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El Gobierno Nacional confirmó que radicará el próximo 11 de agosto un proyecto de ley con el que busca reducir las tarifas de energía en todo el país.
Según el anuncio, la propuesta que llegará al Legislativo apunta a cambiar la fórmula con la que actualmente se calcula el costo del servicio, lo cual impactaría directamente los valores que pagan los usuarios residenciales, comerciales e industriales.
La medida, de acuerdo con el Gobierno, también pretende garantizar la sostenibilidad financiera del sector y un equilibrio entre generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores y consumidores.
El proyecto será presentado ante el Congreso por el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y buscará responder a los reclamos de diferentes sectores ciudadanos por el alto costo del servicio, especialmente en la región Caribe.
Además de la modificación de la fórmula tarifaria, el Gobierno aseguró que incluirá medidas complementarias para mejorar la calidad del servicio y proteger a los usuarios. El documento señala que se han desarrollado mesas técnicas con diferentes actores del sector eléctrico, lo que habría permitido construir un consenso para esta propuesta.
La fecha de radicación del proyecto coincide con el inicio de una nueva legislatura, en la que el Gobierno espera avanzar en varias reformas estructurales. El trámite del proyecto será clave para evaluar el respaldo político a esta iniciativa, en un contexto de creciente presión por el alto costo de vida y los servicios públicos en el país.
Alta tensión en el sistema eléctrico
Aunque el país no ha tenido apagones en las últimas tres décadas, los márgenes entre oferta y demanda de energía en firme están cada vez más ajustados. De hecho, para el periodo 2024–2025, las curvas proyectadas por XM y la UPME muestran saldos negativos, lo que implica que, en condiciones críticas como una sequía, podría no alcanzarse a cubrir toda la demanda.
Una de las medidas recientes del Gobierno fue establecer un tope a los precios de la energía negociada en bolsa. El Ministerio de Minas argumenta que la energía más barata (como la hídrica y solar) se venía pagando a precios hasta 10 veces mayores que su costo real, pues la tarifa era definida por las plantas más costosas que lograban entrar al sistema. Aunque la resolución ya entró en vigor, su impacto será gradual: la aplicación es voluntaria en el corto plazo y dependerá de la decisión de los generadores.
Expertos advierten que si bien la medida busca tarifas más justas, podría generar efectos no deseados. Para algunos gremios, como Asoenergía y CEERA, hay riesgos de que se desincentiven los contratos de largo plazo o de que se vuelvan inviables los proyectos más pequeños. Incluso, desde la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia) se advirtió que la norma “pone en riesgo la viabilidad financiera” de los proyectos solares y eólicos que dependen de ingresos estables para conseguir financiación.
A esto se suma que el país necesita inversiones anuales de entre $10 y $15 billones para atender el crecimiento de la demanda hasta 2028. Según Acolgen, los retrasos en proyectos de generación y transmisión, sumados a las tensiones entre el sector privado y el Gobierno, podrían comprometer la seguridad del sistema en los próximos veranos eléctricos. Aunque el Ministerio ya anunció una nueva subasta de cargo por confiabilidad, aún persiste un déficit estimado de energía firme para los años 2025, 2026 y 2027.
En este contexto, los gremios insisten en que la única forma de garantizar tarifas más bajas es atraer más inversión, acelerar los proyectos en curso y ampliar la oferta energética del país. La energía más cara, recuerdan, es la que no se tiene.
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