Hace poco, el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana publicó un informe que deja ver una realidad inquietante en Colombia: más de 1,8 millones de personas no saben leer ni escribir, una cifra equivalente a la población total de Norte de Santander. Como explica Olga Lucía Sánchez, gerente de la Fundación Instituto Natura, el impacto no es menor, pues afecta toda la trayectoria de aprendizaje. “Primero aprendes a leer y luego lees para aprender. Eso significa que, desde ese punto, comienzan a aparecer dificultades en los procesos educativos que siguen”, señala.
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Si bien Colombia ha logrado reducir su tasa de analfabetismo en más de 23 puntos porcentuales desde 1964, Gloria Bernal, codirectora del LEE, advierte que ese avance se ha frenado. “La velocidad de reducción se ha desacelerado notoriamente en los últimos años”, dice. A juicio de Bernal, PhD en Gobernanza y Análisis de Políticas, esto sugiere la existencia de un núcleo duro, concentrado en poblaciones y territorios que no están siendo alcanzados de manera efectiva por las estrategias tradicionales de alfabetización.
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A ese panorama se suma otro problema: muchos niños y niñas no están comprendiendo lo que leen en la edad adecuada. Una investigación del Banco Mundial publicada en 2023 mostró que el 60,5 % de los menores de 10 años en el país no puede leer ni entender un texto simple. Este fenómeno está relacionado con la llamada “pobreza de aprendizaje”, un concepto desarrollado por el Banco Mundial y el Instituto de Estadísticas de la Unesco en 2019 para medir la proporción de niños y niñas que no alcanzan competencias básicas de lectura, combinando datos de escolarización y niveles mínimos de desempeño.
A grandes rasgos, el Banco Mundial señaló en ese entonces que las dificultades para aprender a leer de manera adecuada responden a múltiples factores, entre ellos la pobreza multidimensional. Por eso, para Francisco Thaine, magíster en Estudios Culturales y subdirector general del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), la discusión no puede limitarse al aula. “La lectura no solo ocurre en la escuela. Debe pensarse como una política pública que reconozca la alfabetización como un proceso continuo, ligado al desarrollo de habilidades de escritura y comprensión”, explica.
Esa mirada es la que han adoptado países como Brasil, Argentina y Uruguay, donde la alfabetización en la edad adecuada pasó a ser una prioridad en la agenda educativa. Allí, destaca Karina Stocovaz, gerente para América Hispana del Instituto Natura, se han articulado políticas nacionales con acciones territoriales, acompañadas de evaluaciones representativas y un fuerte compromiso de la sociedad civil.
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Si hubiera que buscar un ejemplo de política educativa exitosa, el estado de Ceará, en Brasil, aparecería con frecuencia. En dos décadas pasó de bajos niveles de alfabetización a indicadores comparables con los de países desarrollados, pese a enfrentar condiciones sociales complejas. La explicación, asegura el gobernador Elmano de Freitas, está en la articulación institucional. “Es clave que todos tengan una misma apuesta, desde el gobierno central hasta el nivel local”, afirma. Esa coordinación ha permitido que hoy diez de sus municipios estén entre los 20 mejores del país. Sobral, con cerca de 200.000 habitantes, obtuvo el puntaje más alto en calidad educativa, según el Banco Mundial.
Las cifras reflejan un cambio profundo. “Mientras en 2005 Sobral no estaba entre los mil mejores municipios de Brasil, en 2017 ocupó el primer lugar en educación primaria y secundaria baja”, señala la entidad. No es un salto menor, pues a los ojos del Banco Mundial, es una transformación sostenida en el tiempo.
Otro elemento clave ha sido la valorización del magisterio. De Freitas destaca la formación continua, el acceso a materiales adecuados y un sistema de evaluación permanente. “La evaluación se realiza en cada estudiante y es fundamental fortalecer el desarrollo docente”, indica. A esto se suma un factor que generó una serie de incomodidades en diversos debates y son mejores condiciones salariales para los maestros, las cuales también han incidido en los resultados.
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Al igual que Brasil, en Argentina también han priorizado la alfabetización. Lo hicieron poniéndola en el centro de la discusión pública. Ignacio Ibarzábal, exdirector ejecutivo de Argentinos por la Educación, recuerda que el punto de partida fue un dato contundente: uno de cada dos estudiantes no entiende lo que lee. A partir de ahí, la estrategia consistió en instalar el tema en la agenda. “Hablamos con docentes, directivos, expertos y líderes sociales. Luego llevamos esa evidencia a los medios y a la conversación pública”, detalla.
El tema ganó visibilidad, especialmente en un año electoral. Los principales candidatos presidenciales incorporaron la alfabetización en sus propuestas. Desde entonces, la organización hace seguimiento a los avances y ha resaltado que uno de los principales resultados es el aumento en la inversión, pues pasó del 2,4 % del presupuesto educativo en 2024 al 6,4 % en 2025.
Uruguay es otro ejemplo. Allí, señala Sebastián Valdez, secretario técnico de educación, los avances se han apoyado en acuerdos sostenidos en el tiempo. “Expandimos la educación inicial y primaria, llevamos infraestructura a todo el país y fortalecimos la formación docente. Eso nos ha dado estabilidad”, afirma.
Todos estos casos de éxito, en opinión de Esther Kuisch Laroche, directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago de Chile, han mostrado que la alfabetización debe entenderse como un derecho fundamental que los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar. La evidencia regional muestra que los países que logran avances sostenidos en alfabetización suelen compartir algunas características clave. Además, explica que, para que se vean resultados, los programas deben ser de largo plazo, sostenidos en el tiempo y respaldados por evidencia; que exista una inversión en la formación docente; y, finalmente, contar con sistemas de evaluación y monitoreo permanentes.
Sin embargo, advierte, no se trata de copiar modelos. “Cada país debe mirar su contexto”, señala. En esa línea, Thaine insiste en que ignorar las particularidades locales suele explicar los fracasos. Sánchez añade otro elemento: las políticas no pueden ser homogéneas. “Se requieren materiales diversos y propuestas curriculares adaptadas, incluso a lenguas originarias. Eso enriquece la política”, comenta.
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Si Colombia quiere reducir el analfabetismo, concluye Laroche, un primer paso sería construir pactos nacionales que involucren a todos los actores. También es clave priorizar a las escuelas y comunidades con mayores desafíos. Al final, no se trata de replicar experiencias ajenas, sino de entender el contexto propio y construir soluciones que realmente transformen el sistema educativo.
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