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La reforma laboral pende de un hilo en el Congreso, luego de superar los debates en la Cámara de Representantes. Los senadores de la Comisión Séptima presentaron una ponencia negativa para la iniciativa y si no cambian de opinión, ese sería el fin del proyecto del Gobierno.
En medio de la discusión en la comisión, Marta Juanita Villaveces, viceministra Técnica del Ministerio de Hacienda envió un concepto fiscal que deja ver impactos significativos en las finanzas de la Nación, por cuenta de 20 de los 88 artículos.
La conclusión del concepto es “que los costos fiscales de la presente iniciativa, en la medida que se sujeten a las disponibilidades presupuestales de cada sector y entidad ejecutora cumplen con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003″, dice.
Y añade que los beneficios económicos derivados de una mejora en las condiciones del mercado laboral, “compensarían los costos fiscales potenciales”.
El impacto fiscal más representativo es el que causaría la ampliación gradual de la licencia de paternidad de dos a cuatro semanas, que está consignado en el artículo 52.
La razón es que son las EPS las que deben cubrir el 100 % del salario del trabajador durante dicho periodo. Ellas se financiarían con recursos provenientes de la ADRES que, a su vez, se deberían cubrir con el Presupuesto General de la Nación.
Los artículos que generan dudas
Los artículos 21, 52 y 59, buscan incentivar la contratación de aprendices y personas en formación. Para ello, establecen que el Gobierno Nacional podrá destinar recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) hasta en un 25 % del SMLMV en los contratos de aprendizaje de micros y pequeñas empresas.
Aunque para ese caso sería el Gobierno el que destine los recursos y “en ese orden no correspondería a una orden de gasto”, destaca el documento.
Pero parte del artículo 21 propone otorgar una remuneración económica mensual a los estudiantes de medicina, lo que le costaría a la ADRES entre $149.466 y $233.664 millones, a precios de 2025.
Artículos sin mayores impactos
Seis de esos artículos (20, 33, 37, 45, 55 y 57) buscan promover la formalización laboral en micronegocios y el sector rural, pero “su implementación depende de incentivos, programas y estrategias que aún deben ser reglamentados por el Gobierno”, dice en el documento.
Otro grupo de artículos (25, 26, 27, 30, 35, 36, 46, 58, 65, 76, 80 y 81) buscan fomentar la formalización, fortalecer la inspección laboral, proteger el medio ambiente, entre otros.
El Minhacienda considera que estas propuestas no generarían impacto fiscal, siempre y cuando su implementación se financie con los recursos del presupuesto de las entidades correspondientes para cada caso.
Los artículos 26, 31, 33, 34, 35 y 37 de la iniciativa definen el mecanismo de cotización para trabajadores de las plataformas digitales de reparto, micronegocios, trabajadoras domésticas, trabajadores agropecuarios y demás. Los recursos vendrían del régimen subsidiado para la salud, de la reforma pensional, y si se requieren recursos adicionales, estos se financiarán con cargo al techo presupuestal del sector Trabajo.
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