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El pasado miércoles 12 de febrero, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició su indagación en varias empresas de gas natural y también en Naturgás, el gremio que reúne a 29 compañías productoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras, por los aumentos anunciados en las facturas de gas.
La Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión, que acompañó parte de la visita a Naturgás, dejó en un acta 16 conclusiones en las que se incluyen algunas dudas que quedaron sobre cómo se adelantaron las visitas al gremio.
En la lista está que la SIC no aportó el acto administrativo que inicia la averiguación preliminar con la que se realizó la visita del 12 de febrero, tampoco el expediente administrativo, “vulnerando posiblemente lo dispuesto en el artículo 36 del CPACA”.
La entidad dijo que el “despacho”, como lo denominó la Superindustria, estaba conformado por cuatro contratistas por prestación de servicios y un funcionario público de cargo profesional universitario adscritos a la Delegatura de Promoción y Protección de la Competencia, y que no tenía conocimiento del acto administrativo ni del expediente.
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Aunque la SIC dijo que el acto administrativo que faculta a los contratistas a practicar las pruebas es la credencial de visita, la Procuraduría dijo que tiene “dudas” frente a que ese documento se considere un acto administrativo. Además, el acta dice que se practicaron pruebas sin orden judicial, sin determinar su naturaleza “ni los procedimientos adyacentes a cada tipo de pruebas”, entre otras cosas.
La Procuraduría dijo que hay dudas sobre las garantías y derechos fundamentales de los “interrogados” o “declarantes”, que “preocupa la subjetividad a partir de la cual se determinó las pruebas a practicar” y que se advierte la “no evidencia de las garantías probatorias de conducencia, pertinencia y utilidad”.
Esta no es la primera vez que la Superintendencia a cargo de Cielo Rusinque es objeto de críticas: la Procuraduría investiga a 16 funcionarios y contratistas por presuntas irregularidades en las visitas administrativas que realizó la entidad a la Registraduría y la Cancillería en marzo de 2024. Según el Ministerio Público, se habría extraído información de computadores institucionales y dispositivos móviles personales de servidores públicos que no correspondían al objeto de la averiguación preliminar. La superintendente se mantiene en que no ha habido abusos ni extralimitación de funciones en ningún caso.
Este jueves, Luz Stella Murgas, presidenta del gremio, también dio detalles de la visita en entrevista con Caracol Radio. Murgas explicó que entre el miércoles 12 de febrero a las 9:30 am y el sábado a las 2:30 am se realizó la inspección, que el gremio entregó toda la información requerida y que siguen entregando los datos adicionales que les pidió la SIC. El objeto de la inspección, asegura Murgas, fue amplio, pues la entidad buscaba información relacionada con el mercado del gas. “Durante toda la diligencia insistimos en que no conocemos los hechos objeto de investigación ni la hipótesis para poder ejercer el derecho de defensa”.
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La presidenta dijo que se extrajo información de los computadores, información histórica que está en la nube y de su celular, específicamente de WhatsApp. “Revisaron conversación por conversación y extrajeron para las bases de la Superintendencia aquellas que están relacionadas con el objeto social de Naturgás, pero al no tener claridad de los hechos que eran objeto de investigación, todo lo relacionado con mi función como líder gremial fue extraída. Por tres días mi celular estuvo bajo custodia”.
El aumento en los precios del gas, según las empresas, se debe a la necesidad de importar, pero el Gobierno sostiene que hay gas local suficiente para atender la demanda. El presidente Gustavo Petro aseguró que las empresas están especulando y que han preferido importar gas caro, “porque eso eleva las tarifas de energía”.
La respuesta de la SIC
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, dijo en entrevista con este diario que la investigación arrancó el año pasado, en el marco de las actividades de monitoreo que realiza la entidad, por lo que, sostiene, ya estaban programadas desde hace tiempo y no respondieron a las declaraciones recientes del presidente Petro. “No se planificaron hace ocho días ni hace 15. Nosotros no obramos al calor de un mensaje, porque para las visitas se debe hacer un alistamiento y una indagación preliminar”.
Para este punto del proceso, explicó la superintendente, no hay agentes investigados. Las indagaciones a gremios, defiende Rusinque, no son una novedad, de hecho, en el pasado ha habido sanciones, por ejemplo, contra Acemi y Asocaña; incluso en esta administración, en el marco de la COP-16, la entidad ordenó medidas cautelares contra Cotelco.
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La superintendente aseguró que la SIC “no quita celulares, no rapa computadores ni hace allanamientos”, sino que solicita “el material probatorio” y las personas indagadas lo entregan, porque no hacerlo puede implicar sanciones administrativas. “En el caso de los celulares, se solicitan cuando se considera que tienen información, no de tipo personal, sino corporativa o relacionada con los mercados que estamos investigando. El software que usamos es garante de la cadena de custodia, de la inalterabilidad de la información; todo eso queda en la huella hash, que es un instrumento que ofrece garantías de que solo accedamos a lo que tiene que ver con las conductas investigadas”, sostuvo.
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