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Colombia se distancia del concepto “derechos sexuales y reproductivos” en Consejo de la ONU

Derechos sexuales y reproductivos, género, discriminación interseccional y racismo estructural fueron algunos de los conceptos sobre los que Colombia fijó posición ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el pronunciamiento, tomó distancia de algunas de estas expresiones y estableció cómo las interpretará frente a las obligaciones internacionales.

Las Igualadas
La intervención de Colombia ante la ONU incluyó varias precisiones sobre género y derechos humanos.
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Este 7 de octubre, el último día de la 63.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Colombia presentó su posición sobre siete resoluciones que habría apoyado en las que se involucran temas de género. Durante la intervención de Álvaro Ayala Meléndez, embajador ante la ONU, el país se desmarcó de expresiones como “salud y derechos sexuales y reproductivos”, limitó la interpretación del concepto de género y de términos como discriminación interseccional y racismo estructural. Un pronunciamiento que organizaciones de derechos humanos ven con preocupación.

“Colombia se disocia de la expresión ‘salud y derechos sexuales y reproductivos’, contenida en la resolución L.34”, dijo el embajador encargado. Se trata de una resolución impulsada por España y Alemania sobre el derecho al agua potable y al saneamiento. Allí, también se habla de las necesidades específicas de mujeres y niñas, como la higiene menstrual, y menciona los derechos y la salud sexual y reproductiva.

Según su pronunciamiento, la referencia a los derechos sexuales y reproductivos “no es lenguaje universalmente acordado ni tiene definición en tratados vinculantes; en esa misma resolución, entiende ‘salud menstrual’ únicamente en relación con agua, saneamiento, higiene, información y atención sanitaria”. Es decir, Colombia acepta que la resolución hable de salud menstrual, pero toma distancia de la expresión “derechos sexuales y reproductivos” porque considera que no existe una definición “comúnmente aceptada” en los tratados internacionales que obligan a los Estados.

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Seguido, Ayala Meléndez también se refirió a la palabra “género”. “Colombia interpreta el término “género”, y expresiones derivadas como “violencia sexual y de género”, “violencia de género facilitada por la tecnología”, “estereotipos de género”, “perspectiva de género” y “medidas que respondan a las cuestiones de género”, como orientaciones para asegurar la igualdad y prevenir la discriminación y la violencia, y conforme al artículo 7.3 del Estatuto de Roma”, mencionó.

Lo que sugiere el funcionario es que esas referencias al enfoque de género, Colombia las entenderá a partir del Estatuto de Roma, el cual hace una distinción binaria y habla específicamente a “hombre” y “mujer” y se remite al “sexo”. Lo que posiblemente dejaría por fuera identidades de género diversas, como las mujeres y hombres con experiencia de vida trans o personas no binarias. El Estatuto lo dice así: “el término ‘género’ se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad“.

No obstante, esa interpretación ha sido materia de debate en algunos países, pues algunos sectores abren el término a identidades de género diversas en el momento en el que el Estatuto se refiere a “el contexto de la sociedad”.

Por otro lado, el embajador también se refirió a otras expresiones que, en la práctica, ayudan a entender que una persona puede enfrentar varias formas de discriminación al mismo tiempo. Aclaró que “Colombia entiende que las ‘formas múltiples e interseccionales de discriminación’, el ‘racismo sistémico, estructural e institucional’, la ‘justicia reparativa’ y las ‘ideologías extremistas, nacionalistas y populistas’ son términos sin definición convencional precisa, que no constituyen categorías jurídicas autónomas” y agregó que el país los aplicará conforme a la Constitución colombiana y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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En palabras sencillas, Ayala dijo que estos conceptos existen y pueden usarse, pero no los considera categorías jurídicas independientes que, por sí mismos, generen nuevas obligaciones para el Estado colombiano.

¿Qué significa esto? Hablar de discriminación interseccional sirve para entender que una persona puede enfrentar varias formas de discriminación al mismo tiempo. Por ejemplo, una mujer indígena lesbiana puede ser discriminada por su género, por su origen étnico y por su orientación sexual, y esas situaciones pueden estar relacionadas. Según organizaciones de derechos humanos, si estas experiencias se analizan por separado, pueden quedar ocultas las razones por las que algunas personas enfrentan riesgos específicos y las medidas que necesitan para proteger sus derechos.

¿Por qué esta intervención deja preocupadas a organizaciones de derechos humanos?

Si bien esta intervención no significa que el país desconozca derechos de mujeres y personas LGBTIQ+ ya reconocidos, entre líneas, organizaciones como Caribe Afirmativo cuestionan el alcance de las aclaraciones que se presentaron ante la ONU. Especialmente, porque en días pasados, el país se retiró de la copresidencia de la Equal Rights Coalition (ERC), la coalición internacional más importante del mundo en defensa de los derechos LGBTIQ+, convirtiéndose en el único país en hacerlo, como lo contamos en este artículo. La decisión generó dudas sobre el rumbo que está tomando el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella frente a los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+.

“La intervención plantea una lectura restrictiva de conceptos que hoy permiten identificar y responder a formas específicas de desigualdad y violencia: limita el uso de los derechos sexuales y reproductivos como lenguaje internacional; vincula la interpretación de género con una disposición del Estatuto de Roma cuyo propio texto señala que opera ‘para los fines de este Estatuto’; y coloca bajo una misma reserva conceptos como interseccionalidad, racismo estructural y justicia reparativa”, explica la organización.

Por ejemplo, en términos de derechos sexuales y reproductivos, la decisión de Colombia de tomar distancia de esta expresión puede tener implicaciones en la forma en que se reconocen y se defienden estos derechos. Caribe Afirmativo asegura que, contrario a lo que se dijo, sí tienen respaldo en el derecho internacional porque están relacionados con otros derechos reconocidos, como el derecho a la salud, la vida, la igualdad y la privacidad, entre otros. En Colombia, además, la Corte Constitucional los ha desarrollado ampliamente. En la Sentencia C-055 de 2022, se vinculó la despenalización del aborto con los derechos sexuales y reproductivos.

Para Wilson Castañeda, director de la organización, en diálogo con El Espectador, resulta preocupante que “en escenarios multilaterales como la ONU se intente presentar estos derechos como si fueran conceptos ajenos al derecho internacional o simples categorías políticas sin respaldo jurídico”.

Por la misma línea, ve problemático la delimitación en la interpretación de la palabra “género” como el Estatuto de Roma lo propone. “Esta interpretación entra en tensión el desarrollo jurídico colombiano”, dice, pues las normas y decisiones judiciales del país reconocen la identidad de género como un derecho protegido. Esto incluye a personas con identidades de género diversas y exige tener en cuenta la perspectiva de género para identificar desigualdades, estereotipos, relaciones de poder y formas de violencia, agrega.

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Asímismo, ocurre con la intervención sobre discriminación interseccional y racismo estructural. Castañeda menciona que se sugiere que “las formas múltiples e interseccionales de discriminación deben perder peso como herramienta de análisis”. En pocas palabras, si se deja de reconocer esta mirada, se vuelve más difícil identificar por qué algunas personas enfrentan riesgos específicos y qué medidas necesitan para proteger sus derechos. Por ejemplo, los crímenes por odio o por prejuicio, los feminicidios o las violencias diferenciadas que enfrentan mujeres y personas LGBTIQ+, tanto en contextos cotidianos como en el marco del conflicto armado.

Al final, la preocupación es qué puede pasar si Colombia empieza a interpretar estos conceptos de una manera más limitada. “Esto puede tener consecuencias sobre la manera en que Colombia reconoce internacionalmente la violencia basada en género, la discriminación contra las personas LGBTIQ+, el racismo estructural, las desigualdades múltiples y los derechos sexuales y reproductivos. La propia intervención deja claro que Colombia pretende que estos términos no creen nuevas obligaciones ni amplíen las ya asumidas por el Estado”, concluye la organización.

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Comentarios
  • Julio Roberto Arenas C.(3f359)•08 de octubre de 2026 – 02:40
    La Colombia multicolor, diversa y actual, el país real, pluriétnico y multicultural, saldrá a marchar decididamente para recuperar los derechos que le están siendo conculcados por el filipichín mentiroso y usurpador, elde la Nueva Inquisición. Y cada cráneo destripado, cada ojo reventado, cada muerto y cada herido… serán una fuerza invencible que se sumará iracunda a la protesta pacífica pero no silenciosa. Los tambores sonarán muy alto. Los derechos adquiridos se respetan, mentecato atrevido.
  • Felipe(dw15k)•07 de octubre de 2026 – 16:41
    Colombia no. El gobierno de Colombia, que no representa a la mitad de sus ciudadanos al menos.
  • John(ek2r0)•07 de octubre de 2026 – 15:31
    Parece que nos está gobernando un virrey, quien ordena y todos obedecen silenciosamente…
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