene lista una demanda, sí se está revisando esa posibilidad.

La propuesta del Ministerio de Transporte es que Coviandes asuma parte de las obras prioritarias que se requieren en la vía Bogotá-Villavicencio para compensar el daño provocado con el retraso en la entrega del viaducto de Chirajara, en lugar de pagar una gran cantidad de dinero a un tribunal de arbitramento. “Tendremos un retraso que afectará seis kilómetros de doble calzada y el paso por Guayabetal, eso implica más trancones, más gasolina, más frenos, más llantas”, detalló el funcionario.

De esta forma se resolvería uno de los dos grandes problemas de movilidad de este corredor: el de la inestabilidad geológica. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario han identificado ocho puntos críticos que, de atenderse, mejorarían las condiciones de movilidad de la vía. Su intervención se calcula, según cifras previas, en $100.000 millones. “Esa no es la cantidad que les estamos pidiendo, pero sí debería ser una parte grande de ella”, explicó Gutiérrez, quien no reveló la cifra exacta que esta cartera le pediría al concesionario.

En esos tramos es frecuente que se presenten derrumbes, lo que supone hacer cierres y desviaciones que perjudican el tránsito desde el centro del país hacia los Llanos Orientales, y viceversa. De hecho, el pasado fin de semana se reportaron varias emergencias que tuvieron repercusión sobre el turismo, principalmente durante la fiesta de la Asunción de la Virgen.

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A pesar de que el concesionario argumentó que la responsabilidad debía recaer sobre Gisaico S.A. e Icmo S.A.S., subcontratistas a cargo del viaducto, para el Gobierno se trata de un error completamente imputable a Coviandes, que tenía la obligación de construir y entregar el puente, y “si no lo hace y tiene errores de diseños por terceros o por quienes sea que ellos hayan contratado, es su culpa”, enfatizó Gutiérrez.

Para el viceministro “tiene sentido jurídico” que ellos asuman las obras; “no entiendo por qué no debería salir cuando los perjuicios son evidentes, es un tema de equidad”. Además de una oportunidad para resolver un problema que de otra forma persistiría 36 años, pues la concesión de ese corredor (ahora en manos de Coviandina, del mismo grupo empresarial) termina en 2054 y el Estado no tiene recursos para atenderlo por su cuenta. “Si no resolvemos eso vamos a seguir teniendo cierres de acá en adelante hasta que consigamos la plata”.

Al mismo tiempo, la ANI avanza en el proceso sancionatorio que, de acuerdo con el contrato, conlleva una multa de $10 millones por cada día de atraso.

Según el viceministro, esa penalidad es muy baja, es más un “valor simbólico”, porque quedó mal estructurada. “Estamos hablando de un contrato de los años 90 donde no se especificó que el valor se debía actualizar cada año y traerlo al presente con la inflación”.

Si se cumplen los tiempos y se entrega el viaducto a mediados de 2020, con la multa se recaudarían $5.000 millones, los cuales se destinarían al pago de la interventoría que debe supervisar el avance de la obra en los próximos meses.

Pero el viceministro es enfático en que la suma es insignificante: “¿Cuál es el perjuicio que van a recibir? Realmente ninguno, más allá del tema reputacional no hay mayor costo, es un monto que no les hace ni cosquillas”, dijo, e insistió en que Coviandes debe pagar por el daño que le ocasionó al país, que “no puede simplemente estar tasado en esos $10 millones diarios”.

De acuerdo con Gutiérrez, la vía Bogotá-Villavicencio “es el mejor proyecto de infraestructura que hay en el país” y “la mejor vía que tienen los colombianos”.

Antes de Chirajara, Coviandes era, según Gutiérrez, “la concesión de mostrar”, había avanzado de forma importante en la construcción, superando las fechas del cronograma. Incluso ahora, después de la tragedia, el Ministerio reconoce que la firma sigue trabajando, aunque hay un descontento por la posición que ha asumido Coviandes de no contestar peticiones ni asistir a asambleas públicas. “Tenemos un problema de interlocución complejo a raíz de un tema delicado, porque se cayó un puente. La gente está molesta y ellos nos dan respuestas que generan una antipatía más grande; es una queja de todo el mundo”.

Así es la vía Bogotá-Villavicencio

El contrato del segundo tramo de la vía Bogotá-Villavicencio, que va de El Tablón a Chirajara, se adjudicó en 1994. Sin embargo, en 2010 se incluyeron otras obras en un otrosí (nueva calzada doble, conectantes, retornos, accesos veredales), dado que el alcance inicial era menor y no contemplaba, por ejemplo, la segunda calzada.

Inicialmente, el proyecto se iba a financiar con recursos que dejaran el petróleo y otras regalías, pero fue necesario un esfuerzo adicional del departamento y la nación dado su costo final: $3,3 billones, por cuenta de 53 modificatorios.

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Las obras del último tercio (Chirajara-Villavicencio) están a cargo de Coviandina, que tiene contrato con el Estado hasta 2054 para la construcción de una doble calzada, 20 puentes, siete túneles y un viaducto. Además, es quien pasa a asumir la operación y el mantenimiento de todo el corredor.

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