El Gobierno Nacional presentó este miércoles, 10 de junio, la actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental, la nueva hoja de ruta que orientará los procesos de educación ambiental en el país, y que no se actualizaba desde hace 24 años.
De acuerdo con la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, tener el nuevo documento les tomó tres años de trabajo participativo con más de 12.000 personas. En el proceso participaron docentes, estudiantes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas, organizaciones sociales, academia, autoridades ambientales, entidades territoriales y líderes comunitarios.
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Estas personas se reunieron en diferentes espacios como la Cumbre Nacional de Educación Ambiental, la COP 16 de Biodiversidad, consultas ciudadanas, espacios académicos, diálogos realizados entre 2023 y 2025, y 20 encuentros territoriales.
“La política incentiva el diálogo de saberes, la interdisciplinariedad, poder trascender el espacio de las aulas, asegurarse que vamos más allá de los claustros académicos y que la educación ambiental se conecta con los territorios, sus desafíos, la superación de sus desigualdades y las injusticias ambientales que residen ahí”, aseguró Vélez.
Los principales cambios
Según el Ministerio de Educación, la política responde a retos cada vez más complejos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la degradación de ecosistemas y las desigualdades socioambientales. También recoge aprendizajes derivados de procesos de paz territorial, la creciente participación de las juventudes en asuntos ambientales, las movilizaciones ciudadanas y el reconocimiento de los saberes, la diversidad cultural y biológica del país.
La política además contempla fortalecer la formación de docentes, e impulsar la participación estudiantil. También plantean superar enfoques limitados a actividades aisladas para promover una comprensión más profunda de las problemáticas socioambientales, sus causas y posibles soluciones desde cada contexto territorial.
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Para esto, propone estos cambios:
- Incorpora el cambio climático como eje estructural de los procesos educativos.
- Fortalece el diálogo entre conocimientos científicos, saberes ancestrales, comunitarios y territoriales.
- Apoya la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la toma de decisiones relacionadas con los asuntos ambientales.
- Integra enfoques interculturales, de género, diferenciales e intergeneracionales.
- Reconoce los derechos de la naturaleza junto con los derechos humanos como referentes fundamentales para la formación ciudadana.
A estos cambios, se suma la incorporación de un plan de acción con metas, indicadores y mecanismos de seguimiento, una herramienta que no contemplaba la política adoptada en 2002. Además, el nuevo marco estratégico está conformado por 17 procesos estratégicos y 57 líneas de acción que orientarán el trabajo de las instituciones, organizaciones y comunidades en todo el territorio nacional.
¿Qué viene ahora?
Tras su lanzamiento, el Gobierno Nacional iniciará una etapa de socialización y apropiación en todo el país para impulsar la implementación de la Política en los territorios.
La ruta contempla el fortalecimiento de la articulación entre sectores, la incorporación de la política en instrumentos de planeación territorial, la creación de una mesa nacional de educación ambiental, el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), nuevos procesos de formación docente, alianzas con instituciones de educación superior y mecanismos que amplíen la participación de niñas, niños y jóvenes en las decisiones ambientales.
“Con esta actualización, Colombia busca consolidar una cultura basada en la corresponsabilidad, la participación ciudadana y el reconocimiento de la diversidad biocultural del país”, asegura el Mineducación.
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