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Después de un par de meses de especulaciones la Contraloría ratificó su fallo de responsabilidad fiscal, por $4,3 billones, contra 26 personas y empresas por el caso Hidroituango. Con la confirmación se enredó todavía más la perspectiva de culminación del proyecto.
Tras el fallo, EPM aseguró que avanza en el análisis y definición de alternativas para continuar con las obras del Proyecto Hidroeléctrico Ituango que tiene que empezar a producir energía el próximo año.
La empresa dijo que la entrada en operación es importante para la seguridad energética del país, pero que más allá de eso es “fundamental para mitigar los riesgos de las comunidades ubicadas aguas abajo de la presa”.
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El mayor riesgo está asociado al vertedero, el único sistema de descarga del embalse, que tiene la capacidad de evacuación de las aguas del río Cauca: “Ha funcionado adecuadamente, sin embargo no fue previsto para operar como sistema de descarga permanente e indefinido en el tiempo”.
De ahí que, EPM aseguró que en el Puesto de Mando Unificado (PMU), convocado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, presentará la actualización de la matriz de riesgos y los planes para asegurar la continuidad de las obras.
La ratificación del fallo de la Contraloría, que se dio a conocer el viernes, llega nueve meses después de que la entidad imputara cargos por el caso Hidroituango, que en su momento cobijó a 28 personas naturales y jurídicas.
Es valido recordar que solo 24 horas antes de que se conociera el fallo, EPM presentó un preacuerdo con los constructores para asegurar que el proyecto hidroeléctrico sí entrará a operar con sus dos primeras turbinas en 2022 (junio y noviembre, según pronunciamientos del presidente Iván Duque).
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