Semana movida para la infraestructura: Petro, el futuro de los peajes, Invir y más
El discurso del presidente Gustavo Petro en el Congreso Nacional de Infraestructura despejó las dudas sobre el futuro de las concesiones en Colombia. Pero hubo más noticias para el sector esta semana, desde la creación del Invir hasta las fechas para aumentar los peajes. Le contamos.
📍 Petro en el Congreso Nacional de Infraestructura
El presidente Gustavo Petro dio mensajes clave en el Congreso Nacional de Infraestructura, que se realizó entre el miércoles y el viernes en Cartagena. Esta semana, medios de comunicación afirmaron que el Gobierno pensaba convertir la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en una dependencia de Prosperidad Social, entre otros cambios. Frente a cerca de 3.000 constructores, empresarios e inversionistas, el presidente aseguró que seguirá respetando los contratos de concesión que ya están establecidos y que su Gobierno no desmantelará la arquitectura institucional.
Lea: Trenes, concesiones y otras claves de la visión del Gobierno en infraestructura
El mensaje de Petro calmó las aguas, especialmente porque la principal solicitud del gremio, en cabeza de Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), es restablecer la confianza de los inversionistas, en un momento en el que el sector reporta malos resultados (con una caída del 15 % en obras civiles).
La confianza es clave, entre otras cosas, para lograr cierre financiero en los proyectos.
📍 ¿Qué pasará con los peajes?
El año pasado, el Gobierno decidió congelar la tarifa de los peajes para 2023, con el objetivo de contener la inflación. Sin embargo, la medida no contribuyó a bajar el costo de vida, por lo menos no significativamente. Según un análisis de Fedesarrollo, si la tarifa de los peajes hubiese aumentado a principios de este año 13 % (inflación de 2022), en este momento la inflación sería apenas un 0,01 % más alta.
Le recomendamos: Congelar los peajes no bajó la inflación, pero le costó al país $724.300 millones
El Gobierno tendrá que pagarles millonarios recursos a los privados como compensación (por lo que dejaron de recibir). El Ministerio de Transporte dijo a este diario que se estima que para la vigencia 2023 las concesiones dejaron de recaudar $724.380 millones, “este valor debe ser cubierto con los mecanismos contractuales establecidos”. Además, la decisión, según la CCI, generó incertidumbre en los inversionistas.
El viernes, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, dijo que las tarifas van a incrementar dos veces el próximo año, teniendo en cuenta que se debe hacer el ajuste correspondiente a la inflación de 2022 (13 %) y a la inflación de 2023.
Aunque inicialmente Bonilla dio a entender que se equilibrará la tarifa, en rueda de prensa precisó que el Gobierno sigue estudiando cómo se hará el incremento. Según el ministro, por ahora se saben las fechas en las que se harán los aumentos: 1 de enero y otro el 1 de julio.
Lea: Tarifa de peajes: Minhacienda anunció que subirán el 1 de enero y el 1 de julio
María Montejo, líder de Infraestructura de la firma de abogados Baker McKenzie, dijo a este diario que hay zozobra entre los inversionistas de las iniciativas privadas (IP) porque todavía no es claro cómo el Gobierno les compensará. La experta explicó que la ley establece un máximo de recursos públicos que pueden destinarse a estos proyectos, “se está interpretando que está prohibida la compensación en dinero para las IP”. Así las cosas, podría haber dos opciones de compensación, extender el tiempo de los proyectos o limitar el alcance. Para los empresarios esas medidas no parecen viables.
Al respecto, el ministro de Transporte, William Camargo, respondió que el “Gobierno les pagará”. “El cómo es una conversación que estamos teniendo con Hacienda por una interpretación de la Ley 1508 y decretos reglamentarios, en las cuales tenemos posturas divergentes que buscan cerrarse en conversaciones bilaterales para garantizar el pago. Lo importante es que haremos el pago porque es nuestra obligación honrar los compromisos”.
Montejo advierte que “si no se dan los ajustes (de las tarifas) ni las compensaciones en un tiempo razonable, eventualmente puede haber una avalancha de demandas contra el Estado colombiano”.
📍 El nuevo Invir
El Gobierno creó el Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), una entidad que tendrá el objetivo de impulsar las vías terciarias en el país (según el Invías hay 142.284 kilómetros de red terciaria, pero solo el 10 % se encuentra en buen estado).
El Invir, según el Ministerio de Transporte, tendrá en cuenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y podrá contratar de manera directa con organizaciones sociales (comunidades rurales, cabildos, organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción comunal, social, comunitaria u otras formas de organización social, grupos o comunidades étnicas, en todas sus diversidades, mujeres y víctimas) en los términos y condiciones que determine el manual de contratación del instituto.
En contexto: Lo que preocupa del Invir, entidad que creó Petro para atender las vías terciarias
Ese, justamente, es el principal ‘pero’ al nuevo instituto. Miguel Castro, profesor de la cátedra de contratos públicos de la Universidad Javeriana, dice que el decreto 1961 podría ir en contra de la Ley 1150, que define los casos específicos en los que es posible hacer contratación directa, e incluso podría argumentarse que es inconstitucional, pues crea una “restricción a la libre competencia que no se encuentra justificada en las excepciones establecidas en el artículo 2 de la Ley 1150″.
El presidente de la CCI en su discurso puso sobre la mesa el riesgo de la contratación directa, que le puede abrir la puerta a contrataciones “mal habidas” u “obras fallidas por sumas muy cuantiosas”.
Para hacerle frente a esos riesgos, el gremio pide al Gobierno tener en cuenta a las pymes de ingeniería (68.000 en todo el país) para que trabajen de la mano con las juntas de acción comunal y también que haya una veeduría de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
En su intervención, Petro no respondió a la propuesta del sector, pero sí dijo que la contratación directa solo sería con organizaciones sociales y que las juntas de acción comunal podrían intervenir las vías a un menor precio.
📍 Los trenes son la prioridad
El presidente dejó el evento que la prioridad del Gobierno es la infraestructura férrea, que define como “un transporte limpio, eficiente y que disminuye los costos de producción”. También dijo que dejará la mayor cantidad de proyectos posibles para evitar que otra futura administración los pueda frenar: “ya aprendimos en Bogotá que uno debe dejar los contratos con acta de inicio. Como no logramos el acta de inicio, nos acabaron los contratos”.
Para reactivar este modo de transporte, el Gobierno promete una inversión de $31 billones entre 2022 y 2026, de un total de $140 billones destinados para los proyectos de infraestructura estratégicos. El ministro de Transporte dijo que para que el país sea más competitivo, es necesario equilibrar la proporción de carreteras con la de vías férreas. Según las cifras de la cartera, en el país hay 3.528 kilómetros de vías férreas, pero solo 1.267 en operación; en cuanto al modo carretero, hay 205.109 kilómetros (17.993 son de red primaria).
En esta infografía le mostramos cuáles son los proyectos clave del modo férreo por los que apostará el Gobierno Petro.
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📍 Petro en el Congreso Nacional de Infraestructura
El presidente Gustavo Petro dio mensajes clave en el Congreso Nacional de Infraestructura, que se realizó entre el miércoles y el viernes en Cartagena. Esta semana, medios de comunicación afirmaron que el Gobierno pensaba convertir la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en una dependencia de Prosperidad Social, entre otros cambios. Frente a cerca de 3.000 constructores, empresarios e inversionistas, el presidente aseguró que seguirá respetando los contratos de concesión que ya están establecidos y que su Gobierno no desmantelará la arquitectura institucional.
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El mensaje de Petro calmó las aguas, especialmente porque la principal solicitud del gremio, en cabeza de Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), es restablecer la confianza de los inversionistas, en un momento en el que el sector reporta malos resultados (con una caída del 15 % en obras civiles).
La confianza es clave, entre otras cosas, para lograr cierre financiero en los proyectos.
📍 ¿Qué pasará con los peajes?
El año pasado, el Gobierno decidió congelar la tarifa de los peajes para 2023, con el objetivo de contener la inflación. Sin embargo, la medida no contribuyó a bajar el costo de vida, por lo menos no significativamente. Según un análisis de Fedesarrollo, si la tarifa de los peajes hubiese aumentado a principios de este año 13 % (inflación de 2022), en este momento la inflación sería apenas un 0,01 % más alta.
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El Gobierno tendrá que pagarles millonarios recursos a los privados como compensación (por lo que dejaron de recibir). El Ministerio de Transporte dijo a este diario que se estima que para la vigencia 2023 las concesiones dejaron de recaudar $724.380 millones, “este valor debe ser cubierto con los mecanismos contractuales establecidos”. Además, la decisión, según la CCI, generó incertidumbre en los inversionistas.
El viernes, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, dijo que las tarifas van a incrementar dos veces el próximo año, teniendo en cuenta que se debe hacer el ajuste correspondiente a la inflación de 2022 (13 %) y a la inflación de 2023.
Aunque inicialmente Bonilla dio a entender que se equilibrará la tarifa, en rueda de prensa precisó que el Gobierno sigue estudiando cómo se hará el incremento. Según el ministro, por ahora se saben las fechas en las que se harán los aumentos: 1 de enero y otro el 1 de julio.
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María Montejo, líder de Infraestructura de la firma de abogados Baker McKenzie, dijo a este diario que hay zozobra entre los inversionistas de las iniciativas privadas (IP) porque todavía no es claro cómo el Gobierno les compensará. La experta explicó que la ley establece un máximo de recursos públicos que pueden destinarse a estos proyectos, “se está interpretando que está prohibida la compensación en dinero para las IP”. Así las cosas, podría haber dos opciones de compensación, extender el tiempo de los proyectos o limitar el alcance. Para los empresarios esas medidas no parecen viables.
Al respecto, el ministro de Transporte, William Camargo, respondió que el “Gobierno les pagará”. “El cómo es una conversación que estamos teniendo con Hacienda por una interpretación de la Ley 1508 y decretos reglamentarios, en las cuales tenemos posturas divergentes que buscan cerrarse en conversaciones bilaterales para garantizar el pago. Lo importante es que haremos el pago porque es nuestra obligación honrar los compromisos”.
Montejo advierte que “si no se dan los ajustes (de las tarifas) ni las compensaciones en un tiempo razonable, eventualmente puede haber una avalancha de demandas contra el Estado colombiano”.
📍 El nuevo Invir
El Gobierno creó el Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), una entidad que tendrá el objetivo de impulsar las vías terciarias en el país (según el Invías hay 142.284 kilómetros de red terciaria, pero solo el 10 % se encuentra en buen estado).
El Invir, según el Ministerio de Transporte, tendrá en cuenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y podrá contratar de manera directa con organizaciones sociales (comunidades rurales, cabildos, organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción comunal, social, comunitaria u otras formas de organización social, grupos o comunidades étnicas, en todas sus diversidades, mujeres y víctimas) en los términos y condiciones que determine el manual de contratación del instituto.
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Ese, justamente, es el principal ‘pero’ al nuevo instituto. Miguel Castro, profesor de la cátedra de contratos públicos de la Universidad Javeriana, dice que el decreto 1961 podría ir en contra de la Ley 1150, que define los casos específicos en los que es posible hacer contratación directa, e incluso podría argumentarse que es inconstitucional, pues crea una “restricción a la libre competencia que no se encuentra justificada en las excepciones establecidas en el artículo 2 de la Ley 1150″.
El presidente de la CCI en su discurso puso sobre la mesa el riesgo de la contratación directa, que le puede abrir la puerta a contrataciones “mal habidas” u “obras fallidas por sumas muy cuantiosas”.
Para hacerle frente a esos riesgos, el gremio pide al Gobierno tener en cuenta a las pymes de ingeniería (68.000 en todo el país) para que trabajen de la mano con las juntas de acción comunal y también que haya una veeduría de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
En su intervención, Petro no respondió a la propuesta del sector, pero sí dijo que la contratación directa solo sería con organizaciones sociales y que las juntas de acción comunal podrían intervenir las vías a un menor precio.
📍 Los trenes son la prioridad
El presidente dejó el evento que la prioridad del Gobierno es la infraestructura férrea, que define como “un transporte limpio, eficiente y que disminuye los costos de producción”. También dijo que dejará la mayor cantidad de proyectos posibles para evitar que otra futura administración los pueda frenar: “ya aprendimos en Bogotá que uno debe dejar los contratos con acta de inicio. Como no logramos el acta de inicio, nos acabaron los contratos”.
Para reactivar este modo de transporte, el Gobierno promete una inversión de $31 billones entre 2022 y 2026, de un total de $140 billones destinados para los proyectos de infraestructura estratégicos. El ministro de Transporte dijo que para que el país sea más competitivo, es necesario equilibrar la proporción de carreteras con la de vías férreas. Según las cifras de la cartera, en el país hay 3.528 kilómetros de vías férreas, pero solo 1.267 en operación; en cuanto al modo carretero, hay 205.109 kilómetros (17.993 son de red primaria).
En esta infografía le mostramos cuáles son los proyectos clave del modo férreo por los que apostará el Gobierno Petro.
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