Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El decreto 1174 que establece el piso de protección social sigue generando malestar, sobre todo entre los sindicatos. Este miércoles se conoció que las principales centrales obreras del país (CUT, CGT, CTC, y la asociación de pensionados) se retiraron de la Misión de Empleo, que se instaló hace dos meses para elaborar un diagnóstico y análisis de las normas y los programas que han afectado el sistema laboral en el país desde los años 90. (Lee también: Reglamentan protección social para quienes ganan menos del mínimo)
Mientras el Gobierno dice que el decreto brindará seguridad social (y formalizará) a los trabajadores que ganan menos que un salario mínimo por medio de los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), los sindicatos consideran que la norma precariza las condiciones laborales y hará imposible que estos ciudadanos accedan a una pensión.
También te puede interesar: “Piso de Protección Social no es una reforma laboral”: Mintrabajo
Por esto, Fabio Arias, el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), le confirmó a El Espectador que “todas las centrales obreras nos vamos a retirar la misión de empleo. Una de las mesas de trabajo es precisamente de seguridad social, entonces no tiene sentido seguir en este espacio pues el Gobierno está tomando decisiones unilateralmente”.
Pero la tensión no terminaría ahí. Arías agregó que “en estos primeros 15 días de septiembre vamos a estudiar qué haremos para el aniversario del paro nacional del 21 de noviembre de 2019, que pueden incluir nuevas movilizaciones”.
El pasado paro nacional generó más de un mes de fuertes manifestaciones y unió a varios sectores para protestar en contra de las medidas del Gobierno. Fue tal la tensión que provocó que incluso devaluó el peso colombiano.
Sin embargo, este año no es claro si un eventual nuevo paro nacional podría escalar a tales dimensiones por causa de la pandemia. Pero sí expondría el fuerte malestar entre las centrales obreras y el Gobierno, lo que podría complicar aún más las negociaciones del salario mínimo a finales de año.
Las centrales obreras también anunciaron que demandarán el decreto ante la Corte Constitucional.
