20 Jul 2021 - 8:09 p. m.

Plan de austeridad en la reforma tributaria: el Gobierno se aprieta el cinturón

El proyecto de ley que radicó el Gobierno este martes incluye un plan de austeridad con el que se busca recaudar $1,9 billones anuales. Contempla que se reduzcan gastos para viáticos y se dejen de adquirir celulares nuevos, entre otras disposiciones.

Redacción Economía

Redacción Economía - Negocios

El proyecto de ley de reforma tributaria que radicó el Gobierno en el Congreso este 20 de julio contempla, entre otras medidas, que el Gobierno reduzca ciertos gastos y frene el crecimiento de la burocracia. Con este plan de austeridad se busca recaudar $1,9 billones anuales.

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La iniciativa plantea que en los siguientes 10 años el crecimiento anual por adquisición de bienes y servicios de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación no podrá superar la meta de inflación esperada para cada año en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

En ese tiempo, las modificaciones a las plantas de personal deberán ser a costo cero o generar ahorros. Así mismo, los órganos que conforman el Presupuesto General deberán hacer los siguientes recortes:

1. Reducir progresivamente los gastos destinados a viáticos y gastos de viaje, papelería y gastos de impresión, publicidad, adquisición de vehículos y combustibles que se utilicen en actividades de apoyo administrativo, hasta alcanzar un 50 % de ahorro con respecto a lo ejecutado en 2019, ajustado por inflación.

2. Abstenerse de renovar o adquirir teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, internet y datos para los servidores públicos de cualquier nivel. En esa línea, deberán desmontar gradualmente los planes o servicios que tengan contratados actualmente, a excepción de aquellos que se destinen para prestar el servicio de atención al ciudadano y los que hagan parte de la dotación del personal que garantiza la seguridad de beneficiarios de esquemas.

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3. Implementar medidas que tiendan a reducir los gastos de arrendamiento de instalaciones físicas. Esto, considerando su costo y la situación de trabajo en casa, y teletrabajo, a fin de no efectuar renovaciones y proceder a la entrega de los inmuebles, si corresponde, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada contrato de arrendamiento.

4. Reducir de manera progresiva la suscripción de contratos de prestación de servicios técnicos o profesionales con personas naturales o jurídicas. Salvo en los eventos en que no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades requeridas. Deberán alcanzar un ahorro del 10 % respecto de su asignación presupuestal correspondiente a la vigencia fiscal 2019. “En cualquier caso, dicha disminución no podrá ser inferior al 1 % anual”, dice el articulado.

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El apartado de reducción de gastos incluye también un artículo que faculta al Gobierno para proponer al Congreso una reducción de mínimo 5 % anual de las transferencias incorporadas en el Presupuesto General durante cinco años.

Esto no incluye aquellas de rango constitucional o específicas del Sistema General de Participaciones (SGP), ni a las transferencias destinadas a los pagos de seguridad social, aportes a las universidades públicas y al cumplimiento de fallos judiciales.

El ajuste en el gasto no será aplicable a los órganos autónomos que estén exceptuados de cumplir estas medidas según la Constitución Política. Tampoco se aplicará a los gastos relacionados con la seguridad nacional y el mantenimiento del orden público, o los destinados a los procesos electorales.

No obstante, el texto indica que la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional tendrán un año para realizar una revisión integral de los esquemas de seguridad, evaluando su necesidad, alcance y proporcionalidad.

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El proyecto de ley también dice que el Presidente tendría facultades extraordinarias para que en máximo seis meses pueda expedir normas que permitan suprimir, fusionar, reestructurar, modificar entidades, organismos y dependencias de la rama ejecutiva.

Las normas podrían disponer la fusión, escisión o disolución y consiguiente liquidación de entidades públicas, sociedades de economía mixta, sociedades descentralizadas indirectas y asociaciones de entidades públicas en las cuales exista participación de entidades públicas del orden nacional. A su vez, podrían incluir las modificaciones presupuestales necesarias para el funcionamiento de las entidades intervenidas.

Lea el proyecto de ley a continuación:

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