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El viernes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que le dio luz verde a la integración de Tigo y Movistar. En la práctica, y si se concreta el negocio, estos dos operadores dejarán de competir para convertirse en uno.
La principal preocupación que generó esta movida radica en la alta concentración de mercado que se experimentaría en las telecomunicaciones, ya que cerca del 90 % de los usuarios de telefonía e internet móvil los tendrían dos empresas: Claro y el operador que resulte de la fusión.
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Según cifras de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), para el segundo trimestre de este año, Claro concentraba más del 50 % de los servicios móviles en el país.
La brecha frente a sus competidores es amplia: Movistar registraba una participación del 21,1 %; Tigo, del 16,4 %; mientras que WOM alcanzaba el 6,3 %. Vale recordar que Claro fue declarado como operador dominante hace varios años.
Entre los riesgos, que también reconoció la SIC en su decisión, es que estos dos grandes operadores adelanten acciones coordinadas que afecten aspectos como las tarifas y la calidad del servicio.
Es por lo anterior que la SIC aprobó la integración, pero condicionamientos. Es decir, la fusión tendrá reglas de juego con las que se buscará que la nueva composición del mercado de las telecomunicaciones en Colombia no afecte la competencia entre los operadores ni el servicio que reciben los usuarios.
El domingo, la superintendente Rusinque publicó un video en su cuenta de X en el que dijo: “Quiero hacer una serie de precisiones importantes para la opinión pública en vista de los debates, comentarios, interés y hasta polémicas malintencionadas que ha despertado la más reciente decisión de la SIC en materia de integraciones empresariales”. Sus declaraciones se acompañaron de pantallazos con los titulares que usaron los medios para registrar esa noticia, aunque el grueso de sus declaraciones se dirigieron a la columnista Ana Bejarano.
Como lo detalló Rusinque, la decisión que se tomó se basó en un estudio “sereno, metódico y razonable”, en el que participaron expertos de su despacho, la CRC, las empresas interesadas, la academia y representantes de los usuarios.
La superintendente fue enfática en que la decisión no tuvo un objetivo distinto al de impedir la formación de monopolios, así como el de promover dinámicas de competencia favorables para el mercado. En otras palabras, la conclusión a la que llegó la SIC es que resulta más conveniente tener dos grandes operadores, en donde el segundo compita para destronar al primero, en lugar de tener un solo gigante que ya ha sido declarado como dominante.
“Los condicionamientos permitirán mantener la competencia, y de hecho, corregir algunas fallas que está presentando este mercado en detrimento de los agentes más pequeños, dándoles así condiciones de mayor equilibrio y competitividad, y esto mientras la CRC, que es la autoridad regulatoria, establezca la regulación correspondiente sobre la base de las nuevas condiciones del mercado”, añadió Rusinque.
Los detalles del negocio
A mediados de 2024, Colombia conoció que la multinacional Millicom planeaba quedarse con la totalidad de Tigo y Movistar. Los meses pasaron y la gran inversionista firmó un acuerdo definitivo de compraventa con quienes hoy tienen la mayor participación accionaria de este último operador, Telefónica.
Se pactó que Millicom pagará cerca de USD 400 millones por el 67,5 % de las acciones. Sobre el 32,5 % restante aún no hay claridad, ya que esos títulos le pertenecen a la Nación (mientras que 0,001 % es de un pequeño grupo de accionistas). Sin embargo, se sabe que al país también se le habría ofrecido la misma cantidad por acción, lo que se traduce en unos USD 192 millones.
En su momento, El Espectador consultó a diversas fuentes inmersas en la industria de las telecomunicaciones. Algunas consideraron que no tiene sentido que la Nación venda por ese valor su participación, pues no hay que perder de vista que Movistar es hoy el segundo operador más grande del país; mientras que otras coinciden en que, por la presión fiscal que experimenta el Gobierno, es altamente probable que acepte el negocio (y más cuando el sector de las telecomunicaciones viene consolidando años de complejidad financiera y sostener una compañía como estas, en el corto plazo, es más un gasto que un ingreso).
Sobre el negocio con Tigo, hay que recordar que la mitad de las acciones las tiene Millicom, mientras que la otra mitad la tiene Empresas Públicas de Medellín (EPM). Lo que busca la multinacional es comprarle la participación accionaria a su socio, para así quedarse con la totalidad.
A comienzos de julio, la junta directiva de EPM aprobó la venta de las acciones que tienen en Tigo. Se acordó la enajenación de 5.015.035 títulos. A cada uno se le dio un precio mínimo de $418.741, lo que resultaría en un negocio de más de COP 2,1 billones.
Al tratarse de acciones de una empresa pública, hay que tener en cuenta que en agosto del año pasado el Concejo de Medellín aprobó, en segundo debate, la venta de estas acciones.
Reacciones a la decisión de la SIC
Millicom, que es la gran empresa de telecomunicaciones detrás de la oferta de compra para Tigo y Movistar, dijo sobre esta decisión que “estamos analizando en detalle la resolución y, en tanto avanzamos en esa revisión, valoramos positivamente este paso, que representa un avance más hacia el cierre de la transacción. Reafirmamos nuestro compromiso con seguir contribuyendo al desarrollo digital del país, impulsando la conectividad, la innovación, la competencia y el crecimiento económico de todos los colombianos”.
A su turno, Telefónica (Movistar) señaló que esta decisión es una oportunidad para seguir construyendo el sector de las telecomunicaciones de una forma equilibrada y sostenible. Subraya que los grandes beneficiarios serán los colombianos, quienes contarán con un operador que tendrá una gran capacidad de inversión, lo cual permitirá llevar de forma más ágil las mejoras que se requieren en materia de conectividad y tecnología.
Este medio consultó a Claro y ETB, pero no dieron declaraciones.
Otro actor clave en este proceso es la CRC, la autoridad encargada de reglamentar los condicionamientos impuestos por la SIC.
“La Comisión considera importante señalar que ha advertido que el mercado mayorista de acceso y originación móvil ya presenta altos niveles de concentración, con riesgos de restricción para terceros operadores que utilizan roaming automático nacional para la prestación de sus servicios y para los operadores móviles virtuales (OMV). Por lo tanto, la integración entre Tigo-UNE y Movistar podría tener consecuencias importantes en el mercado minorista de servicios móviles, como lo es el aumento en la probabilidad de que se generen efectos coordinados como consecuencia del incremento en la concentración, o una potencial subida en los precios que pagan los usuarios por dichos servicios”, informó en un comunicado.
Adelantándose al trabajo de regulación que tendrá que hacer, señaló que avanza en tres proyectos regulatorios, los cuales abordan los siguientes tres temas: esquemas de remuneración mayorista de redes móviles, revisión de temáticas específicas del Régimen de Protección de Usuarios y un marco regulatorio para el servicio de conectividad local.
Según explicó a El Espectador Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, los condicionamientos adoptados por la SIC no parecerían ser suficientes para garantizar una competencia real en el mercado de las telecomunicaciones, especialmente en lo relacionado con las tarifas que los operadores deben pagar para acceder a las redes de los grandes jugadores.
El académico también detalla que no se dejó espacio para que nuevos operadores que quieran sumarse al mercado puedan participar y generar una presión competitiva, debido a la alta concentración que habrá en Colombia.
“En los mercados que tienden a concentrarse, la evidencia económica muestra que menos competencia y mayor concentración suelen traducirse en tarifas más altas y en una disminución de la calidad del servicio. Lamentablemente, la autoridad de competencia tenía la oportunidad de establecer reglas y condiciones equilibradas para todos los actores, pero ese espacio se está perdiendo por completo”, concluyó.
Algunas fuentes consultadas, que pidieron no ser identificadas, pues mantienen relaciones de negocios con los operadores, manejan una visión distinta. Consideran que la SIC actuó de manera adecuada y que la efectividad del plan dependerá de la rigurosidad con la que se ejerza la vigilancia, así como de la regulación que expida la CRC, la cual debería provocar una real presión en el mercado. Sin embargo, advierten que existe un antecedente poco alentador: pese a que Claro fue declarado operador dominante, se ha hecho muy poco —o nada— para revertir esa situación.
Los meses que se vienen son claves, ya que definirán el futuro que tendrá este negocio en el país, en donde el Estado tiene parte, al ser el segundo mayor accionista de Telefónica.
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