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El Ministerio de Educación Nacional anunció en las última horas dos nuevas decisiones sobre la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), que desde octubre de 2023 está bajo un proceso de vigilancia especial debido a problemas en su funcionamiento.
Por un lado, el Ministerio prorrogó por un año más el reemplazo del rector y representante legal, Luis Alfredo Giraldo Álvarez, quien permanecerá en el cargo hasta septiembre de 2026. La medida busca dar continuidad al plan de mejoramiento y a la administración a través de una fiducia, mientras la institución supera las dificultades que llevaron a la intervención.
Además, la cartera educativa ordenó el reemplazo temporal de tres miembros del Consejo Superior Universitario cuyos periodos ya estaban vencidos desde septiembre de 2024: el representante de los docentes, el de los egresados y la de los estudiantes. Según el Ministerio, su permanencia en los cargos no solo afectaba la participación democrática dentro de la universidad, sino que también frenaba la aplicación de las medidas adoptadas para superar la crisis. (Puede ver: No he pensado en renunciar: Múnera tras fallo del Consejo de Estado)
Estas decisiones, explicó la entidad, tienen como fin garantizar el derecho a la educación de más de 8.000 estudiantes de la UTCH y reactivar el proceso de elección de nuevos representantes legítimos de los distintos estamentos universitarios.
El nuevo Consejo Superior deberá enfocarse en elegir representantes con periodos vigentes, aplicar el plan de mejoramiento y estabilizar el ambiente institucional. El Ministerio aclaró que estas medidas respetan la autonomía universitaria, pero recordó que esta tiene límites definidos por la Constitución y la ley. La vigilancia continuará con presencia de una inspectora en la universidad, y podrá levantarse o ampliarse según los avances que logre la institución.
Hay que recordar que a mediados de julio pasado, la Contraloría reveló hallazgos que suman presuntas irregularidades por cerca de $8.000 millones. Según el ente de control, la UTCH perdió más de $7.000 millones de la estampilla Pro UTCH por no cobrar a tiempo los recursos retenidos por entidades como la Gobernación del Chocó y el Hospital San Francisco de Asís.
También se detectaron pagos sin soportes en contratos por $480 millones, problemas en la legalización de viáticos por $380 millones y sanciones por mora que costaron $11 millones adicionales. En total, la auditoría identificó 21 hallazgos: seis con posible impacto fiscal, 14 disciplinarios y cuatro con posible incidencia penal.
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