Estos son los alcances de los nuevos impuestos para atender crisis en Catatumbo

Siguiendo una larga tradición en Colombia, el Gobierno oficializó este viernes tres nuevos impuestos, destinados a financiar las medidas decretadas para atender la crisis en el Catatumbo.

Como se había anunciado desde hace unas semanas (aunque con leves cambios), se trata de: IVA a los juegos de azar y las apuestas en línea; impuesto de 1 % a las ventas de petróleo y carbón (internacionales y algunas nacionales) y, por último, un impuesto de timbre de 1 % para trámites notariales (que superen las 6.000 UVT, poco más de $298 millones). Si bien inicialmente se había hablado de mantener el recaudo por la duración de la conmoción interior, el Gobierno decidió ampliar este plazo por el resto de la vigencia fiscal, o sea, hasta que termine 2025. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, hay precedentes jurídicos acerca de esta extensión de impuestos durante un estado de excepción, perspectiva que fue confirmada por expertos de la Red de Trabajo Fiscal.

Detalles de los nuevos impuestos

- Juegos de azar en línea: actualmente, los juegos de azar y las apuestas que se manejan en línea no pagan IVA en Colombia y la intención del Gobierno es que estas transacciones queden gravadas con 19 %, como muchos otros productos y servicios en el país.

El decreto establece que estos servicios pagarán IVA, así sean operados desde el exterior, que era una de las preocupaciones de los empresarios del sector, pues si no se iguala esa cancha se termina privilegiando a una parte. Así mismo, el decreto le da facultades a Coljuegos para que pueda controlar las plataformas ilegales, además de ordenar trabajar en conjunto con el Ministerio TIC para hacer un control efectivo sobre este punto.

-Impuesto a exportaciones de petróleo: se impone un impuesto de 1 % a “la exportación definitiva al resto del mundo y la primera venta dentro o desde el territorio nacional, de hidrocarburos y carbón”, se lee en el decreto.

El impuesto se causará sobre los siguientes productos, específicamente: “Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla, aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso”. A todos estos bienes se les aplicará una tarifa de 1 %. Por fuera de este impuesto queda el crudo que la Agencia Nacional de Hidrocarburos reciba por concepto de regalías.

-Impuesto de timbre: en la actualidad, este tributo sólo aplica para los trámites notariales sobre bienes inmuebles cuyo valor está por encima de las 20.000 UVT (casi $996 millones para 2025). La idea es que este impuesto se aplique a los trámites y servicios notariales, especialmente, cuyo valor esté por encima de los $298 millones, pero que no sean referentes a bienes inmuebles porque para estos aplica una tarifa distinta (aprobada desde la reforma tributaria de 2022).

Las razones y polémicas detrás de estos impuestos

Hasta el momento, el Gobierno ha presentado una agenda de apoyo económico al Catatumbo que incluye asuntos como subsidios en el servicio de agua potable y alivios financieros y crediticios para los productores del campo que tengan créditos de inversión en el agro, entre otras varias medidas.

De fondo, la administración Petro busca brindar seguridades y estabilidad en asuntos como producción agrícola, seguridad alimentaria y financiera, así como tenencia de la tierra, por mencionar algunos puntos. A pesar de la urgencia y necesidad de estas medidas, hay algunas dudas acerca de la conveniencia de estos nuevos tributos.

Para César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, la pregunta principal es qué tan necesaria es una reforma tributaria o aumentar los ingresos por medio del decreto de conmoción interior. El presupuesto para 2025 tiene $523 billones, pero se espera que se reduzca a $511 billones (debido a la caída de la ley de financiamiento). Aun así, el analista considera que hay un espacio para seguir reduciendo el presupuesto actual y priorizar el gasto en temas tan importantes como la situación en el Catatumbo, en lugar de seguir aumentando la carga tributaria que puede afectar la inversión y el crecimiento económico.

El IVA a los juegos de azar era una de las previsiones claves de la ley de financiamiento que se hundió en el Congreso y, de paso, fue uno de los puntos que más generó discusión entre los congresistas.

Este sector ha tenido un comportamiento excepcionalmente bueno, pero no tributa como debería (y como sí lo hace la variante de esta actividad que se hace presencialmente). De acuerdo con cálculos del propio Ministerio de Hacienda, este renglón pasó de tener un crecimiento anual promedio de 4,4 % entre 2006 y 2020 a 26,8 % entre 2021 y 2023. Esto representa un crecimiento siete veces mayor que el PIB, si se miran las cifras de la pospandemia.

En términos de ingreso, según las estimaciones de Hacienda, esto implica que este tipo de apuestas pasaron de representar unos $16 billones en 2021 a $35,6 billones en 2023. “Este comportamiento demuestra la posición sólida que tiene el sector para contribuir más equitativamente al sistema tributario sin que ello comprometa su viabilidad económica”, se lee en un documento del Ministerio.

Parte de la razón para gravar los juegos de azar en línea con la máxima tarifa de IVA es que estos servicios, argumenta el Gobierno, son “bienes de lujo”. “A diferencia de los bienes esenciales, como los alimentos y los medicamentos, que forman parte de la canasta básica, los juegos de azar no son necesarios para la vida cotidiana ni para el bienestar fundamental de las personas”, se lee en un concepto del Minhacienda. A la vez, la administración nacional estima que gravar estos servicios no afectaría significativamente su demanda.

A pesar de esta justificación, algunos analistas han advertido que, debido a la complejidad de este sector, la aplicación del impuesto debe hacerse de manera técnica para no afectar el dinamismo de esta industria, lo que a la larga sería contraproducente frente a las intenciones de tributación, justamente.

La suerte de resurrección del impuesto de timbre, que hoy sólo aplica para ventas de inmuebles por encima de las 20.000 UVT, no es una buena decisión para algunos analistas. Esto, en buena medida, porque el tributo se considera anacrónico y poco eficiente, en la medida en la que ataca la formalización en procesos de escrituración y, en general, de trámites ante las Notarías.

De hecho, la DIAN ha adelantado estudios en los que ha conceptuado que este tributo debe desaparecer del panorama de impuestos en el país. Pero las presiones fiscales han permitido que siga gozando de una vida extra, a pesar de ser reconocido como negativo.

En el lado del impuesto a las primeras ventas de petróleo y carbón, hay varias opiniones en contra, algunas desde gremios del sector, como era previsible. Aun así, como hasta este viernes se publicó el decreto, las empresas siguen analizando su posible impacto.

Por ahora, Carlos Cante, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbon), afirmó que esta medida hace parte de la “estrategia del Gobierno para acabar con la competitividad de los carbones colombianos”, amparándose en el discurso de la transición energética. Agregó que el impuesto grava tanto a los carbones térmicos como metalúrgicos, sin importar la escala de producción, por lo que se verá afectada la gran minería de carbón, pero también la mediana y pequeña minería del interior del país.

Cante advirtió que este impuesto puede tener efecto en otros sectores: “No podemos olvidar que los carbones en Colombia se usan para diferentes industrias como la generación de energía, la elaboración de ladrillo, cemento y acero, entre otros, que se verán impactados por este tipo de tributos. Adicionalmente, con el riesgo de interpretación técnica de que este no sea un monotributo que se paga una sola vez dentro de la cadena, sino que existe la posibilidad de que se genere y pague dos veces cuando el comercializador no es el mismo productor”.

Preliminarmente, para Pabón, el impuesto para el sector minero energético es el “más antitécnico” de los tres anunciados por el Gobierno, especialmente por su enfoque en las exportaciones. “Este sector ha sido el que más se ha gravado, donde más ha aumentado la tributación desde la reforma de 2022: poner un impuesto más seguirá afectando su desempeño”.

Y agregó que el petróleo y todo el sector minero energético sigue siendo nuestra principal fuente de divisas, son clave en las exportaciones, en la inversión extranjera directa y en los ingresos fiscales, de ahí que este tipo de decisiones podrían traer consecuencias en el mediano y largo plazo en todas estas variables. A fin de cuentas, en la economía nacional.

Julio César Vera, experto en el sector y presidente de XUA Energy, coincide con Pabón en que poner mayores impuestos al sector de hidrocarburos, especialmente unos que son “atípicos”, terminará afectando la competitividad del país y la inversión. “Puede traducirse no solo en menores divisas, sino en un deterioro de la actividad, menor producción y menores reservas e ingresos a corto y mediano plazo en cuanto a regalías e impuestos. En general, creo que así sea temporalmente, no es una buena decisión. Seguimos matando sin necesidad la gallina de los huevos de oro”.

La preocupación es aún mayor, considerando que los tres impuestos no se establecieron por 90 días, como se pensó inicialmente, sino por todo el año y que Diego Guevara, ministro de Hacienda, explicó esta semana que con la reforma tributaria que presentará el Gobierno al Congreso se buscará que estos impuestos se vuelvan permanentes.

“La reforma no es solo para meter impuestos, también es para cumplir con la promesa de bajar el nivel de impuestos de 35 % a 30 % para las pequeñas y medianas empresas, insistiremos en ese punto, así como en la ley de amnistías y procesos para facilitar pagos con la DIAN. Hoy no tenemos un título de gasto y habilitación para pagar la opción tarifaria con deuda, ese es un tema en el que también insistiremos”, explicó Guevara esta semana en un foro organizado por Anif.

La agenda del Gobierno en este tema, con seguridad, enfrentará un camino complejo en el Congreso, que negó hace apenas un par de meses la ley de financiamiento y desde donde han llovido críticas en medio de la inestabilidad del gabinete del presidente Petro luego del consejo de ministros televisado.

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