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Con mensaje de urgencia, el gobierno presentó de nuevo el proyecto que busca dinamizar el mercado de valores centrado en crear alternativas de financiamiento para los actores económicos que no tienen acceso a los créditos de la banca tradicional y que tienen que recurrir al llamado “pagadiario” y “gota a gota”.
Es un proyecto de ley que busca financiamiento para todos buscando la formalización de los micro, pequeños y medianos empresarios.
El objetivo de esta iniciativa es dar un mayor dinamismo a las opciones de financiación, lo que permitirá impulsar el crecimiento económico, aumentar el bienestar social de los ciudadanos, a través de la generación de empleo y oportunidades, y continuar contribuyendo a la reactivación económica, precisa el Gobierno. La iniciativa “será clave en la lucha contra esquemas informales y altamente costosos, como los “gota a gota” o “pagadiario”. Esta iniciativa contribuirá a ese fin de universalizar el acceso a esquemas de financiamiento legales, seguros y a bajos costos”, explicó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.
El proyecto contempla que, “…el crédito de consumo de bajo monto tendrá apertura simplificada y podrá hacer uso de fuentes alternativas de información para definir el perfil crediticio, conforme a la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En este sentido, se deberá promover un acceso universal de las personas a dicho crédito. Para este propósito, el Fondo Nacional de Garantías deberá implementar productos de garantías que permitan respaldar hasta en un noventa por ciento (90%) los créditos de consumo de bajo monto”.
En el diseño de esta línea se deberá propender porque exista una asignación eficiente de los recursos en todas las regiones del país, incentivando además la colocación de créditos a través de diferentes actores, incluyendo entidades financieras, fintech, sector solidario, programas de crédito de entidades territoriales, y demás actores que permitan una adecuada irrigación de dichos créditos.
También sostiene la propuesta que el Gobierno “podrá subsidiar hasta el 100% de la comisión del Fondo Nacional de Garantías por el otorgamiento de la garantía devolviendo dicho costo a aquellos microempresarios informales que transiten hacia la formalidad, de acuerdo con la reglamentación que determine el Gobierno nacional”.
El gobierno justifica la presentación del proyecto teniendo en cuenta que, según cifras del DANE para el último trimestre móvil de 2021, el 44,9% de la fuerza laboral colombiana, equivalente a 4,89 millones de trabajadores, se encuentra en la informalidad. De este total, el 72,5% reportó ser trabajador independiente y el 71% laborar en espacios como viviendas, casetas, vehículos, puerta a puerta o en un sitio descubierto en la calle.
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Los microempresarios independientes obtienen alrededor del 15,5% de su financiación de modalidades informales como el “gota a gota”, las cuales conllevan costos elevados que pueden agotar el capital social de sus negocios, señala un informe del Banco de la República.
Bajo este escenario, la iniciativa presentada propone impulsar el financiamiento formal apalancando en las garantías que ofrece el Fondo Nacional de Garantías (FNG).
En la exposición de motivos que respalda el proyecto, un estudio del Banco de la República recuerda que en Colombia la población sigue teniendo un alto arraigo al efectivo, en el que el 87,4% de la población solo usa este medio de pago en sus gastos mensuales. La aceptación de medios de pago distintos del efectivo es baja, pues menos del 5% de las tiendas de barrio reciben pagos electrónicos, dice el informe y el uso limitado, tan solo el 7,3% del valor total de pagos mensuales en el total nacional, se realiza con tarjetas débito o crédito.
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Alrededor del 80% de las transacciones con tarjetas débito corresponde a retiros de efectivo, precisa la Superintendencia Financiera.
Para mejorar esta situación, el Gobierno nacional ha venido realizando esfuerzos importantes en la regulación del sistema de pagos. Para el año 2025, el gobierno espera que el 50% de la población adulta del país realice pagos y compras en línea.