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Encender la luz suele estar al alcance de la mano en la mayoría de los hogares colombianos. Sin embargo, la energía tiene un riesgo sistémico en este momento. Los subsidios que dan luz y calidez a millones de hogares de estratos 1, 2, y 3, especialmente, todavía no se han girado, lo que deja a las habitantes al borde de un apagón y a las empresas del apagón financiero.
La deuda del Estado asciende a $7,6 billones y amenaza con volverse impagable, según la Contraloría. Ese monto, que equivale a más de 60 % del presupuesto anual del Ministerio de Minas y Energía ($11,2 billones), representa subsidios y pagos pendientes por energía eléctrica y gas. Una cadena de obligaciones que compromete las operaciones de empresas como Air-e (intervenida por el Gobierno) y pone en riesgo la prestación del servicio a más de 20 millones de colombianos de estratos 1, 2 y 3.
La alarma no llega esta vez de las empresas del sector —que llevan meses en bandera roja—, sino del organismo de control. Por tal motivo, la Contraloría General y la Procuraduría conformaron una comisión especial para vigilar, apurar respuestas y prevenir lo que ya llaman un “riesgo sistémico” para la sostenibilidad del sector energético.
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Ayer, citaron a una mesa de trabajo urgente al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Libardo Yanod Márquez, y su equipo técnico. Una exigencia directa para que explique cómo y con qué recursos pretende el Estado mantener en pie un sistema que está al borde del colapso financiero.
Por su parte, el director de Energía del Ministerio de Minas y Energía, Víctor Paternina, señaló que el mencionado apagón no ocurrirá, pues el presidente Gustavo Petro ya dio la instrucción para que estos dineros se paguen a las empresas, en el corto plazo.
Para esto, señala, se han adelantado mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda. En estas se ha buscado conciliar los valores que se deben, para así aterrizar las cifras y poder programar los pagos.
Paternina resaltó que el sistema de generación y distribución de energía eléctrica en Colombia es robusto desde el punto de vista técnico como regulatorio, de allí que todo fantasma de un apagón, más allá de lo financiero, es falso.
Radiografía de la deuda
Según cifras del Comité Intergremial de Energía y Gas, la deuda se reparte así:
- $2,7 billones corresponden a subsidios eléctricos no girados.
- $3,3 billones por la llamada “opción tarifaria”, un mecanismo que permitió diferir el pago de las facturas durante la pandemia.
- $1 billón es deuda de entidades oficiales usuarias.
- $628.000 millones están pendientes en subsidios para gas combustible.
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Ese lastre financiero no solo afecta el flujo de caja de las empresas que prestan el servicio. También genera un efecto dominó: sin subsidios girados, las compañías no pueden cubrir sus costos operativos, ni pagar a sus proveedores en el mercado mayorista. Es decir, se corta la cadena de suministro, se degrada la calidad del servicio y se pone en jaque la cobertura.
Air-e, la compañía que presta el servicio de energía en la región Caribe y que fue intervenida por el Gobierno en 2020 tras un colapso financiero, es el caso más crítico. La agente especial a cargo de su administración solicitó recursos por $2,8 billones para asegurar su operación en 2025. Sin ese salvavidas, la empresa simplemente no puede garantizar la prestación del servicio.
La Superintendencia de Servicios Públicos, por su parte, ha sido requerida para explicar no solo cómo está monitoreando esta crisis, sino con qué criterios jurídicos impide la coadministración en empresas intervenidas como Air-e También debe detallar el estado del Fondo Empresarial —el mecanismo de rescate financiero del sector— y justificar los mutuos por $148.000 millones que ya ha girado.
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Subsidios que no subsidian
Un estudio reciente de la Contraloría reveló fallas estructurales en la asignación y sostenibilidad de los subsidios energéticos. Según ese análisis, el sistema actual basado en estratificación social no garantiza que los subsidios lleguen realmente a quienes los necesitan. Peor aún: muchas veces terminan beneficiando a hogares con capacidad de pago, mientras excluyen a familias vulnerables mal clasificadas.
La investigación abarca el periodo 2014-2024 y deja en evidencia serias deficiencias en la entrega y gestión de los subsidios. En los últimos diez años, la Contraloría ha identificado irregularidades por más de $190.000 millones, asociadas a presuntos delitos fiscales, disciplinarios y penales.
Una lógica fiscal desconectada de la lógica social. La propuesta de la entidad es reemplazar este esquema por el Registro Universal de Ingresos (RUI), administrado por el Departamento Nacional de Planeación.
Si el sistema colapsa, se pone en riesgo la prestación continua de servicios en hospitales, escuelas, acueductos y en los propios hogares. Y se dispara la tensión social en regiones donde la confianza institucional ya es débil.
Además, el impacto de esta deuda va más allá del usuario final. Afecta a todo el ecosistema energético: desde las generadoras hasta las transportadoras y distribuidoras.
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