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Un juzgado de Bogotá ordenó a la Fundación San José, en primera instancia, entregar en un plazo máximo de 48 horas la información académica y documental de Juliana Guerrero Jiménez, quien aspira a ser viceministra de Juventud del Ministerio de Igualdad y Equidad. La orden se da como respuesta a una petición radicada por la congresista Jennifer Pedraza el 29 de agosto, donde solicitó las evidencias de que la aspirante cursó los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública, “pues no existe registro de esos estudios en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)”, dijo Pedraza.
Entre los documentos e información que solicitó la congresista está la constancia de matrícula, fechas de ingreso, asignaturas cursadas, calificaciones obtenidas y fecha de finalización de los programas, copia de los diplomas y de las actas de grado. Además pidió a la Fundación que informe si a Guerrero le fue homologada alguna materia en alguno de los dos programas.
“Si bien la Fundación de Educación Superior San José es una institución privada, el derecho de petición sí es procedente en este caso, toda vez que las entidades privadas que prestan funciones de interés público o social, como la educación superior, se encuentran obligadas a responder las solicitudes de información relacionadas con dicho ámbito”, explicó la congresista en el derecho de petición.
Pedraza afirmó que la institución se había negado a dar respuesta y por esto, en su decisión, el juez Penal Municipal Trece “señaló que la respuesta entregada por la Fundación fue “evasiva y no satisface los presupuestos constitucionales del derecho de petición”, precisando que los títulos y actas de grado deben considerarse documentos públicos, especialmente cuando habilitan el ejercicio de una profesión”, se lee en el comunicado de la representante a la Cámara.
Este es el tercer fallo judicial que favorece a la representante Jennifer Pedraza en el caso de Juliana Guerrero. El primero ordenó al Icetex entregar información sobre si Guerrero había presentado la Prueba Saber Pro, y el segundo obligó a la Universidad Industrial de Santander (UIS) a remitir documentación sobre un contrato suscrito con el Ministerio del Interior, en el que también habría participado la aspirante a viceministra.
La controversia en torno a este caso se remonta a comienzos de septiembre, luego de que la Presidencia publicara por segunda vez la hoja de vida de Guerrero para el cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad, esta vez con un estudio de pregrado que no se registró en la primera ocasión. Este ajuste provocó una serie de denuncias.
En ese momento, Pedraza denunció públicamente que Guerrero no habría presentado el examen Saber Pro, requisito legal para obtener un título profesional. A finales de septiembre, la Fundación San José anunció que anulaba el título de contadora de Guerrero.
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