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La factura de la vigilancia privada sube a la vista de todos, con resoluciones, circulares y cifras que, traducidas al día a día, significan millones de pesos más al mes para conjuntos residenciales, comercios y empresas.
El pasado 30 de diciembre, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fijó las tarifas mínimas obligatorias para el sector durante todo 2026.
La circular expedida por la entidad aplica a empresas y cooperativas de vigilancias, con o sin armas, con medio humano y/o canino, en los sectores residencial, comercial, industrial, financiero y público.
Llevado a cifras concretas, el impacto se entiende mejor así. Un puesto de vigilancia 24 horas, operado por tres turnos mensuales, tenía antes de Navidad un costo cercano a COP 14,9 millones.
Desde el 25 de diciembre subió a 9,77 salarios mínimos, lo que equivale a COP 13,9 millones base, a los que se deben sumar recargos administrativos obligatorios que rondan los COP 15,3 millones por vigilante 24/7.
El salto fuerte llega con el salario mínimo de este año. Con el ingreso mensual elevado a COP 2 millones (incluido auxilio de transporte), el costo de ese mismo puesto de vigilancia sube de manera abrupta. Para enero, el costo mensual pasa a unos COP 18,8 millones.
Pero no se queda ahí. En julio, con dominicales y festivos al 100 % por la gradualidad de la reforma laboral, sube a COP 18,9 millones. Y si se toma en cuenta la aplicación de la jornada semanal de 42 horas, llega a COP 19,6 millones.
Al poco tiempo de cumplir el primer semestre de 2026, el incremento supera el 30 %, es decir, cerca de COP 4,7 millones adicionales al mes por cada puesto de vigilancia permanente.
Por qué la vigilancia es tan sensible al salario mínimo
A diferencia de otros sectores, la vigilancia privada depende casi por completo del factor humano. Según Fedeseguridad, entre el 80 % y el 90 % de los costos son nómina.
Eso implica que cada cambio en el salario mínimo, en los recargos nocturnos o en la jornada laboral se refleja de inmediato en la tarifa final. No hay mucho margen para “absorber” el golpe.
Las empresas operan con utilidades estrechas —del 2 % al 3 %, según el gremio—, lo que explica por qué el aumento se traslada casi completo al usuario final.
El riesgo que preocupa al sector: menos vigilancia formal
Aquí aparece la advertencia que hacen los gremios. Confevip y Fedeseguridad coinciden en un punto: el encarecimiento sostenido puede empujar a algunos usuarios hacia la informalidad.
El temor es doble. Por un lado, conjuntos y pequeños comercios podrían reducir el número de vigilantes. Por otro, que los demás busquen servicios más baratos, por fuera de la legalidad, sin cumplir salarios ni estándares tecnológicos.
También se suma el uso de la tecnología automatizada para disminuir aún más dichos costos de nómina.
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