Venderán bienes incautados al narcotráfico para financiar la reforma tributaria

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció que dentro del proyecto de la ley de inversión social que prepara el Gobierno para llevar al Congreso en la última semana de julio contempla vender los activos que se le han incautado a los narcotraficantes. La venta de estos bienes, ahora de propiedad de la Nación, contribuirán a obtener los recursos esperados con la reforma.

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También señaló que, actualmente la administración Duque está en un proceso de valoración de los activos de la Nación. El gobierno debe tener claridad sobre esos activos y cómo se optimizan esos bienes, dijo Restrepo.

Durante la reunión en Villavicencio con los líderes sociales y empresarios, en busca de consenso para enriquecer la reforma social, el ministro de Hacienda sostuvo que el propósito del proyecto es tener recursos hasta por $14 billones “con los cuales sorteamos las necesidades sociales, que es lo más importante, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el crecimiento de la economía”.

José Manuel Restrepo ha venido sosteniendo que los ingresos para la ley de inversión social se van a fortalecer con la austeridad en el gasto público que debe aportar $1,8 billones por año, con la lucha contra la evasión por parte de la DIAN que podría aportar otros $2,7 billones y se con el ofrecimiento de los empresarios que ceden los beneficios obtenidos en la ley de crecimiento de 2019 en materia de renta y descuento del ICA.

En materia de fortalecimiento de los programas sociales, el funcionario reiteró que se extenderá por seis meses el subsidio a la nómina para beneficiar a los pequeños comerciantes y tenderos, “se necesita hacer ese esfuerzo adicional”, dijo.

Tras la reunión con los jóvenes de la región se examinó la posibilidad de darle continuidad como política de Estado al programa de matrícula cero para los más vulnerables y tener incentivos para que ingresen al mercado laboral, mediante el cubrimiento de parte de los costos de seguridad social por un periodo de tiempo mientras adquieren la experiencia laboral.

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“Hemos decido también incrementar ese beneficio a las mujeres mayor de 40 años que perdieron su empleo afectadas por el impacto de esta pandemia, allí también se necesita cubrir parte de esos costos de seguridad social”, explicó el funcionario.

Insistió en que el propósito del proyecto tiene que ser lo social sin afectar los más vulnerables, ni a la clase media, no se toca el IVA ni las pensiones, ni menos se modificará la base gravable de las personas naturales.

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció que dentro del proyecto de la ley de inversión social que prepara el Gobierno para llevar al Congreso en la última semana de julio contempla vender los activos que se le han incautado a los narcotraficantes. La venta de estos bienes, ahora de propiedad de la Nación, contribuirán a obtener los recursos esperados con la reforma.

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También señaló que, actualmente la administración Duque está en un proceso de valoración de los activos de la Nación. El gobierno debe tener claridad sobre esos activos y cómo se optimizan esos bienes, dijo Restrepo.

Durante la reunión en Villavicencio con los líderes sociales y empresarios, en busca de consenso para enriquecer la reforma social, el ministro de Hacienda sostuvo que el propósito del proyecto es tener recursos hasta por $14 billones “con los cuales sorteamos las necesidades sociales, que es lo más importante, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el crecimiento de la economía”.

José Manuel Restrepo ha venido sosteniendo que los ingresos para la ley de inversión social se van a fortalecer con la austeridad en el gasto público que debe aportar $1,8 billones por año, con la lucha contra la evasión por parte de la DIAN que podría aportar otros $2,7 billones y se con el ofrecimiento de los empresarios que ceden los beneficios obtenidos en la ley de crecimiento de 2019 en materia de renta y descuento del ICA.

En materia de fortalecimiento de los programas sociales, el funcionario reiteró que se extenderá por seis meses el subsidio a la nómina para beneficiar a los pequeños comerciantes y tenderos, “se necesita hacer ese esfuerzo adicional”, dijo.

Tras la reunión con los jóvenes de la región se examinó la posibilidad de darle continuidad como política de Estado al programa de matrícula cero para los más vulnerables y tener incentivos para que ingresen al mercado laboral, mediante el cubrimiento de parte de los costos de seguridad social por un periodo de tiempo mientras adquieren la experiencia laboral.

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“Hemos decido también incrementar ese beneficio a las mujeres mayor de 40 años que perdieron su empleo afectadas por el impacto de esta pandemia, allí también se necesita cubrir parte de esos costos de seguridad social”, explicó el funcionario.

Insistió en que el propósito del proyecto tiene que ser lo social sin afectar los más vulnerables, ni a la clase media, no se toca el IVA ni las pensiones, ni menos se modificará la base gravable de las personas naturales.