La nueva política de educación sexual y reproductiva de Colombia llevaba apenas 73 días vigente cuando el Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió que la frenaría. Este documento había sido adoptado el 10 de julio por los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Culturas del gobierno de Gustavo Petro como una hoja de ruta hasta 2035 y abarcaba desde lo que se enseña en las aulas hasta los insumos que deben tener las salas de urgencias. Pero hoy su continuidad está en vilo luego de que el Ministerio de Educación, en cabeza de Ilva Myriam Hoyos, le pidiera a la Presidencia “acciones urgentes” para derogarla y “contener sus efectos”.
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La solicitud aún no se ha traducido en una derogatoria, pero quienes conocen la historia de la educación sexual en Colombia creen que lo que está en juego no depende de un solo papel. “Una política realmente no se desmonta con una resolución, porque ya hay una capacidad instalada importante en las regiones y en las mismas instituciones educativas”, explica Diego Arbeláez, quien integró el equipo del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC), creado en esta cartera durante el gobierno de Álvaro Uribe.
“El golpe”, según él, llega por otras vías: “cuando quienes ejecutan los programas se quedan sin acompañamiento y sin recursos”. Así, recuerda, le sucedió al PESCC, el plan más ambicioso de educación sexual que ha tenido el país. Entre 2011 y 2013 se desintegró el grupo técnico y el dinero se destinó a mejorar los resultados en matemáticas y lenguaje, un requisito para entrar a la OCDE.
“Llegamos a ser once personas para acompañar a todas las secretarías de educación”, recuerda y dice que, si bien no se derogó, simplemente se quedó sin quien lo llevara a las regiones. A pesar de que una evaluación de 2014 concluyó que había logrado retrasar la edad de la primera relación sexual de los estudiantes, las consecuencias se reflejaron en su alcance: seis años después de su puesta en marcha, solo había llegado al 17 % de los colegios.
Ahora, con la intención de la ministra Hoyos, diferentes actores se preguntan: ¿qué perderían los colegios y hospitales si se deroga esta resolución? ¿Puede el Gobierno derogar por su cuenta lo que se acordó en cuatro ministerios?
En el oficio, con fecha del 21 de septiembre y dirigido a Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia, Hoyos propone dos caminos. El primero es revisar el acto administrativo con la participación de las cuatro carteras que lo firmaron, mientras que en el segundo plantea que, al tiempo que avanza esa revisión, el presidente expida una directiva que ordene frenar cualquier medida de implementación y obligue a reportar cuáles ya están en marcha. Aunque El Espectador buscó a la ministra Hoyos, al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Este documento, sin embargo, no llegó por sorpresa. Viviane Morales, antecesora de Hoyos, había anunciado en meses pasados su intención de revisar esa política. A ese hecho, se suma que, a comienzos de octubre, el embajador de Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Álvaro Ayala Meléndez, aseguró que “el país se disocia de la expresión ‘salud y derechos sexuales y reproductivos’”.
Lo que está en juego
La Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, como se llama técnicamente, fue expedida por el gobierno Petro y reemplazó la política de 2014. Cuando se presentó, en agosto, Ricardo Luque, entonces líder del grupo encargado del tema en el Ministerio de Salud, aseguró que se había expedido “con dientes y con un marco normativo de obligatorio cumplimiento”.
La gran diferencia de esta nueva hoja de ruta con su antecesora, agrega Carmen Cecilia Martínez, directora asociada de Estrategias Legales del Centro de Derechos Reproductivos, organización que participó en la formulación, es que la anterior dejaba el liderazgo en el Ministerio de Salud, mientras que la nueva reparte responsabilidades entre estos ministerios.
En las aulas, por ejemplo, el Ministerio de Educación debe construir lineamientos, brindar asistencia técnica permanente a las secretarías, montar un sistema de monitoreo de la educación sexual integral e incluir los derechos sexuales y reproductivos en la formación y la evaluación de los maestros. Las secretarías, a su vez, tienen que vigilar que los colegios incorporen esos contenidos y diseñar planes territoriales con la participación de estudiantes, docentes y familias.
Los hospitales también son un actor clave: el artículo 15 los obliga a tener disponibles y de forma permanente, en urgencias y hospitalización, los insumos para atender emergencias obstétricas, casos de violencia sexual, interrupciones voluntarias del embarazo y profilaxis tras una exposición al VIH.
Para Mariana Sanz de Santamaría, directora de Poderosas, organización que asesoró algunas consultorías sobre el enfoque de derechos en la educación integral en sexualidad, ahí está el punto clave de la discusión. “La gran pérdida, si se llega a cumplir con el oficio de la derogatoria, es el puente de articulación obligatoria entre educación, salud, protección y cultura”, lamenta.
Pone un ejemplo para dimensionar mejor la situación: “Sin este, las rutas de atención en salud dentro de los colegios perderían efectividad. Las secretarías de Educación y de Salud ya no estarían obligadas a formular planes conjuntos con presupuestos e indicadores compartidos. Y la salud menstrual dejaría de pensarse desde la escuela como una forma de prevenir la deserción escolar”.
Todos estos factores, a los ojos de Laura Castro, directora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, hacen que el alcance de esta política sea mayor de lo que suele creerse. La principal razón, detalla, es que, al reunir componentes de salud pública (como la prevención del cáncer de cuello uterino), la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos, “beneficia a la sociedad en su conjunto”.
¿Qué pasaría si el gobierno de Abelardo de la Espriella deroga esta resolución? La respuesta de Johanna Cepeda, integrante de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, es tajante: “Continuaríamos con las inequidades y las deficiencias de un país que no ha podido responder a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos”.
La política apenas empezaba a ponerse en marcha. Entre julio y octubre, reconoce Sanz de Santamaría, no se implementó nada significativo, en parte porque no se había desembolsado presupuesto. Lo que sí hubo, señala, fueron solicitudes de secretarías de Salud y de Educación para armar mesas técnicas que alinearan sus planes territoriales con las nuevas directrices. A Arbeláez, actual asesor para la Fundación SURA del Programa Félix y Susana, le preocupa que ese impulso se apague.
Este debate, sin embargo, no borraría la obligación de enseñar educación sexual en los colegios, pues, como explica Sanz de Santamaría, “con o sin resolución, en Colombia la educación integral en sexualidad es obligatoria. Y esto tiene que quedar muy claro”. Esto, de hecho, lo establecen algunas normas, como la Ley General de Educación de 1994, la Ley de Convivencia Escolar de 2013 y una serie de sentencias de la Corte Constitucional.
Por esta razón, Martínez señala que una posible derogatoria no debería traducirse en que se frenen los servicios de educación sexual ni la orientación en salud reproductiva. Lo que sí se perdería, aclara Isabel Segovia, exsecretaria de Educación de Bogotá durante el gobierno de Galán, es el apoyo para cumplir esa obligación. “Al quitar esta resolución”, comenta, “el Ministerio elimina una orientación útil para las entidades territoriales y los colegios. Además, desaparece el presupuesto que se asigna para ayudar a implementarla”.
Los argumentos del Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación, en el oficio, señala que tiene “serios cuestionamientos constitucionales y legales” sobre esta resolución. Por ejemplo, teme que se vulnere la autonomía escolar y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos. Sobre este punto, la misma resolución tiene una serie de matices en su artículo 19, en el que establece que los colegios oficiales y privados “deberán incorporar los contenidos con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad”. Y, basados en la Ley General de Educación, recuerda que la educación sexual en Colombia es obligatoria y ordena priorizar el trabajo con estudiantes, familias y comunidades.
Segovia, viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media de 2008 a 2010, lo interpreta como un mandato sobre qué abordar, no sobre cómo hacerlo. “Al haber una norma, sí hay una obligación, pero la autonomía del cómo y del cuándo no está necesariamente involucrada”, explica. En Bogotá, cuenta, todos los años se convoca a los padres para mostrarles qué se trabajará con sus hijos según la edad y poder resolver algunas de sus inquietudes.
Martínez, magíster en derecho, tiene una opinión similar, pues, a su juicio, “la política no pretende de ninguna forma sustituir a las familias; por el contrario, reconoce su papel fundamental y propone darles herramientas para acompañar a sus hijas e hijos”. Tampoco ve que pueda existir un “choque” con los colegios religiosos, porque, agrega, estos pueden conservar su identidad confesional y, al mismo tiempo, ofrecer educación sexual integral.
La expresión que más inquieta al Ministerio está en el primer objetivo específico de la política: “propiciar la transformación de normas sociales y de género”.
Ángela María Rojas, doctora en Psicología de la Universidad de los Andes, cree que buena parte del debate nace de la confusión entre conceptos como sexo, género, orientación sexual e identidad, y advierte que proponerse transformar normas exige evidencia previa. “En ocasiones no son las normas, sino la falta de habilidades específicas, lo que mantiene una conducta. Por eso es tan importante basar cualquier acción en la investigación”, añade.
Para Martínez, en cambio, los estereotipos de género tienen consecuencias muy concretas y retoma el caso de Paola Guzmán Albarracín, una adolescente que estudiaba en un colegio público de Guayaquil (Ecuador) que fue violada por el vicerrector. En lugar de protegerla, la institución la culpó. El Centro de Derechos Reproductivos, junto con una organización ecuatoriana, llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su sentencia estableció que la educación sexual hace parte del derecho a la educación. “La escuela tiene que ser un espacio de protección y no un escenario donde las niñas, niños y adolescentes queden expuestos a la violencia, al silencio o a la impunidad”, sostiene.
El Ministerio también reprocha que una norma administrativa proyecte compromisos hasta 2035 a partir del ciclo de planeación 2022-2026, y advierte que fija gastos sin identificar de dónde saldrá el dinero. Este argumento es el que más rechazo despierta entre quienes han trabajado en el Ministerio, aunque por razones distintas. Segovia, por ejemplo, explica que una política de largo plazo no nace con todos sus recursos asignados, sino que obliga a cada gobierno a destinarle dinero año tras año, según unos indicadores conocidos como marcadores. “Es una excusa ridícula”, asegura.
Arbeláez sostiene, en cambio, que ni siquiera se requieren fondos nuevos, pues el acompañamiento puede hacerse desde las dependencias existentes. “Aquí no hay que armar nuevos equipos; simplemente hay que respetar una ley que ya existe”, comenta. Cepeda, de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, reconoce que la financiación aún estaba por definirse, pero defiende la forma en que se construyó.
“Minimizar un proceso largo, riguroso y con participación social es desconocer las evidencias, las necesidades sociales y la participación de los diferentes sectores que se involucraron”, comenta y agrega que fueron dos años de trabajo con organizaciones sociales, organismos de cooperación internacional y otros sectores del Gobierno.
¿Es posible tumbar la resolución?
La pregunta en este punto es si el gobierno de De la Espriella puede tumbar esta resolución, pues la ministra Hoyos no la derogó directamente, y la razón es jurídica. “Hay un principio general del derecho que dice que las cosas se deshacen como se hacen”, explica el abogado Camilo Blanco, experto en educación. Como la firmaron cuatro ministros, derogarla exigiría un nuevo acto conjunto de esas mismas carteras; por eso, según él, la ministra acudió al jefe jurídico de la Presidencia. Ese nuevo acto, agrega, tendría que someterse a consulta ciudadana, como ocurrió con la norma original.
Hay un segundo obstáculo, según Blanco, y es que el concejal de Bogotá Andrés Barrios demandó la resolución ante el Consejo de Estado. Este proceso ya es esperado por quienes defienden la política, de hecho, como contamos en estas páginas, en la presentación de agosto, una representante de la Mesa por la Vida anticipó que probablemente terminaría ante ese tribunal, como ya había ocurrido con otras resoluciones del Ministerio de Salud.
A eso se suma la orden de la sentencia C-055 de 2022, con la que la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 y exhortó al Gobierno a formular una política pública integral que incluyera, como mínimo, programas de educación sexual y reproductiva. Castro, de La Mesa por la Vida, recuerda que la política anterior había vencido hacía algunos años y que los movimientos de mujeres llevaban tiempo pidiendo su actualización.
Este debate, confiesa Segovia, la ha sorprendido, porque cuando trabajó en el Ministerio de Educación, entre 2008 y 2010, “esto ni siquiera se discutía. Había un programa de educación sexual y construcción de ciudadanía, y nadie se oponía”.
Entonces, ¿cómo debería un gobierno cambiar una política que no comparte? Para Segovia, lo más sensato sería evaluarla, calcular los recursos que necesita y abrir un debate público para ajustarla. Rojas, de los Andes, propone medir antes de afirmar que tres décadas de educación sexual no han funcionado. A su juicio, hace falta el estudio nacional que el país no ha vuelto a hacer y con esa información, concluye, se podrá decidir qué mantener, qué reforzar y qué cambiar de la política.
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