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El Ministerio de Transporte publicó este viernes un proyecto de decreto con el que busca actualizar las reglas del servicio de taxi, eliminar trámites que considera injustificados y facilitar la operación de conductores y pequeños propietarios.
La jefa de la cartera, María Fernanda Rojas, aseguró que la propuesta responde a una regulación que quedó rezagada frente a los cambios del sector.
“Encontramos un sector transporte con atrasos frente a una realidad que es cambiante”, afirmó la funcionaria durante una rueda de prensa.
Entre los principales cambios figura la posibilidad de que los taxis movilicen pasajeros hacia municipios contiguos sin enfrentar las restricciones operativas que existen actualmente, como la Planilla Única de Viaje Ocasional.
En relación con este punto, la propuesta también amplía las posibilidades de operación hacia y desde los aeropuertos que atienden capitales y áreas metropolitanas, y así facilitar el desplazamiento de los usuarios y la conectividad regional.
“Estamos quitando burocracia; trámites que hoy existen para los taxistas. No estamos tocando tarifas”, señaló Rojas.
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Otro de los cambios incluidos en el borrador establece que la reposición de vehículos taxi deberá realizarse exclusivamente con vehículos eléctricos, de modo que pueda acelerar la modernización tecnológica, impulsar la transición energética y contribuir a la reducción de emisiones del sector transporte.
Por otra parte, el proyecto apunta a una de las quejas históricas de propietarios y conductores: la dependencia de documentos de paz y salvo para realizar trámites ante autoridades de tránsito y transporte. La propuesta elimina ese requisito y prohíbe cobros que el Gobierno considera abusivos, como algunos relacionados con desvinculaciones de empresas, expedición de tarjetas de operación, planillas o servicios que no hayan sido efectivamente prestados.
“Damos un mensaje muy claro. Si ya existen diferencias, como en lo civil cuando se debe, hay distintos mecanismos para cobrar. Pero no puede ser una manera de retener indebidamente a un propietario de taxi en una empresa”, señaló Rojas.
Entre las medidas de simplificación administrativa también figura la ampliación de la vigencia de la tarjeta de operación, que pasaría de uno a dos años.
Otro de los puntos plantea cambios en la asignación de nuevos cupos. La propuesta establece convocatorias públicas y contempla otorgar puntajes adicionales a conductores con años de experiencia en el oficio, con el objetivo de aumentar sus posibilidades de acceder a la propiedad de un vehículo.
El borrador también elimina restricciones para que los propietarios elijan la empresa a la cual vincular su taxi y amplía de dos a cinco años el plazo para ejercer el derecho de reposición en casos de vehículos hurtados, destruidos o perdidos, cuyos procesos judiciales se prolonguen.
Además, obliga a las autoridades territoriales a habilitar espacios para la operación de taxis durante eventos masivos, culturales, deportivos o artísticos.
Por último, la iniciativa crea programas obligatorios de formación para conductores en temas como atención al usuario, seguridad vial, prevención de violencias basadas en género, resolución de conflictos y calidad en la prestación del servicio.
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La ministra sostuvo que la iniciativa es resultado de mesas de trabajo y encuentros sostenidos con representantes del sector en distintas regiones del país.
“No son solamente mesas técnicas. Esto ha sido en diálogo con los taxistas. En el Ministerio me he reunido con algunos de sus líderes”, afirmó Rojas.
El proyecto inicia ahora su etapa de consulta pública y recepción de observaciones antes de avanzar hacia su expedición definitiva. Según el Ministerio, la meta es actualizar una regulación que, en varios aspectos, acumula más de una década sin modificaciones sustanciales.
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