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La llegada de Viviane Morales al Ministerio de Educación ha reabierto un viejo debate. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha dicho que no quiere que los niños sean educados bajo lo que denomina “ideología de género”, y su esposa ha pedido explícitamente eliminarla de los colegios. Pero antes de eliminar algo del sistema educativo colombiano habría que responder una pregunta elemental: ¿qué es exactamente lo que se quiere eliminar?
La expresión “ideología de género” no corresponde a una doctrina científica única y claramente definida. En el debate político suele utilizarse para agrupar asuntos muy distintos: educación sexual, igualdad entre hombres y mujeres, orientación sexual, identidad de género y diversidad.
Al revisar las principales normas que regulan la educación colombiana no aparece una política denominada “ideología de género”, ni un mandato para imponer a los estudiantes una determinada identidad. Lo que sí existe es una evolución normativa dirigida a garantizar que los colegios sean lugares donde todas las personas puedan estudiar sin ser discriminadas.
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El punto de partida está en la Constitución de 1991, que establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y prohíbe la discriminación por razones de sexo, entre otras condiciones. La jurisprudencia constitucional ha extendido esta protección a la orientación sexual y la identidad de género. La Ley General de Educación de 1994 incluyó entre los objetivos de la formación el desarrollo de la sexualidad, el conocimiento de sí mismo, la autoestima y el respeto por la equidad de los sexos. Posteriormente, la Ley 1620 de 2013 fortaleció la convivencia escolar y los mecanismos para prevenir y atender la violencia y el acoso.
Un punto de inflexión fue el caso de Sergio Urrego, el estudiante de 16 años que sufrió discriminación y hostigamiento en su colegio por su orientación sexual y murió por suicidio en 2014. En la Sentencia T-478 de 2015, la Corte Constitucional concluyó que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados y ordenó revisar los manuales de convivencia para garantizar el respeto por la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes.
El caso de Sergio recuerda por qué este debate no puede reducirse a consignas políticas. La evidencia muestra que el acoso, la violencia y la discriminación afectan el bienestar y la salud mental de niños y adolescentes. Los jóvenes pertenecientes a minorías sexuales enfrentan mayores riesgos de problemas de salud mental en contextos de estigma, rechazo y discriminación.
Por eso importa el lenguaje que se utiliza desde el poder y desde el colegio. Presentar ciertas identidades como anormales o indeseables puede reforzar prejuicios que terminan traduciéndose en exclusión y acoso. El colegio debe hacer exactamente lo contrario: enseñar a convivir con quien es diferente.
Esto implica reconocer una realidad: existen personas con distintas orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género. Enseñar su existencia no significa decirle a un niño qué debe ser. Reconocer que existen personas homosexuales, heterosexuales, bisexuales o con identidades de género diversas no determina la orientación o identidad de ningún estudiante, así como enseñar que existen diferentes religiones no obliga a profesar ninguna.
Ahí está, precisamente, la diferencia entre educar y adoctrinar.
Ningún colegio puede imponer una orientación sexual o de género a un individuo, pero sí debe educar acerca de los comportamientos sociales alrededor del género y la sexualidad. Tampoco debería imponer la idea de que, por haber nacido hombre o mujer, existen profesiones, comportamientos, colores, juguetes o proyectos de vida que le están vedados. Es deber de los colegios crear un ambiente en el que, por ejemplo, las niñas sepan que pueden convertirse en ingenieras y en el que los niños puedan expresar sus emociones sin que ninguno sea sancionado por sus pares.
La tarea de los colegios es garantizar un entorno seguro para el desarrollo de los estudiantes. Docentes, orientadores y directivos deben estar preparados para acompañar estas realidades, prevenir el acoso y actuar frente a la discriminación. Esto también importa para el aprendizaje: un estudiante que tiene miedo de ir al colegio, que es víctima de bullying o que siente que debe esconder quién es, difícilmente puede aprender en igualdad de condiciones.
Por supuesto, ningún contenido que llegue a las aulas debe estar exento de escrutinio. La educación debe distinguir entre conocimiento respaldado por evidencia científica, teorías en discusión y posiciones normativas. Ninguna corriente política, conservadora o progresista, debería utilizar la escuela para imponer sus creencias.
Por eso, si el nuevo Gobierno quiere “eliminar la ideología de género de los colegios”, debe explicar qué significa exactamente. ¿Eliminar la educación sexual? ¿La prevención del acoso? ¿El reconocimiento de que existen personas diversas? ¿La obligación de no discriminar?
Combatir el adoctrinamiento es legítimo. Combatir la discriminación es una obligación. Confundir ambas cosas puede significar un enorme retroceso. Eso no es ideología de género. Es educar para la libertad, la igualdad y el respeto.
*Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana
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Por Luz Karime Abadía*
