Obras por impuestos: gustan, pero no se ven

Entrega de dotación escolar en el municipio de Tame, Arauca. / Cortesía - ART

A Perú, autor del mecanismo, le tomó varios años convencer al sector privado de que pagara sus impuestos con obras públicas. Colombia, que lo replicó con la reforma tributaria de 2016, lo logró casi de inmediato. A 12 meses de haber lanzado la convocatoria, la cantidad de proyectos y su valor no solo superan lo registrado en 2018, sino que sobrepasan la expectativa del Gobierno.

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El programa, que busca que las empresas financien y ejecuten obras en los municipios más afectados por el conflicto como pago de sus declaraciones de renta, se encuentra por estos días en el proceso para definir quiénes serán los autorizados para esta vigencia, lo cual se anunciará el 1º de abril.

De acuerdo con el balance entregado por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), las iniciativas elegibles inscritas en el banco de proyectos hasta el pasado 28 de febrero para ser ejecutadas este año superan los $381.287 millones.

En total son 65 propuestas. Incluso se mantuvieron dos proyectos que están en el banco desde marzo de 2018 y quedaron sin doliente tras la selección de la primera versión de obras por impuestos: un sistema de alcantarillado para El Guamo (Bolívar) por $11.456 millones y nuevas redes de acueducto para Riohacha (La Guajira) por $4.702 millones.

Para esta vigencia el protagonismo lo tiene el sector transporte, con 24 proyectos, por $207.000 millones. El más ambicioso de ellos es la rehabilitación de la vía Saravena-La Antioqueña, en Arauca, con el cual se busca beneficiar a más de 270.000 personas en tres municipios, con una inversión de $29.946 millones.

También hay grandes apuestas por el sector de agua y saneamiento, con 20 proyectos por $100.000 millones en 12 departamentos, y por el sector educación, con 19 proyectos para la dotación de colegios principalmente en nueve departamentos, por $51.000 millones.

Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, resaltó que de los 65 proyectos registrados, 34 están ubicados en zonas donde se desarrollan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) por sus condiciones de violencia, economía ilegal, pobreza y bajo desempeño institucional, y suman $231.000 millones.

Cabe recordar que en diciembre de 2018 el Gobierno nacional, a través del Confis, aprobó un cupo de $250.000 millones para ejecutar obras por impuestos, lo que significa que solo en propuestas se sobrepasa ese techo en más de $130.000 millones. Para el Gobierno, esta cifra supera sus expectativas y demuestra el interés de los privados.

La vicepresidenta de Fiduprevisora, Margarita Arenas, se mostró muy optimista con la convocatoria: “Es impresionante el sentido social de las empresas de invertir en zonas donde hay muchas deficiencias de infraestructura de todo tipo, a pesar de que son conscientes de que el mecanismo no representa un beneficio tributario”, dijo.

La entidad administra 21 de los 23 proyectos avalados el año pasado, que suman $218.000 millones, y espera de nuevo una participación significativa durante 2019.

Según Arenas, los acercamientos previos les han demostrado que hay más empresas interesadas en otros departamentos, que hay nuevos jugadores detrás del mecanismo y que compañías como Seapto y Ecopetrol pretenden repetir. Esta última proyecta inversiones por $90.000 millones.

Sin embargo, a la fecha solo se han entregado dos de los 23 proyectos prometidos el año pasado: el de la red multiservicios Seapto (Gana Gana), que entregó 150 computadores a 13 instituciones educativas en Tolima (en noviembre de 2018), y el de la petrolera Parex para la dotación de seis escuelas en Tame (Arauca).

En este último grupo se encuentra Ecopetrol, que se vinculó al mecanismo con siete proyectos: dos de dotación (para escuelas en Barbacoas y Tumaco, en Nariño) y cinco de infraestructura (mejoramiento de vías en Caquetá, Arauca, Putumayo y Cesar, y construcción de una nueva en el Meta). Los contratos de dotación están en ejecución desde el 22 de enero, pero los de infraestructura aún no tienen interventores y reportaron estar “en proceso precontractual”.

En una situación similar está Empresas Públicas de Medellín (EPM), que se asoció con cuatro proyectos en Antioquia: tres de acueducto y alcantarillado para Apartadó y Turbo, y uno de vías terciarias para Cocorná. A la fecha no se ha contratado la interventoría ni el ejecutor de la obra.

Pero no se puede desconocer que han sido exitosos los proyectos de EPSA (rehabilitación vía terciaria en Suárez, Cauca), que a febrero tenía una ejecución de 27,4 %; de Corona (institución educativa en Sonsón, Antioquia), con un avance de 16,22 % a enero; de la eléctrica Diselecsa (mejoramiento de vía terciaria en Chalán, Sucre), cuya ejecución real a febrero iba en 11,2 %, y de Cerrejón (ampliación del acueducto de Riohacha), que reportó un avance de 1,4 % el mes pasado.

Por ahora, el Gobierno trabaja en simplificar el programa y ajustarlo según los vacíos que identifique sobre la marcha. La Ley de Financiamiento, el Plan de Desarrollo y un nuevo decreto reglamentario podrían darle un giro a partir del próximo semestre. Los cambios que hagan le apuntarán, especialmente, a que no se presenten retrasos en el cronograma.