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En agosto, un juez dio lugar a una orden temporal presentada por el fiscal general de California, Xavier Becerra, y tres ciudades, incluyendo San Francisco, donde Uber y Lyft tienen sus sedes.
La orden instaba a ambas firmas a cumplir con la nueva ley y a dejar de clasificar a los conductores como contratistas independientes mientras la demanda se desarrolla en los tribunales.
“Abordamos aquí si el tribunal de primera instancia abusó de su discreción otorgando una orden judicial premilimar que impide a Uber y Lyft que clasifique a sus conductores como contratistas independientes”, afirmó la Corte de Apelación en un su decisión.
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“Sin apreciar ningún error legal, concluimos que el tribunal actuó dentro de su discreción y, en consecuencia, afirmamos la orden como se redactó”.
La decisión podría, sin embargo, acabar siendo irrelevante porque la orden no tendría efecto hasta que los votantes de California determinen el destino de una consulta que puede eximir a los servicios de conducción compartida de esta ley.
Uber y Lyft tienen también la opción de apelar la decisión ante una corte superior.
El proyecto impulsado por las empresas mantendría a los conductores clasificados como contratistas pero brindaría beneficios como la atención médica.