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En Colombia, millones de hogares dependen de subsidios para acceder a la energía y el gas. Sin embargo, un informe de la Contraloría General de la República (CGR) advierte que el actual esquema de asignación no garantiza que estos recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. Las fallas en la focalización, la deuda acumulada con las empresas prestadoras del servicio y la falta de controles efectivos han puesto en riesgo la sostenibilidad del sistema.
La investigación abarca el periodo 2014-2024 y deja en evidencia serias deficiencias en la entrega y gestión de los subsidios. En los últimos diez años, la Contraloría ha identificado irregularidades por más de $190.000 millones, asociadas a presuntos delitos fiscales, disciplinarios y penales. Ahora, el organismo de control pide revisar de manera urgente el modelo basado en estratificación y avanzar hacia un esquema que realmente atienda a la población más vulnerable.
“La ausencia de sistemas adecuados y un seguimiento efectivo comprometen la transparencia y la efectividad de los subsidios”, dijo el jefe del ente de control, Carlos Hernán Penagos.
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El problema central, según el informe, es la inadecuada focalización. En teoría, los subsidios están destinados a los estratos 1, 2 y 3, pero el método de asignación basado en estratificación no es suficientemente preciso. El sistema actual permite errores de inclusión y exclusión: algunos hogares que no los necesitan reciben la ayuda, mientras que otros en condiciones críticas quedan por fuera.
La propuesta de la Contraloría es reemplazar este esquema por el Registro Universal de Ingresos (RUI), administrado por el Departamento Nacional de Planeación. Este registro permitiría un análisis más detallado de la situación económica de cada hogar, asegurando que los subsidios lleguen a quienes realmente los requieren.
El informe también revela un problema financiero de gran magnitud. A diciembre de 2024, la deuda del Estado con las empresas prestadoras del servicio de energía ascendía a $2,7 billones. Este retraso en los pagos no solo afecta la estabilidad de las compañías, sino que también pone en riesgo la continuidad del servicio para miles de familias.
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El impacto ya se está sintiendo: la empresa Enercer S.A., que presta el servicio de gas a 15 municipios de Boyacá, anunció que podría suspender el suministro debido a las dificultades económicas derivadas de la falta de pago de los subsidios. La preocupación de la Contraloría es que esta crisis pueda replicarse en otras regiones del país.
“El problema de los subsidios no es solo un asunto financiero, sino de seguridad energética”, advirtió Penagos.
Los cuatro problemas estructurales del sistema
El estudio de la Contraloría identifica cuatro grandes fallas que deben corregirse para garantizar un sistema más justo y sostenible:
- Focalización deficiente: el método basado en estratos no es el más adecuado y se deben minimizar los errores de inclusión y exclusión con el RUI.
- Falta de sostenibilidad: el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI) requiere ajustes para garantizar su viabilidad a largo plazo.
- Controles insuficientes: es necesario fortalecer las auditorías y el monitoreo de los recursos destinados a los subsidios.
- Ausencia de medición de impacto: el sistema debe alinearse con incentivos a la eficiencia energética y desincentivar la cultura de no pago.
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La Contraloría insiste en que el Ministerio de Minas y Energía debe agilizar las correcciones necesarias y garantizar que los pagos pendientes se realicen de manera anual y oportuna. Si la mora en los giros continúa, podrían darse aumentos en las tarifas, afectando principalmente a los usuarios de menores ingresos.
El informe concluye que sin un cambio estructural en la asignación y gestión de los subsidios, el país seguirá enfrentando un sistema ineficiente y financieramente insostenible. La pregunta ahora es si el gobierno tomará las medidas necesarias antes de que la crisis afecte a más hogares y regiones.
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