Superindustria ratifica sanciones a varias empresas de seguridad privada

Archivo - referencia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ratificó las sanciones que había impuesto a siete empresas de vigilancia y seguridad privada que, simulando libre competencia, manipularon procesos de contratación con el Estado.

Lea también: Economía de lo insólito: la platica que se perdió en 2017

El caso contra las siete empresas arrancó con una primera sanción, proferida por la SIC en abril del año pasado. En julio, la entidad volvió a emitir un pliego de cargos por las mismas prácticas. Este martes, la Superintendencia resolvió los recursos y determinó sanciones contra 14 personas naturales y siete empresas, que superan los $14.000 millones.

Las empresas sancionadas (Guardianes, Starcoop, Cobasec, Expertos, Centinel, Insevig Ltda y Security Management Group) se presentaban a licitaciones con instituciones estatales y simulaban competir individualmente cuando, en efecto, estaban agrupadas bajo la figura de un grupo, llamado SMG, que a su vez está controlado, en secreto, por una sola persona: Jorge Arturo Moreno Ojeda. Sobre Moreno recayó la mayor sanción, por casi $325 millones.

Toda la investigación nació en 2011 por una alerta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que detectó que en una de sus licitaciones participaron dos de las empresas de SMG, simulando operar por separado para obtener el contrato. 

Los hechos investigados por la SIC habrían ocurrido entre 2009 y 2015, tiempo en el que las empresas del Grupo SMG obtuvieron contratos por $100.000 millones.

“La Superindustria encontró acreditada la existencia de un sistema creado y ejecutado por las empresas y personas naturales sancionadas tendiente a limitar la libre competencia al participar en procesos de contratación pública simulando ser competidores independientes y autónomos, cuando en realidad no lo eran, pues obedecían a un mismo interés y sus estrategias eran coordinadas bajo la dirección y el control oculto de Jorge Arturo Moreno Ojeda”, se lee en un comunicado expedido por la SIC.

Algunas de las instituciones afectadas por las prácticas contra la competencia que empleó el Grupo SMG incluyen al ICBF, el SENA, el ICA, las secretarías de Integración Social y de Planeación de Bogotá, así como las alcaldías de Barranquilla y Chiquinquirá.

A pesar de las sanciones y las multas, las empresas condenadas por cartelización pueden seguir contratando con el Estado, según encontró este diario en julio del año pasado (momento de la segunda apertura de pliegos contra estas compañías). En su momento, el superintendente delegado, Felipe García, aseguró que “el hecho de que las empresas condenadas por cartelización no queden inhabilitadas para contratar con el Estado es un punto para que el país reflexione”.

Contra la decisión de la SIC en este caso no procede ningún recurso de apelación.