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Cerca de 15 horas gastaron los representantes a la Cámara en el segundo día de debate al Plan Nacional de Desarrollo que llegó al Congreso con una ponencia de 349 artículos. Al final de la jornada, quedó aprobado cerca del 90 % del articulado.
Cuatro temas que concentraron el interés de los representantes a la Cámara fueron el pensional, Electricaribe, la JEP y la vivienda rural.
La representante Norma Hurtado, del Partido de la U, solicitó el retiro de unos 10 artículos relacionados con protección social, que fue interpretado como una mini reforma pensional. La petición fue apoyada por los partidos de oposición. Los artículos eliminados fueron el 59, 81, 82, 83, 197, 202, 203, 204, 247 y 346.
El artículo 59 tiene que ver con el pago de las cesantías definitivas y parciales de los docentes que serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El acto administrativo de reconocimiento de la pensión se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.
Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las obligaciones definidas por la ley, con excepción de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET).
El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó que con el artículo 59 se propone pagar una deuda histórica con los maestros.
También se propone revocar pensiones públicas que fueron mal otorgadas y se busca eliminar la doble pensión de vejez e invalidez al tiempo.
Sobre los Beneficios Especiales Periódicos (BEP) para las personas que cotizaron, pero no alcanzaron a obtener una pensión, se daría la opción que reclame sus ahorros o los reciba cada mes a través de los BEP, y para decidir tienen cuatro meses, para evitar que los fondos de pensiones se queden con esos recursos, explicó Londoño.
Ahora con el piso mínimo se busca decirles a las personas que comiencen a hacer un aporte para obtener beneficios sociales. Las personas que tengan relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un salario mínimo mensual legal vigente deberán vincularse al Piso de Protección Social, integrado por el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en Salud, y el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos como mecanismo de protección en la vejez.
Los aportes al programa de los Beneficios Económicos Periódicos deberán ser asumidos por el empleador o el contratante y corresponderá al 15% del ingreso mensual del trabajador o contratista. (De interés: Cámara elimina minirreformas laboral y pensional en el Plan de Desarrollo).
Lo cierto es que el Plan Nacional de Desarrollo se quedó sin una propuesta pensional por lo menos en su paso por la Cámara. Lo que se busca es que el Gobierno lleve estas propuestas en la reforma pensional que anunciaron los ministros de Hacienda y Trabajo para finales de este año.
Electricaribe: costeños vs. cachacos
El estudio de la propuesta que busca garantizar el suministro de energía eléctrica en los siete departamentos de la costa Caribe y de unos 10,5 millones de usuarios, que finalmente fue aprobada, enfrentó la tesis de congresistas del interior con la de la bancada costeña.
Representantes de Antioquia denunciaron que el Gobierno le está metiendo la mano al bolsillo de los colombianos y crea un marco regulatorio que limita las posibilidades de que EPM preste más del 25 % de generación, distribución y comercialización de energía. Propone cobrar $4 por kilovatio consumido durante los próximos dos años. “El hecho generador será el kilovatio hora consumido, y los responsables del pago de esta sobretasa serán los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, los usuarios comerciales e industriales y los no regulados del servicio de energía eléctrica”, sostiene la iniciativa avalada.
El representante de la U Óscar Tulio Lizcano señaló que a pesar de ser de Caldas, se solidariza con la costa en virtud de que el problema de Electricaribe es estructural y se busca solucionar un problema de una empresa que tiene un costo pensional de $1,2 billones para más de 700 pensionados.
“Merecemos respeto y solidaridad”, dijo Alonso José del Rio Cabarcas, del partido de la U, al recordar que la construcción del metro de Medellín y la financiación del metro de Bogotá es con recursos nacionales. María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, recordó que al Caribe colombiano lo componen siete departamentos con más de 10,5 millones de habitantes y lo que se busca es que no se apague esta región del país. Recordó que Electricaribe está intervenida desde noviembre de 2016.
Germán Navas Talero dijo que como representante a la Cámara por Bogotá no votará porque los bogotanos “no tienen por qué pagar la irresponsabilidad de otros”.
Pese a la discusión, lo cierto es que a partir de la expedición de la presente Ley y hasta el 31 de diciembre de 2022, se crearía una sobretasa nacional de $4 por kilovatio hora de energía eléctrica consumido, que sería recaudada por los comercializadores del servicio de energía eléctrica y girada al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
La sobretasa sería destinada al pago de las obligaciones financieras en las que incurra el Fondo Empresarial para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica de las empresas de energía eléctrica en toma de posesión en el territorio nacional.
Por otro lado, el artículo 148 que procura la autonomía administrativa, técnica y presupuestal de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz, desató agrias acusaciones.
Dice la iniciativa que con el fin de garantizar el funcionamiento y autonomía administrativa, técnica y presupuestal de la UIA, el director ejercerá de manera exclusiva e independiente todas las funciones que correspondan para determinar la estructura y funcionamiento de la Unidad.
(Contexto: Cámara de Representantes comenzó votación del Plan Nacional de Desarrollo).
Por último, la suerte de los recursos para la construcción de la vivienda rural y la entidad encargada de manejarlos y ejecutar los programas habitaciones suscitó discusiones. Al final fue aprobado el artículo 262 como viene en la ponencia para el segundo debate.
La propuesta sostiene que el Gobierno nacional diseñará un plan para la efectiva implementación de una política de vivienda rural. A partir del año 2020 su formulación y ejecución estaría a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y ya no en el Ministerio de Agricultura, por lo que será la primera entidad la encargada de coordinar y liderar la ejecución de los proyectos de vivienda y mejoramiento de vivienda encaminados a la disminución del déficit habitacional rural.
Por otro lado, este Plan contempla una rebaja del IVA en el precio de los combustibles del 19 % al 5 %, con el cual el Gobierno busca aliviar el faltante fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que asciende a $13,8 billones.