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8 Feb 2022 - 1:23 a. m.

¿Cómo abordar casos de acoso sexual en las universidades?

Nueve estudiantes denunciaron ante el comité disciplinario de la Universidad Jorge Tadeo Lozano a uno de sus compañeros por acoso sexual. La institución lo suspendió por un semestre académico. ¿Cómo es la mejor forma de abordar estas denuncias? Aquí le explicamos.
Paula Casas Mogollón

Paula Casas Mogollón

Medio Ambiente, Ciencia, Salud y Educación.
Nueve estudiantes de biología marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano denunciaron por acoso sexual a su compañero ante el comité disciplinario de la institución.
Nueve estudiantes de biología marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano denunciaron por acoso sexual a su compañero ante el comité disciplinario de la institución.

Nueve estudiantes de biología marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano denunciaron por acoso sexual a su compañero Juan Camilo Alarcón Ramírez ante el comité disciplinario de la institución. Entre las denunciantes, hubo una que era menor de edad. Se trata de Luana*, quien para ese entonces tenía 17 años. (Lea: Las denuncias de acoso sexual en la Universidad Jorge Tadeo Lozano)

“En la estación de Transmilenio me quitó mi teléfono y abrió la foto que me había mandado. Era una imagen de su pene. Me puso el celular en la cara para obligarme a verla”, confiesa Luana en este artículo, en el que se recopilan otras cuatro denuncias de las estudiantes. Luana, para ese año (2017) puso la queja por acoso sexual con el director de los programas de ciencias marinas y ambientales. Pero al final el proceso no continuó.

La institución, por medio de un documento confidencial, le comunicó a las denunciantes que iba a suspender por un semestre académico a Alarcón Ramírez. Sin embargo, las denunciantes dicen la respuesta de la universidad fue demorada - casi tres meses después de la denuncia-, en que los procesos fueron poco eficientes y, por no contar con una experta en género, fueron revictimizadas.

Pero el de Alarcón no es el primer caso de acoso sexual que llega al comité disciplinario de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En 2020, 12 estudiantes denunciaron que Sergio Herrera Estupiñán, estudiante del programa tecnología de realización de audiovisual y multimedia, las había acosado sexualmente.

Para ese entonces, el plantel sostuvo que sí tenían conocimiento de las denuncias que se habían hecho por los canales oficiales de la universidad y que, contrario a lo que afirman las estudiantes afectadas, no fueron 12, sino dos. También señalaron que luego de ser remitidas al comité disciplinario se había llevado a cabo las etapas pertinentes de la investigación y se había finalizado el proceso. (Le puede interesar: Imputan al profesor Fabián Sanabria por presunto abuso sexual a estudiante)

Entonces, ¿cómo es la forma adecuada de abordar este tipo de casos en las instituciones? Mónica Godoy, antropóloga y maestra en estudios de género, apunta que el primer error que se cometió en este caso fue no prestarle atención a la queja interpuesta por la estudiante en 2017. “En ese momento había que activar un proceso de investigación formal, y es importante porque esto desestimula ese mismo comportamiento, no con la persona que interpone la queja, sino con otras. Si hubiesen atendido esa queja en el momento en que se puso los otros abusos no hubieran sucedido”, apunta.

El segundo error que se cometió, añade, es que el comité que recibió las denuncias no contaba con ninguna formación en cómo tratar quejas por violencia e investigar desde una perspectiva de género. Godoy aclara que a pesar de que se está hablando de violencia ejercida entre pares en apariencia, ambas partes son estudiantes, “hay una desigualdad entre las mujeres y el hombre. Comprender en qué consiste esta desigualdad, como la dificultad que ellas manifiestan en ser escuchadas por este estudiante en decir que no, cuando le pedían que parara y él continúa con las conductas, es fundamental”, apunta.

Godoy resalta que en estos casos es muy importante preguntarle a las personas que pusieron la queja contra acoso sexual qué les gustaría que sucediera en el proceso. Esto, con el objetivo de que cada protocolo contemple escenarios distintos para tratar cada uno de los casos.

“No es la misma situación un acoso sexual ejercido por un profesor, que es reconocido, que tiene una trayectoria y que, por ejemplo, tiene 50 y acosa a una alumna de 20, al caso de que es par, que tienen casi la misma edad y que pertenecen a un espacio de confianza de las estudiantes (se encuentran en las salidas de campo o en los mismos espacios sociales)”, apunta.

Por eso, Godoy resalta que cuando se trata de este tipo de casos es necesario una acción oportuna y eficaz. “A la primera queja deberían haber respondido con un proceso formal de investigación y con una primera sanción. A un sistema de consecuencias que desestimule ese comportamiento y que también sirva como una herramienta pedagógica”. (Puede leer: “Si nos callamos habrá más víctimas”, denunciante de acoso sexual en la U Nacional)

Nancy Becerra, psicoterapeuta con perspectiva de género y quien ha acompañado a algunas de las denunciantes de Alarcón, por su parte resalta que en este caso aún persiste una falta de conciencia por parte de las universidades y de que avancemos como sociedad.

“Las instituciones no están recibiendo el llamado a la responsabilidad que les hacemos, se sienten atacadas y creen que cuidar su nombre es negar la realidad de su falta de conocimiento y experiencia en el manejo de estos casos, lo que resulta en encubrimiento y revictimización de las jóvenes que requieren protección. La violencia de género no es nueva, es histórica, sistemática y estructural”, explica.

Lo primero que aconseja Becerra es que en este tipo de situaciones, las instituciones busquen expertos y se dejen acompañar. “Como no hay cualificación ni formación en perspectiva de género, en la construcción de protocolos y en su ejecución cometen errores y no se tiene claridad sobre las responsabilidades”, añade.

La perspectiva de género parte de reconocer las causas estructurales de la violencia basadas en prejuicios y estereotipos, en los que, por ejemplo, se cae en la tendencia de no creerles a las víctimas. “Es importante resaltar que la Sentencia T 140 de 2021 establece los deberes que todas las organizaciones públicas y privadas tienen para prevenir todas las formas de violencia contra mujeres, pero en particular el acoso sexual que es una práctica que atenta contra la igualdad y libertad de las mujeres”, señala Valeria Mira, abogada y experta en cumplimiento en derechos humanos.

Mira añade que en estos casos no se debe asumir una postura de neutralidad y deben establecer garantías que aseguren que este tipo de actos no se vuelvan a repetir. Es enfática al asegurar que las universidades tienen que actuar, hacerse cargo de estos asuntos y establecer garantías que aseguren no van a repetirse. (Lea: Claves para prevenir el acoso sexual en universidades)

“Estos deberes se materializan en la formulación de instrumentos que consagren explícitamente que involucren a las personas que hacen parte de la comunidad universitaria y establecer una serie de medidas de prevención que buscan que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Además, que existan unos cuestionamientos a las razones que nos han llevado a normalizar este tipo de conductas”, puntualiza Mira.

Para Becerra, en este caso no se debe señalar solo a una institución. “No vamos a linchar a la Tadeo. Esto está pasando en muchas más universidades. La idea es hacernos la reflexión sobre la gravedad de la situación y la urgencia de determinar las barreras para avanzar en la construcción de protocolos con enfoque de género y poder atender los casos y garantizar lugares seguros para las niñas, adolescentes y mujeres en el espacio académico. Es una realidad en la que ya no podemos evadir el compromiso”, dice.

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