Colombia: radiografía de la desigualdad

En América Latina, una de las regiones más desiguales del planeta, Colombia aparece junto con Brasil en la cima poco honrosa de la concentración del ingreso.

Foto: El Espectador

El coeficiente de Gini mide la forma en que una sociedad distribuye sus ingresos. Esa cifra, sin embargo, no nos dice cuántos pobres hay, cuántos ricos, cuántos niños llegan con hambre a la escuela ni cuántos enfermos esperan una cita que llega tarde o nunca llega. Tampoco registra los privilegios acumulados durante generaciones ni la distancia, a veces obscena, que separa dentro de un mismo país la abundancia de abolengo de la pobreza de cuna.

Toda esa desigualdad se reduce, finalmente, a un número entre cero y uno. El cero señala la igualdad perfecta: una sociedad hipotética en la que todos recibirían exactamente la misma porción del ingreso. El uno señala la desigualdad absoluta: la pesadilla distópica —todavía excepcional, al menos por ahora— de un país en el que una sola persona se quedaría con todos los recursos y los demás no recibirían nada. Ninguna nación, por supuesto, vive en ninguno de esos extremos; pero algunas, como Colombia, llevan ya demasiado tiempo caminando cerca del umbral de una desigualdad que ningún ser humano con un mínimo sentido de justicia debería mirar como si fuera parte natural del paisaje.

En América Latina, una de las regiones más desiguales del planeta, Colombia aparece junto con Brasil en la cima poco honrosa de la concentración del ingreso. El Banco Mundial registró para 2023 un Gini de 0,53 puntos para Colombia y de 0,51 para Brasil, por encima del promedio regional de 0,49. En 2024, el DANE volvió a medir el coeficiente de Gini colombiano en 0,551, apenas inferior al 0,553 de 2023. A escala mundial, esos valores ponen a Colombia en compañía de aquellas sociedades donde la desigualdad opera como una forma estable de organización.

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Esa posición vergonzosa no cayó del cielo. En 2024, el 31,8% de los colombianos vivía en pobreza monetaria, es decir, con ingresos insuficientes para comprar una canasta básica de bienes y servicios; y el 11,7% se encontraba en pobreza extrema, una condición todavía más brutal: ingresos que no alcanzan siquiera para cubrir una canasta básica de alimentos. Traducido a la lengua amarga de la vida cotidiana: casi uno de cada tres colombianos no lograba cubrir sus necesidades básicas, y uno de cada diez no alcanzaba siquiera el mínimo alimentario.

La pobreza multidimensional, por su parte, permite mirar la pobreza por dentro y ubicarla sobre el mapa. No se limita a preguntar cuánto dinero entra a un hogar; examina también si allí hay educación, salud, empleo formal, vivienda digna, servicios básicos y condiciones adecuadas para la niñez. Y este indicador vuelve a revelar la misma geografía fracturada: en 2024 afectaba al 11,5% de la población nacional; en las ciudades descendía al 7,8%, mientras que en los pequeños poblados y las zonas rurales ascendía al 24,3%.

Colombia arrastra una desigualdad nacida de un reparto inicial de la tierra profundamente injusto, consolidado durante generaciones y resguardado por catastros incompletos, avalúos rurales artificialmente bajos e impuestos prediales casi simbólicos.

Para comprender ese reparto hay que regresar a la matriz colonial. No existió aquí una nobleza legal comparable a la europea, con títulos hereditarios y señoríos reconocidos por la Corona, pero sí una poderosa aristocracia social de hacendados, élites agrarias y linajes regionales cuya influencia descansaba en la tierra, el apellido, el dominio político de amplios territorios y una estrecha proximidad al poder estatal. Buena parte de la historia colombiana puede leerse como la persistencia y adaptación de esa estructura originaria.

Desde la Colonia, instituciones como la encomienda y la hacienda asociaron tierra, trabajo subordinado, prestigio social y poder político. La encomienda permitió a ciertos españoles recibir tributo indígena dentro de territorios determinados; la hacienda consolidó después una relación más duradera entre propiedad rural, dependencia laboral y jerarquía social. La República cambió el lenguaje jurídico, pero no disolvió del todo esa arquitectura. La concentración contemporánea de la tierra es la supervivencia, bajo formas modernas, de una vieja cartografía del dominio territorial.

Las cifras son impúdicas. Oxfam ha señalado que en Colombia el 1% de las explotaciones agropecuarias de mayor tamaño ocupa el 81% de la tierra, mientras el 99% restante se reparte apenas el 19%. También ha mostrado que los predios grandes, de más de 500 hectáreas, pasaron de ocupar 5 millones de hectáreas en 1970 a 47 millones en 2014. Es difícil imaginar una radiografía más exacta del fracaso estatal: un país que se proclama moderno, urbano, emprendedor y democrático, mientras conserva en su subsuelo histórico una concentración territorial heredada de un viejo orden cuasi feudal.

En esa historia aparece una figura decisiva: la ganadería extensiva. El gran potrero colombiano ha sido una manera pobre de usar la tierra y una manera eficaz de conservar poder. Según documentos del Banco Mundial, la ganadería representa el renglón de mayor cobertura del área productiva agropecuaria nacional, con cerca de 35 millones de hectáreas bajo pasturas donde predomina todavía la ganadería extensiva. Otros análisis han señalado que cerca del 80% de la tierra agropecuaria del país corresponde a pastos, mientras apenas una fracción menor se dedica a cultivos agrícolas.

La ganadería extensiva permite convertir la tierra en reserva patrimonial antes que en fuente viva de empleo, alimento, economía campesina o innovación rural. Allí donde podrían existir cultivos, cooperativas, agroindustria inteligente, restauración ambiental, pequeños y medianos productores, caminos, escuelas y mercados locales, sobreviven extensiones casi vacías, cercas de alambre, pasto ralo, ganado disperso y uno que otro vaquero bajo el sol vertical. No hay verdadera vida social; no hay empleo suficiente. Solo tierra reseca, potreros interminables y aguas con frecuencia degradadas por el barro, la erosión y los residuos animales: una imagen casi perfecta por su pobreza, y por la desmesura de la improductividad del latifundio.

Viajar por tierra desde Bogotá hasta Santa Marta se parece, por largos tramos, a atravesar una inmensa hacienda ganadera que no termina jamás. A lado y lado de la carretera, entre polvo, barro, potreros interminables y cercas que parecen repetirse hasta el infinito, subsisten pequeños caseríos de invasión: ranchos precarios, techos improvisados de lata y cartón, niños descalzos, vientres hinchados, animales flacos, vidas enteras que sobreviven en las orillas del mundo, adheridas a la tierra como los tentáculos de un organismo desesperado. El paisaje recuerda, por momentos, las zonas más empobrecidas de África Ecuatorial, no por ausencia de territorio, sino por la forma brutal en que ese territorio ha sido poseído.

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El problema se agrava porque esa tierra ha estado tradicionalmente mal avaluada y débilmente gravada. El propio DNP ha señalado, con base en estimaciones del IGAC, que el índice de Gini de los predios rurales llegó en 2023 a 0,89, una cifra indigna de concentración de la riqueza; y que para 2020 la informalidad en la tenencia de la tierra rural rondaba el 0,52. A eso se suma una distorsión decisiva: el avalúo catastral, que sirve como base para calcular el impuesto predial, debería acercarse al valor comercial —la norma habla de un rango entre el 60% y el 100% del valor de mercado—, pero durante años buena parte del campo colombiano ha permanecido por fuera de una actualización seria.

Nada de esto va en contra del derecho a la propiedad privada. La propiedad privada puede existir, y debe existir. Pero en una democracia del siglo XXI no puede operar como derecho sin deberes, patrimonio sin impuestos reales y extensión sin productividad ni función social.

Colombia no resolverá su desigualdad mientras la tierra siga siendo el secreto mejor protegido de su estructura social. No bastan discursos sobre emprendimiento, educación financiera, esfuerzo individual o innovación tecnológica. Todo eso puede ser útil, pero llega tarde si el suelo mismo de la nación sigue organizado como una herencia colonial. Un país puede tener aplicaciones, centros comerciales, universidades, inteligencia artificial y tratados de libre comercio, y seguir siendo profundamente arcaico si su campo continúa gobernado por la lógica del gran potrero.

Mientras eso no cambie, el Gini seguirá siendo más que un índice. Será la traducción en cifras de una historia agraria y social no resuelta: el retrato frío de una república que se modernizó por arriba, pero dejó intacto, debajo de sus instituciones, el viejo señorío de la tierra.

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