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Nuevos vientos para la transición energética en La Guajira. El Ministerio de Minas y Energía anunció que se destinarán $1,5 billones entre 208 municipios de 25 departamentos para el periodo 2025-2026, una cifra que superaría lo entregado por incentivo a la producción en una década completa, afirmó el jefe de la cartera, Edwin Palma. La resolución está próxima a firmarse.
De acuerdo con Palma, estos recursos servirán como un incentivo a la producción, pero también, y sobre todo, a la transición energética y evitar que “se disuelva en otras cosas”, señaló.
El foco estará en financiar proyectos de energía limpia: infraestructura solar, eólica, hídrica, techos solares para colegios, hospitales, puestos de salud, acueductos y espacios públicos.
“Tengo la resolución lista, pero depende primero de una autorización del Departamento Nacional de Planeación”, dijo Palma.
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Durante la #AgendaGuajira, el ministro @PalmaEdwin anunció la firma de la resolución que da vía libre a la distribución de una importante inversión para fortalecer regiones con gran potencial promoviendo no solo la productividad, sino también la transición hacia energías limpias… pic.twitter.com/4tGNvtUP8c
— Minenergía (@MinEnergiaCo) June 19, 2025
¿Por qué La Guajira?
El ministro detalló que La Guajira recibirá $96.298 millones entre recursos nuevos y saldos pendientes de 2023 y 2024. Son siete municipios estratégicos en la lista: Riohacha, Albania, Barrancas, Dibulla, Hatonuevo, Manaure y Uribia.
Esto se debe, en parte, a que esta región ha acumulado promesas de desarrollo con dineros de regalías que quedan en el aire con el paso del tiempo.
Misael Arturo Velásquez Granadilla, secretario de Gobierno Departamental y gobernador encargado de La Guajira celebró el apoyo del Gobierno, y reiteró la disposición “a trabajar para que esto se convierta en una realidad”.
El gobierno departamento propuso incluso mesas especiales para cofinanciar los proyectos, buscando pasar de intenciones al cemento, el cableado y los paneles solares en funcionamiento.
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Deudas históricas, promesas nuevas
Este giro en la destinación de recursos obedece a cambios normativos del Acto Legislativo 04 de 2017 y la Ley 2056 de 2020, que determinan que 30 % de los rendimientos financieros del SGR debe destinarse a incentivos productivos. Los criterios de asignación priorizan regiones golpeadas por pobreza rural, economías ilegales, conflicto armado y debilidad institucional.
La Guajira, lamentablemente, cumple estas condiciones. Una deuda social con las comunidades que han visto beneficios de la minería, por ejemplo, sin que su realidad cambie. Con este impulso productivo se jalará el empleo local en sectores limpios.
Por ahora, falta el visto bueno del Departamento Nacional de Planeación, que podrá concretarse en los próximos días.
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Los acuerdos detrás de la transición
El ministro Palma también anunció 10 acuerdos logrados en el Comité Tripartito por la Transición Energética Justa (TEJ), que serán elevados a rango de decreto en un plazo máximo de tres meses.
Entre los compromisos más relevantes se destacan:
- La elaboración de un lineamiento nacional de relacionamiento social con comunidades, que establecerá las reglas del juego para garantizar el respeto a los derechos colectivos.
- La adopción formal de una figura jurídica para el Comité Tripartito, lo que asegurará que las decisiones que allí se tomen tengan fuerza y seguimiento institucional.
- La creación de comisiones interinstitucionales por municipios, integradas por entidades del Estado, delegados de las empresas energéticas y representantes wayuu, para atender los conflictos más urgentes.
- La gasificación rural para cerca de 5.000 nuevas conexiones, beneficiando a unas 20.000 personas.
- La instalación de 800 módulos solares fotovoltaicos y la ejecución de tres granjas solares de 1 megavatio (MW) cada una, ubicadas cerca de los parques eólicos JK4 y Windpeshi.
“Me comprometo a que en tres meses vamos a estar aquí con un borrador de ese decreto. Lo construiremos de forma conjunta y, si ese día ya está listo, lo publicaremos para comentarios. Queremos que ese instrumento tenga legitimidad social tripartita porque, si esto funciona, será ejemplo para otros sectores y ministerios”, aseguró Palma.
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