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¿Por qué el MinTIC abrió una investigación contra Starlink en Colombia?

La lupa del Gobierno está puesta sobre la empresa de Elon Musk. Se le acusa de incumplir con la obligación de atenuar las señales de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Diego Ojeda
Berlin (Germany), 06/09/2024.- Modem kits are on display at the booth of Starlink by SpaceX during the opening day of the 100th IFA trade fair in Berlin, Germany, 06 September 2024. The IFA, the world's largest trade show for consumer electronics and home appliances, celebrates its 100th anniversary and takes place from 06 to 10 September 2024. (Alemania) EFE/EPA/CLEMENS BILAN
Las antenas de Starlink permiten a sus usuarios conectarse a internet satelital.
Foto: EFE - CLEMENS BILAN

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Starlink es una empresa de telecomunicaciones que comenzó a operar en Colombia en 2023. Es conocida por ofrecer servicios de internet satelital y por pertenecer a Elon Musk, empresario y propietario de compañías como SpaceX y Tesla, así como de la red social X.

Para acceder al servicio, los usuarios deben adquirir una antena que recibe las señales transmitidas por los satélites de órbita baja. Esta tecnología ofrece una ventaja importante: permite conectarse a internet incluso en zonas donde las redes tradicionales no tienen cobertura.

Recientemente, el gobierno de Abelardo de la Espriella (mediante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC) abrió una investigación administrativa y formuló cargos contra Starlink Colombia S.A.S. ¿La razón? Se presume que este operador está incumpliendo con su obligación legal de atenuar las señales de telecomunicaciones que cubren establecimientos penitenciarios y carcelarios.

El anuncio se da luego de que, durante un operativo en La Picota, se encontraran seis antenas Starlink y cientos de dispositivos de comunicación no autorizados. Otras verificaciones identificaron conexiones provistas por el mencionado operador en cuatro establecimientos carcelarios, entre los que figura Bellavista (en Antioquia); Acacías (Meta) y Las Heliconias (Florencia).

“Estos hallazgos motivaron la apertura de la actuación administrativa para determinar si Starlink adoptó las medidas legalmente exigibles para impedir que sus servicios facilitaran comunicaciones no autorizadas desde centros de reclusión. La ley colombiana es clara: los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tienen el deber de atenuar las señales que cubren los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Esta obligación está contemplada en el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado por la Ley 1709 de 2014”, detalló el Gobierno.

También se investiga a los otros operadores

Dada la coyuntura, la carrera de las TIC también anunció que abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra WOM, Claro y Tigo.

“Las actuaciones buscan establecer si estas empresas adoptaron las medidas necesarias para cumplir las disposiciones que ordenan restringir las señales de transmisión, recepción y control de los servicios de telecomunicaciones móviles dentro del establecimiento”, detalló.

En los operativos que se hicieron en La Picota se encontraron 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas Starlink y 38 módems, entre otros elementos electrónicos.

Estafas y extorsiones

No son pocas las denuncias que señalan que redes criminales de estafadores y extorsionistas operan desde la cárcel.

Las cifras que revela el Gobierno dan a entender la existencia de auténticos call centers que operan desde los centros penitenciarios.

Las modalidades ya son bien conocidas. En algunos casos se hacen pasar por trabajadores de entidades bancarias con el objetivo de obtener los datos de la tarjeta de crédito de sus víctimas; en otros suplantan la identidad de empresas como Meta para pedir códigos de verificación con los que roban el acceso a cuentas de Whatsapp.

El nivel de ingeniería social es tal que incluso pueden llegar a investigar a sus víctimas para extorsionarlas desde la cárcel. En el fondo, se trata de auténticas redes criminales que persiguen fines económicos.

Fuentes consultadas por este medio señalan que, si bien los operadores de telecomunicaciones deben cumplir las obligaciones que establece la ley, también deberían investigarse las responsabilidades de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y el orden al interior de los centros de reclusión (el INPEC). Esto, teniendo en cuenta que cientos de teléfonos celulares, decenas de módems y antenas de última generación no ingresan a las cárceles sin que exista algún tipo de falla en la seguridad.

Otras voces inmersas en la industria de las telecomunicaciones, que pidieron no se referenciadas, señalan que desde hace años han sido uno de los principales aliados de las autoridades en la lucha contra la extorsión y otros delitos que se originan desde los centros penitenciarios.

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Sicen que no solo han cumplido las obligaciones establecidas por la regulación, sino que han realizado inversiones y esfuerzos técnicos, operativos y económicos adicionales para identificar y bloquear líneas, dispositivos y comunicaciones asociadas a actividades delictivas.

"Estos resultados son monitoreados por las autoridades competentes y se reflejan en el incremento de los bloqueos reportados oficialmente durante los últimos meses. Asimismo, los operadores han mantenido una coordinación permanente con entidades como el INPEC, el Ministerio de Justicia y los organismos de seguridad, aportando capacidades técnicas e información para apoyar las labores de control. Sin embargo, el bloqueo de señales y comunicaciones debe entenderse como una medida complementaria dentro de una estrategia más amplia de seguridad", puntualizan.

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