A través de una carta abierta dirigida al presidente Gustavo Petro, varias organizaciones sociales y el movimiento estudiantil de la Universidad Popular del Cesar (Unicesar) han pedido que se remueva a Juliana Andrea Guerrero Jiménez como delegada de la Presidencia ante el Consejo Superior Universitario. “Lejos de representar nuestras luchas, su presencia simboliza la continuidad de las prácticas que hemos combatido”, se lee en el documento.
El rechazo de los jóvenes se conoce tras la polémica generada por la postulación de Guerrero al cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. Cabe recordar que su hoja de vida se subió en dos ocasiones a la página de aspirantes de Presidencia. Mientras que la primera vez no presentaba un título profesional, la segunda vez aseguraba contar con el diploma de contadora de la Fundación de Educación Superior San José.
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En su momento, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, señaló que en 15 días, Guerrero pasó “de tener una hoja de vida sin pregrado a tener un ‘título profesional’”. La congresista, además, denunció que Guerrero no habría presentado el examen Saber Pro, uno de los requisitos legales para graduarse como profesional.
Por esa razón, el movimiento estudiantil de la Unicesar ha exigido que Guerrero sea apartada de la delegación de la Presidencia ante el Consejo Superior Universitario y que se designe a una persona “idónea, transparente, (...) que sea elegida por la base estudiantil, juvenil y social”. Para los jóvenes, el hecho de que el proceso académico de Guerrero se encuentre bajo investigación, genera dudas sobre su “credibilidad para ocupar un cargo de esta responsabilidad”.
Los estudiantes, en suma, calificaron como “inaceptable” que, en medio de sus esfuerzos por “erradicar la corrupción y dignificar la educación pública”, se mantenga como delegada a alguien “cuya situación no ha sido esclarecida y que presuntamente desconoce los principios éticos que deberían guiar a cualquier servidor público”.
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En la carta también cuestionan que Guerrero no haya asumido una postura clara frente a los señalamientos de corrupción en la administración del rector Rober Romero Ramírez, así como frente a la polémica por su posible reelección. Su falta de pronunciamiento, dicen, demuestra que no representa los intereses de la comunidad estudiantil ni de la educación pública.
Guerrero, agregan los jóvenes, no habría mostrado disposición para articular una agenda conjunta con el movimiento estudiantil, juvenil y social, con el fin de que la universidad se consolide como una institución al servicio de las comunidades y no de los clanes políticos del departamento.
También afirman que la Unicesar se enfrenta a dos panoramas preocupantes: la reelección del actual rector o la “imposición de una nueva cara que obedezca a los intereses de los clanes políticos. Ambas son opciones a las que nos oponemos rotundamente”.
De esa manera, el movimiento estudiantil hizo un llamado tanto al presidente Petro como al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, a “profundizar la Reforma a la Ley 30 de 1992 para que la elección de rector no quede en manos del CSU, sino a abrir el camino a una constituyente universitaria, construida con el movimiento estudiantil, en acompañamiento y articulación con los distintos estamentos de la universidad”.
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