Una visión presupuestal del agro en Colombia: nadie está contento

La pregunta más recurrente este martes en la Comisión V del Senado es ¿qué pasó con el presupuesto del agro en Colombia? Unánimemente, los senadores encargados de adelantar el debate de control político por este tema concluyeron que la asignación de recursos para el sector agrario en el proyecto de presupuesto para 2021 es insuficiente, para ponerlo de una forma. Otros adjetivos incluyeron desastrosa o inexistente.

El debate del martes se alargó por más de cuatro horas y, con bemoles y precisiones aquí y allá, la voz unificada de la Comisión fue increpar al Gobierno por el escaso financiamiento del sector agro. Esto, en voces de los senadores, es percibido casi como una disonancia cognitiva con el discurso de la administración del presidente Iván Duque que públicamente reconoce a este renglón económico como de suma importancia en la reactivación económica, pero lo desfinancia en más de 7 % en el proyecto de presupuesto para 2021.

Ante los repetidos cuestionamientos de los senadores, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, concluyó que “el mensaje de la Comisión no puede ser más claro para el Gobierno. Estamos comprometidos con ustedes a hacer una revisión línea por línea de este presupuesto”.

El debate arrancó con una extensa exposición del senador Alejandro Corrales (Centro Democrático), quien expuso el panorama que, en esencia, no le cuadra a nadie: “¿Cómo se explica que uno de los pilares de la reactivación económica del país sea el agro, pero haya un déficit de $2 billones entre lo que se pidió y lo que se asignó?”, preguntó el legislador al mostrar las diferencias entre los requerimientos formales del sector y los montos que quedaron consignados en el proyecto de presupuesto que presentó el Gobierno hace un par de semanas.

Por ejemplo, en el Plan Operativo Anual de Inversiones, el sector agro requirió $832.840 millones para el rubro de ordenamiento social y uso productivo del territorio rural; el monto asignado para este renglón fue de $184.218. Para ciencia, tecnología e innovación agropecuaria se requirieron $367.777 millones y en el proyecto de presupuesto quedaron consignados $37.244 millones. Esto a la par que el Gobierno habla de incrementar las exportaciones de bienes con valor agregado; la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez incluso llegó a exponer la idea que el país se convierta en una potencia en alimentos procesados durante el lanzamiento de la estrategia para la reactivación de la industria y el turismo.

En total, según las cifras expuestas por Corrales, el sector agro solicitó $3,2 billones y recibió en asignaciones en el proyecto de presupuesto $1,1 billones.

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Durante su exposición inicial, el ministro Carrasquilla habló de las dificultades presupuestales en tiempos de pandemia, que ha representado una caída de $24 billones en recaudos tributarios, por ejemplo, así como la destinación de recursos extra para cubrir los rubros de atención médica y sanitaria en medio de la crisis. “Se adicionaron $26 billones a los presupuestos que fueron aprobados el año pasado por el Congreso. El proyecto de presupuesto que presentamos el año pasado crece en 19 % frente al de la vigencia anterior”, explicó Carrasquilla.

Sin embargo, para el senador Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático), la pandemia poco tiene que ver con la situación del agro en Colombia. “Aquí hay problemas que vienen desde antes y no se le pueden imputar a la pandemia. En el país ha habido una política contra el agro, que no empezó en este Gobierno. Pero las promesas que hizo el presidente Duque en campaña sobre mejorar las condiciones del campo son física carreta”.

Los argumentos de Robledo van, como los de otros miembros de la Comisión, a los descensos en la inversión que ha sufrido el sector agro desde hace dos años. De acuerdo con el senador, entre 2019 y 2020, este renglón recibió 17 % menos recursos y la baja de cara al presupuesto del próximo año bordea el 8 %. “El presupuesto del agro equivale al 0,56 % del total del presupuesto nacional. Y el agro aporta 7 % del PIB en Colombia”, concluyó el legislador.

Las cifras de Robledo hacen eco de lo expuesto por Corrales, quien mostró una evolución de los montos asignados al sector agro desde 2002 hasta hoy. La progresión arranca con $757.910 millones y llega a los $1,7 billones que están consignados en el proyecto de presupuesto que se debate actualmente. El pico de estos recursos se registró en 2015, cuando ascendió a $4,2 billones, aproximadamente.

“Este gráfico es muy triste porque en ese año se registró el paro agrario y no puede ser que la mayor asignación presupuestal sea sólo una respuesta a un movimiento de protesta social”, dijo el senador Corrales.

Por su parte, el senador Jorge Londoño (Partido Verde) aseguró que es nefasto que “el Gobierno no le apueste al campo como una macropolítica y no como un sector al que se le asignan recursos para que sobreviva”. El legislador llamó la atención sobre la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), que sufre en el proyecto de presupuesto una desfinanciación de 35 %; la baja se explica se concentra especialmente en el rubro de inversión, que descendió 45 %, mientras que el de funcionamiento creció en 18 %.

De las seis entidades oficiales que componen el sector agro, incluyendo el Ministerio de Agricultura, cinco presentaron descensos en las asignaciones de recursos en el proyecto de presupuesto; la más sensible de estas fue la de la ADR, seguida de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (UNAP, que bajó 14 %). La única que registró un incremento fue la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Institución de Tierras Despojadas, con un alza de 5 %.

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A su turno, la senadora Maritza Martínez (Partido de La U) aseguró que la inversión en el sector agro se ha venido reduciendo drástica y constantemente: “Desde 2018, se ha perdido un peso de inversión por cada tres asignados”, explicó.

La intervención de la senadora se centró en llamar la atención sobre las mujeres rurales, un rubro de especial atención por condiciones de marginalidad en varios aspectos. “La mitad de los habitantes del campo son mujeres. Los recursos que están focalizados en trazadores presupuestales para el tema de mujer son de $74.000 millones, una cifra que es ridícula cuando consideramos que esta es la población más discriminada y con mayores índices de pobreza. ¿Qué mensaje le vamos a dar a las mujeres rurales?”, sentenció la legisladora.

Durante el debate, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, explicó cuáles son algunas de las iniciativas que está desarrollando esta cartera en temas como agricultura por contrato, que es uno de los proyectos más apoyados por la administración Duque. De acuerdo con Zea, se espera que, para 2022, unos 300.000 campesinos se encuentren vinculados a este proyecto; actualmente esta cifra es de 60.049. Así mismo, el funcionario explicó que se están destinando $20.000 millones, distribuidos entre 71.000 productores, para desarrollar acciones de apoyo a afectaciones climáticas. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, desde 2018, se cuentan 8.000 mujeres rurales con tierras tituladas.

Posición de Minagricultura sobre la posible patente del método para el procesamiento del azúcar crudo

El pasado 20 de agosto el congresista Fabián Díaz aseguró en un video que Riopaila estaba intentando ‘patentar la panela’ en la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, a través de un comunicado, la empresa negó que se encontrara en el proceso.

La patente es una solicitud hecha por Jorge Enrique González Ulloa, quien hace parte de la junta directiva y es uno de los mayores accionistas del Grupo Agroindustrial Riopaila. Vale la pena aclarar que Ulloa no busca patentar la panela, sino un método en el que se procesa la caña de azúcar para maximizar “la conservación de policosanoles durante la producción de un producto a base de jugo de azúcar natural”.

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Respecto al tema, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mencionó que no apoyan la posible patente, “pues desconoce la existencia de procesos tradicionales en la fabricación de este producto y los nuevos desarrollos financiados por el gobierno colombiano y otras instituciones a nivel nacional e internacional.

La cartera aseguró, mediante un comunicado, que se encuentran trabajando con Fedepanela, Agrosavia, el Sena, el ICA y productores para compartir el impacto negativo que tendría esa patente para el sector panelero y para que se detengan los procesos que también se están realizando en Europa y Australia.

“Esta cartera quiere enviar un mensaje de apoyo a las 350.000 familias productoras de panela, reconociendo su labor y esfuerzo para llevar a cabo esta actividad que tiene presencia en 511 municipios de 28 departamentos del país”, puntualizó la cartera.